Por/Lázaro Nicaragua
En Nicaragua los Escuadrones de la Muerte tienen licencia para asesinar al pueblo con el respaldo del terrorismo de Estado. Los crímenes cometidos por el sandinismo contra sus adversarios políticos son incontables, han sido ejecuciones sumarias previamente planeadas, la estala de dolor, sufrimiento y muerte sigue creciendo. Sin embargo, la impunidad que los genocidas han gozado por décadas está comenzando a terminar, los familiares de las victimas la sociedad civil como organismos de derechos humanos internacionales están reclamando la aplicación de justicia para los asesinos del pueblo de Nicaragua.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, la comisión comprobada por este delito recibe una condena de 30 años de cárcel según reza el Código Procesal Penal de Nicaragua, una ley que no se cumple para los sandinistas que sin misericordia violentan los derechos humanos de todo un pueblo que hace uso de su derecho de reclamo de justicia y libertad.

¿Pero cuál sería el desenlace para un presunto desertor del aparato militar opresor que radica en el extranjero?
El caso del exmilitar Jaime Carrasco Varela podría causar un precedente por ser el primer sandinista en enfrentar la justicia internacional si se le comprueba su involucramiento en crímenes de lesa humanidad en los años 80, las autoridades de migración de Canadá podrían deportar o procesar a Carrasco Varela en los próximos días.
El exmilitar según él, solo se desempeñó como carcelero de las ergástulas sandinistas en las temibles e inhumanas cárceles de tortura del Chipote, una división que pertenecía a la Dirección de Operaciones de la tenebrosa Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, lo que hoy se conoce como Dirección de Información para la Defensa DID.
El exoficial del Ministerio del Interior justifica su involucramiento con el sandinismo por temor a represalias, los familiares de Carrasco no esconden su temor que de ser deportado a suelo nicaragüense podría ser acusado y ejecutado por traición por sus antiguos compañeros de armas.
Un documento oficial del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá dice que Carrasco Varela fue un participante activo y voluntario en el combate contra los guerrilleros antisandinistas conocidos como Contras, además que sus actividades incluían la comisión de atrocidades contra personas bajo su custodia como la matanza de campesinos en las montañas y la ejecución de cuatro prisioneros responsable del secuestro de un agregado militar soviético en Nicaragua. Por Tanto; Carrasco fue determinado por los representantes de esta institución como una persona descrita en la sección 35(1) (a) de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados Ley, SC 2001, c. 27, (IRPA), con fuertes posibilidades de haber participado en el sistemático ataque contra los derechos humanos más fundamentales, y como tal es un hecho inadmisible en Canadá y se ordena su deportación.







