George Rodríguez / Foto – Archivo
El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es una dictadura, no militar sino militarizada, que, para mantenerse en el poder, se apoya en la represión -lo mismo masiva que selectiva-, de acuerdo con la línea de análisis que sigue el mayor retirado nicaragüense Roberto Samcam, para explicar el dramático cuadro de situación que presenta el país centroamericano.
A causa de ello, el gobierno orteguista, cuyo autoritarismo presenta constante aumento, depende, en medida también creciente, de estructuras militares, así como paramilitares, para conservar el control, según lo planteado por Samcam, en extenso diálogo con Informativo JBS.
“En la etapa actual, hemos venido viendo un mayor incremento del autoritarismo y del militarismo, por lo que podemos caracterizar, en estos momentos, a la dictadura, como una dictadura militarizada”, planteó.
“Es decir, no hay una dictadura que se pueda considerar militar, por lo que es un civil el que está al frente del gobierno, aunque tenga el rango de comandante”, y aunque sea ese comandante quien “está controlando todos los poderes –judicial, legislativo, electoral-, y las fuerzas armadas”, indicó el experto en materia de fuerzas de seguridad.
“Esta caracterización nos lleva a definir los roles que está jugando cada una de las estructuras sobre las que se sostiene”, agregó.
Samcam señaló, al describir los diferentes sectores armados que apoyan al gobierno, que constituyen una estructura que tiene cobertura nacional, con particularidades de represión e intimidación propias de las áreas del país en las que actúan –zonas rurales, ciudades y comunidades, la capital-.
“En el campo, por ejemplo, hay una represión generalizada, y una política de extermino, que es la continuidad de esta política de Estado, que iniciaron en el 2007, cuando llegó, Ortega, al poder, y enunció que no iba a haber ninguna vuelta a grupos armados, o ninguna vuelta a inestabilidad provocada por grupos armados”, comenzó a explicar.
Samcam aludió, así, al año en el cual Ortega inició sus más recientes y sucesivos períodos presidenciales (2007-2012, 2012-2017, 2017-2022) –luego de haber encabezado la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1985), y haber ejercido la presidencia (1985-1990) durante el gobierno revolucionario (1979-1990)-.
“Esa fue la orden que recibió el ejército, para desarrollar una política de exterminio de todos los grupos armados, con motivaciones políticas, y lo primero que hicieron fue negar la existencia de dichos grupos”, situación que “se mantiene, al día de hoy”, aunque “hay un proceso, todavía mucho más acelerado, de exterminio”, denunció.
En las áreas urbanas, a nivel departamental (provincial) y capitalino, los contingentes de seguridad desplazados son de naturaleza policial y paramilitar, actuando conjuntamente, precisó, a continuación.
“Al interior del país –estoy hablando de los departamentos (provincias), de los municipios que están en la zona del Pacífico, sobre todo, y, en los cascos urbanos del centro de Nicaragua, centro-norte: Matagalpa, Estelí, Jinotega, Juigalpa-, hay una profundización de la represión, con la policía y los paramilitares”, dijo.
Los segundos, que fueron inicialmente constituidos como Batallones de la Paz, por el gobierno -específicamente por la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa de Ortega-, son, ahora, parte de la estructura política del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya que fueron asimilados a la Juventud Sandinista, expresó, para aclarar que, no obstante pertenecer actualmente a un sector civil, mantienen las armas.
“Los paramilitares que se han venido organizado en los famosos Batallones de la Paz (…) Rosario Murillo mandó a que dejaran de organizarse, como Batallones de la Paz, y se incorporaran a las estructuras partidarias que son controladas por la Juventud Sandinista”, porque “Rosario Murillo no quiere que, estos grupos de paramilitares –que fueron los que tuvieron la mayor cuota de responsabilidad en las ‘operaciones limpieza’-, se salgan de su control”, aseguró.
Las “operaciones limpieza” a las que Samcam hizo alusión, fueron acciones que efectivos policiales y paramilitares llevaron a cabo, a nivel nacional, para remover los “tranques” y las barricadas erigidos por numerosas comunidades, para obstruir las operaciones represivas, en la etapa inicial de la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril del año pasado en Nicaragua.
Los “tranques” –construidos con diferentes objetos pesados- fueron ubicados en diversos puntos de las principales carreteras de la red vial nacional, mientras las barricadas fueron estructuradas, principalmente con adoquines removidos de calles, en numerosos barrios de Managua –la capital del país- y otras ciudades –tal como ocurrió durante la lucha del entonces guerrillero FSLN, que derrocó, en 1979, al régimen dictatorial que mantuvo, durante cuatro décadas, a la familia Somoza en el Poder -.
