En un acto de repudio y solidaridad, la Federación Colombiana de Municipios ha rechazado enérgicamente el reciente asesinato de Alejandra Guatapi Franco, Directora del Departamento Administrativo de Movilidad de Tuluá, y de Katherine Toro, otra funcionaria municipal.
Ambas mujeres perdieron la vida trágicamente mientras se desplazaban por el barrio Palo Bonito de la ciudad tulueña.
Ante esta lamentable noticia, Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de Fedemunicipios, expresó su solidaridad con el Alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, los demás funcionarios de la Alcaldía y el Departamento Administrativo de Movilidad, así como con los familiares de las víctimas.
Toro Giraldo describió el atentado sicarial como un acto vil que arrebató la vida de estas dos jóvenes mujeres mientras cumplían con sus responsabilidades laborales.
Toro Giraldo también resaltó la importancia de proteger a los secretarios ya todos los funcionarios encargados de controlar el tránsito en los municipios del país. Afirmó que su labor es fundamental para mejorar la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad en Colombia, y no se convirtieron en blancos de la violencia que amenaza sus vidas.
El Alcalde de Mosquera, Gian Carlo Gerometta, quien además es el Presidente de Fedemunicipios, se sumó al rechazo de estos actos violentos y solicitó al gobierno nacional ya los órganos de seguridad del país que brinden protección adecuada a los funcionarios locales. Gerometta resaltó el creciente aumento de los ataques tanto a las instalaciones gubernamentales como a los empleados de los gobiernos locales en los últimos días.
En este sentido, la Federación Colombiana de Municipios reafirmó su rechazo a los hechos ocurridos en Tuluá y envió un mensaje de condolencia a los familiares de Alejandra y Katherine.
Haciendo un llamado a la acción, la federación exigió al gobierno, a las autoridades competentes que tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de los servidores públicos locales en todo el país.
El asesinato de estas dos funcionarias en Tuluá es un triste recordatorio de los desafíos que enfrentan aquellos que trabajan incansablemente para el beneficio de sus comunidades.
La sociedad colombiana debe unirse en la condena de la violencia y en la defensa de aquellos que dedican sus vidas al servicio público.
Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá construir un entorno seguro y pacífico para todos los colombianos.16
