George Rodríguez / Foto – Jesús Sánchez
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense refutaron hoy lo planteado por el gobierno de Nicaragua en el informe que presentó para su tercer Examen Periódico Universal (EPU) en materia de derechos humanos.
El informe del régimen presidido por Daniel Ortega, no se ciñó a la metodología establecida para la elaboración de los documentos que son analizados en el marco del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, indicaron representantes de esas organizaciones, en conferencia de prensa llevada a cabo en San José, la capital costarricense.
Además, al persistir en el discurso de que la violenta crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, golpea al país centroamericano, obedeció a un frustrado intento golpista, y al presentar una falsa proyección de normalidad recuperada, el gobierno procuró salvar su imagen, de acuerdo con lo que plantearon, durante la presentación de un análisis del informe gubernamental presentado en el 42 Período de Sesiones del CDH, que se lleva a cabo en la ciudad suiza de Ginebra, sede del organismo internacional.
Más que en hechos apegados a la realidad, el informe gubernamental “está dividido en 26 apartados, de los cuales 23 se refieren a aspectos de contenido”, señalaron las casi veinte organizaciones reunidas en la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local) y la Alianza Global de Sociedad Civil (Civicus 1), que este año establecieron el Mecanismo de Seguimiento de Organizaciones de Sociedad Civil de Nicaragua al Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU).
Luego de una introducción general y de asegurar que, en la elaboración del informe, se aplicó rigor metodológico, el gobierno “hace una argumentación que criminaliza a los ciudadanos que desde abril de 2018 iniciaron un ciclo de protestas y manifestaciones cívicas en el país”, indicaron los denunciantes, en el análisis de 19 páginas que emitieron hoy.
En ese sentido, indicaron que el régimen “también justifica las acciones de represión y violencia con las que el gobierno respondió a esas protestas, a pesar de que diversos informes de organismos hemisféricos y del sistema de Naciones Unidas han determinado la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
En cuanto a la metodología para el documento gubernamental, en el análisis de las organizaciones de sociedad civil se indicó que “el informe del Estado de Nicaragua no ha cumplido de manera amplia con el proceso de consulta, al no haber integrado, por ejemplo, a las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos en Nicaragua, notándose un proceso parcializado, incluyendo solo a algunos sectores sociales en el país”.
Asimismo, “en el informe del Estado de Nicaragua, no se observa que se ha establecido procesos de verificación ni de evaluación que permitan conocerla evolución en la implementación de acciones para garantizar los Derechos Humanos en el país”, agregaron las organizaciones.
En ese sentido, señalaron que, resultado de este período de revisión (2017-2021), el gobierno recibió 259 recomendaciones, de las cuales rechazó 124, y aceptó 135.
En el primer caso, para 100 de esas recomendaciones, la argumentación oficial señaló que carecen de fundamento y distorsionan la realidad, mientras que en el segundo, se trató, principalmente, de expresiones de apoyo, de parte de gobiernos, integrantes del CDH, aliados al de Nicaragua, referidas lo que definieron como logros de la administración de Ortega en materia social.
El análisis de las organizaciones fue dado a conocer algo más de dos semanas después de que, al abordar la dramática situación nicaragüense, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, indicó que, si bien son una constante, en el marco de la crisis, las violaciones a los derechos humanos registran, desde febrero de este año, una baja, aunque persisten las prácticas de tortura y asesinato de opositores al gobierno.
“Resulta sin embargo preocupante que, en el momento de finalizar el informe, mi Oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019”, precisó, Bachelet, en su intervención del 10 de setiembre, en el consejo.
La funcionaria aludió así al norteño departamento de Jinotega, que contiene un tramo de la frontera terrestre, de 922 kilómetros, que ambos países comparten.
“En al menos tres casos -dos de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras-, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, puntualizó, para agregar que “insto a las autoridades a que investiguen de manera urgente estos crímenes, y sancionen a los responsables”.
La comisionada denunció, asimismo, el hecho de que los presos políticos –incluidos participantes en manifestaciones opositoras- son sometidos a violaciones a su integridad.
“Los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes”, aunque, “según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio de 2019, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención”, indicó Bachelet, la socialista ex presidenta de Chile (2006-2010, 2014-2018), quien fue presa política de la dictadura militar que gobernó, de 1973 a 1990, al andino país sudamericano.
No obstante lo indicado por la comisionada, son permanentes las denuncias formuladas por presos políticos y familiares de reclusos, lo mismo que por organizaciones de derechos humanos, en el sentido de que los presos políticos son sometidos a tortura particularmente cruel, además de que se los mantiene en pésimas condiciones.
Dos días después, en su más reciente informe, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), denunció que más de seiscientas personas han fallecido y casi cinco mil han resultado heridas en el marco de la violenta crisis estallada hace algo más de 17 meses en el país centroamericano.
Asimismo, de los más de mil de secuestrados por efectivos policiales y paramilitares, unos 800 permanecen desaparecidos, agregó la Anpdh, en su “Informe Anual. Junio 2018-Junio 2019”, dado a conocer el 12 de setiembre, en redes sociales, por su representación en el exilio, en San José, la capital costarricense, donde actualmente funciona la asociación.
“Durante el período comprendido entre abril de 2018 y junio 2019 al menos 605 ciudadanos nicaragüenses fallecieron en el contexto de las protestas, 4,759 personas resultaron heridas”, indicó, en el documento de 16 páginas, que contiene datos que cubren desde abril del año pasado, cuando estalló la dramática situación de ese país.
Además, “de las 1,256 personas secuestradas por grupos paramilitares y la Policía Nacional 423 fueron procesados ilegalmente, 1 falleció en el sistema penitenciario y 832 personas continúan todavía desaparecidas”, precisó.
Al desglosar las más de dos mil denuncias recibidas por la Anpdh, alrededor de mil corresponden a hombres, casi 800 a mujeres, y más de un centenar a menores, de acuerdo con los datos incluidos en el rubro “ANALISÍS DE LOS PRINCIPALES DERECHOS VIOLENTADOS EN EL AÑO 2018”.
El EPU desarrollado este mes, respecto a Nicaragua, es el tercero realizado en el caso del país centroamericano, habiéndose cumplido, los dos anteriores, respectivamente, para los períodos 2008-2011 y 2012-2016, mientras que el actual cubre el período 2017-2021.
El examen es un mecanismo del CDH –establecido en 2007- para examinar la situación de los derechos humanos en los 193 países integrantes de Naciones Unidas, y cada caso es analizado por las demás naciones, las que formulan recomendaciones que no son de acatamiento obligatorio.
Organizaciones opositoras y de defensa de los derechos humanos han denunciado que, desde el 18 de abril del año pasado, efectivos policiales y paramilitares, usando armas de guerra, llevan a cabo acciones represivas conjuntas que han cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, además de estar dañando, en gran proporción, a la economía nacional.
La dramática situación también ha generado el éxodo, hasta ahora, de unos 75 mil nicaragüenses, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de 20 mil personas han solicitado, formalmente, refugio-.
