El pasado 29 de agosto, Costa Rica fue testigo de una serie de movilizaciones regionales que resonaron en todo el país, con un objetivo claro: la defensa de la educación pública y la agenda social. Organizadas en respuesta a la crisis educativa que atraviesa el país, estas manifestaciones reunieron a comunidades, estudiantes, y diversos sectores sociales en un esfuerzo conjunto por asegurar un futuro más equitativo y próspero para todos.
Una lucha por la educación y el progreso social
Las movilizaciones se llevaron a cabo en diferentes regiones del país, incluyendo el Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Brunca y el Pacífico. Estas acciones, de carácter pacífico, propositivo, cultural y artístico, buscaron llevar un mensaje claro a la ciudadanía y a las autoridades: la educación es un pilar fundamental del desarrollo social y económico del país, debe ser protegida y fortalecida.
El rector de la Universidad Nacional, Francisco González, destacó la importancia de levantar la voz en defensa de la educación pública en todos sus niveles. Esta defensa no es solo una cuestión del presente, sino que tiene implicaciones a mediano y largo plazo, afectando directamente el futuro de Costa Rica.
Un llamado a la unidad nacional
Las organizaciones y liderazgos que participaron en estas manifestaciones subrayaron que la crisis educativa es solo una parte de una crisis más amplia que afecta a múltiples sectores en Costa Rica, incluyendo la salud, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana , los derechos humanos y laborales. Ante esta realidad, hicieron un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente , solidaria los desafíos que afectan a miles de familias, estudiantes y trabajadores en todo el país.
El Pacto Nacional por la Educación Pública
Estas movilizaciones también forman parte de la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública, presentada el 20 de junio de 2023. Este pacto tiene como objetivo no solo mejorar las condiciones de las aulas, sino también promover una transformación social y tributaria justa que garantice una educación pública de calidad para todos los costarricenses.
En el contexto actual, en el que la Asamblea Legislativa discute el presupuesto para la educación, las organizaciones participantes reiteraron la importancia de asegurar el 8% del PIB para la educación, tal como lo establece la Constitución Política. Además, se enfatizó la necesidad de crear espacios de diálogo donde todos los sectores de la sociedad, incluyendo familias y estudiantes, puedan participar en las decisiones que afectan a la educación pública.
Conclusión
La jornada del 29 de agosto fue un claro reflejo del compromiso, la determinación de la sociedad costarricense por proteger y fortalecer su sistema educativo. Estas acciones regionales son solo el comienzo de una serie de manifestaciones que buscan asegurar que la educación pública en Costa Rica reciba el apoyo y la inversión necesarios para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. La defensa de la educación es, en última instancia, la defensa del bienestar social y el progreso de todo el país.
