La despenalización de la marihuana en Costa Rica ha enfrentado múltiples intentos de avance, pero hasta ahora, todos han quedado en el camino debido a trabas legales y compromisos internacionales.
Desde la propuesta del presidente Rodrigo Chaves en sus primeros 100 días de gobierno hasta la iniciativa del diputado Ariel Robles del Frente Amplio, que abogaba por el autocultivo, han surgido diversos esfuerzos por modificar la legislación sobre el cannabis. Sin embargo, estas iniciativas han sido frenadas por tratados internacionales y principios constitucionales que establecen la prevalencia del derecho internacional sobre las leyes nacionales.
El informe de la Procuraduría General de la República, PGR-OJ-070-2025, advierte que los tratados internacionales permiten el uso del cannabis con fines médicos y científicos, pero restringen su producción y consumo recreativo. Entre estos instrumentos destacan la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Estas normativas limitan la aplicación del cannabis más allá de usos médicos y científicos estrictamente controlados.
Además, la legislación costarricense sigue considerando la producción y distribución de marihuana como delitos, aunque el consumo no está penalizado. La Ley 10113, aprobada en 2022, permitió el uso medicinal del cannabis y la explotación industrial del cáñamo, pero la Ley 8204 mantiene sanciones sobre su comercialización.
Este panorama refleja el dilema entre avances científicos y derechos individuales. Si bien se han reconocido los beneficios terapéuticos de la marihuana, los acuerdos internacionales continúan siendo un obstáculo para una despenalización más amplia. En un contexto donde el autocultivo sigue siendo una propuesta debatida, el país enfrenta el reto de equilibrar compromisos internacionales con la demanda de una regulación más flexible.
