HONDURAS. Una mesa técnica conformada por diversas instituciones del Estado hondureño revisa los expedientes de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, trastornos mentales o que ya cumplieron sus condenas, con el propósito de determinar las medidas legales y humanitarias que correspondan en cada caso.
La información fue dada a conocer por el subsecretario de Gobernación y Justicia, Nazir López, quien explicó que el análisis busca identificar las condiciones jurídicas, médicas y sociales de los internos que permanecen en los diferentes centros penitenciarios del país.
Casos bajo evaluación
Entre los expedientes que están siendo evaluados figuran personas con enfermedades terminales, pacientes con VIH que requieren tratamientos antirretrovirales permanentes y privados de libertad con trastornos mentales que necesitan atención médica especializada. Las autoridades indicaron que uno de los principales objetivos es garantizar la continuidad de estos tratamientos mientras se resuelve la situación legal de cada persona.
Revisión jurídica y acompañamiento familiar
Como parte del proceso, la mesa técnica elaborará un inventario de los casos revisados para presentarlo ante las autoridades judiciales, con el fin de que se valoren las alternativas previstas en la legislación vigente para cada situación particular.
Asimismo, el Gobierno informó que brindará acompañamiento a las familias de aquellos privados de libertad que eventualmente puedan acceder a beneficios legales o recuperar su libertad, procurando facilitar su proceso de reintegración a la sociedad.
Rehabilitación y reinserción social
El subsecretario López señaló que esta revisión forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el sistema penitenciario hondureño mediante programas de rehabilitación y reinserción social que reduzcan la reincidencia delictiva.
Dentro de esas iniciativas también se estudia la posibilidad de convertir algunos centros penales en espacios autosostenibles mediante proyectos productivos desarrollados por las personas privadas de libertad, con el objetivo de contribuir al funcionamiento del sistema penitenciario y favorecer procesos de reparación hacia las víctimas.
Las autoridades indicaron que la mesa técnica continuará revisando los expedientes para identificar los casos que requieren atención prioritaria y coordinar, junto con el Poder Judicial, las acciones que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos y una adecuada atención a las personas privadas de libertad en condición de mayor vulnerabilidad.
