Cartago, 6 de mayo de 2025 – El Ministerio de Salud de Costa Rica respondió a una consulta presentada por este medio respecto a las condiciones críticas de infraestructura en Calle Rincón, distrito de Paraíso, señalando que “no corresponde al Ministerio de Salud realizar órdenes sanitarias, acciones, seguimiento ni supervisar a otras instituciones estatales en materia de seguridad vial”.
La respuesta, enviada por la Oficina de Prensa el 5 de mayo de 2025, indica que el problema denunciado —relacionado con baches, falta de señalización, inexistencia de aceras accesibles y deficiencias en el sistema pluvial— es competencia de otras entidades. Según el comunicado, la municipalidad de Paraíso ya realizó mejoras como la colocación de una nueva capa asfáltica y ciertas obras pluviales en marzo pasado, y es a estas instancias a quienes corresponde dar seguimiento.
Esta respuesta se dio tras una carta enviada por este periodista el 12 de abril, en la que se apelaba a múltiples normas nacionales —como la Ley General de Salud, la Ley 7600 y la Ley 9976— que establecen obligaciones del Ministerio en la protección de la salud pública, la accesibilidad y la seguridad física de los ciudadanos. En la solicitud se mencionaba específicamente que el deterioro de Calle Rincón representa no solo un riesgo vial, sino también una amenaza directa a la integridad física y la salud de las personas, especialmente de aquellas con discapacidad o movilidad reducida.
Vacío institucional y normativa sanitaria
El artículo 103 del Reglamento de la Ley 7600 establece que el Ministerio de Salud debe fiscalizar y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con la accesibilidad del entorno urbano. Adicionalmente, el artículo 4 inciso b) de la Ley 9976 señala que la protección a la vida mediante infraestructura accesible es un principio fundamental. Sin embargo, la respuesta ministerial no menciona estas disposiciones, limitándose a señalar la competencia exclusiva de otras instituciones.
La respuesta oficial ha generado inquietudes sobre el cumplimiento interinstitucional de los marcos normativos que protegen el derecho a la salud, la movilidad segura y la accesibilidad universal. En particular, la falta de una acción articulada entre el Ministerio de Salud y entidades como el MOPT o las municipalidades podría derivar en una omisión estatal frente a situaciones que ponen en riesgo a comunidades enteras.
¿Quién protege realmente la salud pública?
La negativa del Ministerio a asumir algún tipo de intervención, al menos en forma de coordinación o recomendación sanitaria, abre interrogantes sobre la aplicación efectiva de la legislación en contextos reales donde la infraestructura deficiente se convierte en una amenaza cotidiana para los ciudadanos.
La población de Calle Rincón aún espera acciones concretas que garanticen no solo calles sin baches, sino entornos seguros, accesibles y saludables, como lo dictan los principios constitucionales y legales del país. Mientras tanto, los vecinos seguirán transitando por aceras inexistentes y calles peligrosas, con la esperanza de que alguna institución asuma la responsabilidad que todas parecen evadir.