Los primeros jefes de los grupos paramilitares comenzaron, el año pasado, a organizar esas estructuras irregulares en zonas tales como el occidental departamento de Carazo, y la ciudad portuaria caribeña de Bluefields –en la oriental Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), la antigua Región Autónoma Atlántica Sur (RAAS)-.
“Estaban en proceso de organización en otros departamentos del norte de Nicaragua-, pero como una estructura paralela, y eso es lo que quiere evitar, Rosario Murillo, y, entonces, dice: ‘no, no existen más como Batallones de la Paz, como estructuras paralelas, sino que se incorporan a las estructuras partidarias’, porque ella es la que tiene el control de todo el aparato político”, indicó Samcam.
En la capital, la situación es algo diferente, porque, “en Managua, hay un virtual estado de sitio”, que, “cada día, se va asemejando a un Estado nazi-fascista”, precisó.
El mayor retirado planteó, así, una similitud entre el actual gobierno nicaragüense, y los ultraderechistas regímenes dictatoriales que gobernaron, respectivamente, a Alemania y a Italia, en el período de la Segunda Guerra Mundial (1936-1945).
En Alemania, se trató de la ideología nacionalsocialista –Nationalsozialistische, más conocida como nazi, su versión abreviada-, impuesta durante el régimen (1933-1945) totalitario de Adolf Hitler, mientras que en Italia, en el marco del régimen (1943-1945) también totalitario de Benito Mussolini, fue impuesta la ideología fascista, expresión derivada de la palabra italiana fascio –que significa haz-, a su vez originada en el latín fascis –que describe al conjunto de treinta varas, o haces, unidos por una cinta roja de cuero entre las que aparece un hacha, lo cual fue símbolo de gobernantes del imperio romano-.
Samcam indicó, al mantener el símil, que, “en Managua, nosotros observamos, claramente, algunas características que nos evocan a la SS de Himler: tipos uniformados, de negro, con perros policías pastor alemán, entrenados, intimidando, restringiendo la circulación, registrando, etcétera” -en alusión a Heinrich Himler, quien fue el reichsführer (“líder imperial”) de las Schutzstaffel (Escuadras de Protección, SS), una de las principales estructuras represivas del régimen hitleriano-.
“Es decir, en Managua, casi todos los fines de semana, vemos un estado de sitio, que da todas las características de ese nazi-fascismo que se vivió, y que tenía, en su vértice, a las tropas SS de Himler”, reafirmó, para agregar que “esa es la característica que nosotros podemos ver, y de cómo se están jugando los roles”, en materia de seguridad y represión en la capital.
Samcam precisó, además, que la estructura represiva que sustenta al gobierno de Ortega, consiste en un aparato de seguridad integrado por fuerza policiales y paramilitares nicaragüenses, y efectivos cubanos de contingentes militares de élite.
“Tenemos, en primer lugar, a la Policía Nacional (…) que –con todas las deserciones que hubieron, a partir de la crisis de abril, heridos, traumatizados por toda la ola de crímenes desatada, etcétera, etcétera- podemos ubicarlas en unos 12 mil efectivos”, indicó.
A ese conjunto, se han sumado, los pasados meses, “los presos comunes que han liberado, y que han sido comprometidos, por el régimen, para fortalecer a la Policía Nacional”, en el marco de un “intercambio de favores: ‘ok, te doy la amnistía como preso común, que (…) acusado por crímenes, acusado por violación, acusado por robo, etcétera, etcétera, tenías cárcel para cinco años, 10 años, 15 años, te saco, pero me vas a cumplir, un determinado tiempo’, que, según lo que me informan, es hasta finalizadas las elecciones”, planteó.
Los próximos comicios nicaragüenses están programados para noviembre de 2021.
“O sea, dos años que tienen que cumplir una especie de ‘servicio militar-policial’, integrándose a la policía”, explicó, para señalar que “estamos hablando de cerca de nueve mil presos comunes, que han estado saliendo, e integrándolos a la policía”, lo que estaría elevando a 21 mil el total de efectivos de esa fuerza de seguridad.
“Luego, está lo que son los paramilitares, a nivel nacional (…) ahora, integrados a las estructuras partidarias, que podemos ubicarlos entre ocho y 10 mil efectivos armaos, en todos los departamentos, municipios, etcétera”, y “son los que tienen, a su cargo, en el interior del país, el control social, un control social armado”, que consiste en acciones de vigilancia y delación, entre otras, agregó.
“Esto es un esquema cubano (…) el esquema de represión, el esquema de chivateo (vigilancia), el esquema del control, lo que se conoce como el control social, es decir, quién está a favor, quién está en contra del régimen, quién sale a marchas, quién sale a protestar, quién hace pintas”, señaló.
“Luego, tenemos –y es la parte más interesante de eso- quince mil cubanos, en Nicaragua, de los cuales muy pocos conocen la existencia”, reveló Samcam, y aseguró que “muchos de ellos participaron en las ‘operaciones limpieza’ (…) que eran la gente de las tropas especiales –los Avispas, etcétera, etcétera-, que se regresó, cumplieron el propósito de desmantelamiento de los tranques”.
Sin embargo, a partir de marzo, “ha venido un flujo de cubanos, para apoyar, directamente, al régimen”, indicó el mayor retirado, quien informó, asimismo, que, “en promedio, han estado llegando, o llegaron, a partir de marzo, en vuelos, cerca de 300 diarios”, y precisó que, con el propósito de que su desplazamiento, hacia Nicaragua, no sea notorio, “han llegado a través de vuelos civiles”.
A los efectivos policiales –incluidos los presos asimilados a esa fuerza-, paramilitares, y cubanos, se suman alrededor de 17 mil tropas del ejército –incluidas la fuerza aérea y la marina-, agregó.
“Entonces, estamos hablando de, aproximadamente, de 63 mil individuos armados, para controlar el país, y que es lo que estamos viendo a nivel nacional”, reflexionó.
Respecto al contingente cubano, señaló que sus integrantes están desplazados por todo el país.
“Están patrullando el campo, con el ejército, están apoyando, a la policía, en todos los municipios”, y “hay lugares, donde han construido barracas nuevas, para que estén, ellos, ahí”, relató.
“Y otro grupo está en El Carmen”, reveló, en referencia al distrito capitalino donde reside Ortega.
“Es decir, ya, Ortega, ya no confía en la policía, ya no confía en el ejército, entonces, tiene un buen grupo de cubanos, ahí, a cargo de todo el resguardo, de él, de las instalaciones, en un mecanismo idéntico al venezolano”, reflexionó.
El mayor retirado aludió a la denunciada similar presencia de efectivos de seguridad cubanos en Venezuela, para apoyar al cuestionado presidente de ese país, Nicolás Maduro, en el marco de la crisis humanitaria, política, y de seguridad que hace cuatro años afecta al caribeño país sudamericano.
“Es decir, tanto Maduro como Ortega, dependen, exclusivamente, de Raúl Castro, de los cubanos, y, en esas condiciones, Raúl tiene dos pasos delante de lo que vayan a hacer en Venezuela y en Nicaragua”, planteó, a manera de análisis, y en referencia al ex jefe (1959-2008) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), ex presidente (2006-2018) del isleño país caribeño, y actual primer secretario (desde 2011) del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
“Es decir, él está mucho mejor informado, de las acciones que vayan a ocurrir, en Nicaragua y en Venezuela, antes que otros lo sepan, y le permite prepararse con tiempo”, siguió reflexionando, y destacó que, de ese modo, en el caso de Nicaragua, “la inteligencia está en manos de él, el control, incluso, del movimiento de Ortega, de Rosario, y de la familia de ellos, está en manos de los cubanos”.
“Es un mecanismo, perverso, de control que te dice ‘te doy seguridad’, vos te confiás, pero, lo que te están manteniendo es con la soga en el cuello, y (están) controlando tus movimientos, y evitando de que vayás a hacer algo que vaya a perjudicar, en el corto, el mediano plazo, a los cubanos”, agregó, a continuación.
De modo que, si algo así ocurriese, “ya lo saben, ellos (los cubanos), antes que lo sepan Estadios Unidos, que lo sepan, incluso, la misma gente del círculo cercano tanto a Maduro como a Ortega”, advirtió.
Al informar sobre la violenta crisis sociopolítica que afecta, hace más de 17 meses golpea al país centroamericano, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) indicó, en su más reciente informe con datos actualizados, que más de seiscientas personas han fallecido y casi cinco mil han resultado heridas en el marco de la situación de violencia antiopositora.
Asimismo, de los más de mil de secuestrados por efectivos policiales y paramilitares, unos 800 permanecen desaparecidos, agregó la Anpdh, en su “Informe Anual. Junio 2018-Junio 2019”, dado a conocer el 12 de setiembre, en redes sociales, por su representación en el exilio, en San José, la capital costarricense, donde actualmente funciona la asociación.
“Durante el período comprendido entre abril de 2018 y junio 2019 al menos 605 ciudadanos nicaragüenses fallecieron en el contexto de las protestas, 4,759 personas resultaron heridas”, indicó, en el documento de 16 páginas, que contiene datos que cubren desde abril del año pasado, cuando estalló la violenta situación en el país centroamericano.
Además, “de las 1,256 personas secuestradas por grupos paramilitares y la Policía Nacional 423 fueron procesados ilegalmente, 1 falleció en el sistema penitenciario y 832 personas continúan todavía desaparecidas”, precisó.
