Severamente herida por los resultados de la más reciente votación presidencial, la corrupta clase política tradicional guatemalteca reactivó el histórico mecanismo de reacción para neutralizar riesgos: el golpe de Estado.
Habiéndose sofisticado -aunque no mucho- en la administración de crisis, en lugar de movilizar tropas -después de todo, los militares no apoyaron, en 1993, el serranazo-, los llamados “poderes fácticos” están usando, en este caso, como la principal fuerza de su presente acción golpista, al Ministerio Público.
Sus comandantes visibles son la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y jefa del MP, Consuelo Porras, y el encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche -popularmente bautizado “Corrupchiche”, en manifestaciones de protesta-.
Ambos han actuado con el apoyo logístico de dos serviles subalternos: el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, y Shirley Rivera, diputada por el gobernante y derechista partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), además de actual presidenta de la Junta Directiva del Congreso (parlamento unicameral).
Todas las alarmas del statu quo -en realidad, el statu corruptus- nacional se activaron ensordecedoramente, todas las luces rojas se encendieron al mismo tiempo, cuando, inesperadamente para los dueños del país, la gente subió, el 25 de junio, a Bernardo “Tío Bernie” Arévalo, de una posición de segura derrota -en las encuestas-, a una ubicación de potencial triunfo -en la vida real-, y siguieron activadas/encendidas cuando aún más gente le dio, el 20 de agosto, el gane definitivo.
Su bandera central de lucha: el combate a la corrupción, algo que los dinosaurios políticos
-y sus herederos- consideran delito imperdonable, pero que la población viene exigiendo hace mucho -demasiado- tiempo.
De modo que había que activar el golpe de Estado preventivo -acción que está en desarrollo-, para evitar que Arévalo -un charrúa-chapín heredero de la Revolución de Octubre- fuese el próximo -y peligrosísimo- portador de la banda presidencial.
Los primeros movilizados fueron Porras, Curruchiche, y Orellana.
Los tres nefarios paladines de la corrupción -todos, sancionados por Estados Unidos, precisamente, por ser corruptos- intentaron, primero, eliminar al victorioso partido Semilla -que presentó la exitosa fórmula presidencial integrada por Arévalo y Karin Herrera-.
De comienzo, presentaron -seis días después de la votación primera-, a la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción de amparo, cuestionando los resultados de varias Juntas Electorales Departamentales (provinciales) -para evitar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara los números-, iniciativa que fracasó, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entró en escena, dando luz verde, el 10 de julio, al TSE, a oficializar los decisivos números.
El TSE los confirmó, el 12 de julio, en conferencia de prensa, y anunció que la segunda vuelta presidencial se llevaría a cabo en la fecha prevista -20 de agosto-, y que los contendientes serían los dos candidatos más votados: respectivamente, Sandra Torres
-postulada por la centroderechista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y Arévalo.
Adelantándose al anuncio que la presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, se aprestaba a formular, el espurio MP se movilizó, por la vía de la delictiva Feci, cuando Curruchiche anunció, en un vergonzoso video que el MP difundió, ese día, en la red social Twitter (la actual X), que el juzgado a cargo de Orellana “ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla”.
Tras el primer fracaso -en cuanto a impedir que Arévalo compitiese en segunda vuelta-, el golpe continuó desarrollándose, lo que dio lugar al ilegítimo allanamiento que Curruchiche llevó a cabo, el 13 de julio, en las instalaciones del Registro de Ciudadanos del TSE, operación durante la cual efectivos de la Dirección de Investigación Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC) secuestraron la abundante documentación referida a Semilla.
Ello, como resultado de una supuesta investigación contra Semilla, por presunta corrupción.
El matonismo golpista quedó evidenciado en el hecho de que -tal como denunció, ese día, la presidenta del TSE-, los agentes represores -todos armados, en un recinto cívico- actuaron con abuso de autoridad y uso excesivo de fuerza, algunos de ellos, además, enmascarados.
Una vez oficializados los números de la segunda vuelta electoral -Arévalo obtuvo 58.01 por ciento de los votos, frente al 37.24 de Torres-, y declarados Arévalo y Karen Herrera, respectivamente, presidente y vicepresidenta electos, la mafia politiquera intensificó el golpe, ahora apuntando a la imposible tergiversación de la realidad.
No conformes con mantener la suspensión de la personería jurídica de Semilla, los tradicionales “poderes fácticos” abrieron el frente legislativo.
Así, actuando en flagrante irregularidad, la junta directiva del Congreso (parlamento unicameral) -presidida por Shirley Rivera, diputada por el gobernante y derechista partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos)-, anunció, en la sesión plenaria del 30 de agosto, que, a causa de la suspensión del estatus legal de Semilla, los siete legisladores por el movimiento -incluido Arévalo-, pasaban a ser “diputados independientes”.
La peligrosa medida apunta no solamente a tratare de neutralizar a la bancada semillista
-que, para el próximo cuatrienio parlamentario (2024-2028), se amplía a 23, en el total de 160- sino a impedir -de acuerdo con el reglamento del organismo legislativo- que esos legisladores ocupen cargos en la Junta Directiva, lo mismo que en la presidencia de comisiones, y a evitar que estén representados en reuniones de jefes de bloque.
La decisión marca un flagrante contraste con el hecho de que, cuando su personería jurídica fue cancelada, en 2021 -en el marco de una investigación por delitos electorales-, los 12 diputados de la ultraderechista Unión del Cambio Nacional (UCN) se mantuvieron como bancada de ese partido -agrupación aliada al gobierno del derechista y cuestionado presidente actual (2020-2024), Alejandro Giammattei-.
En ese caso, el Congreso era presidido (2020-2021, 2021-2022) por Allan Estuardo Rodríguez, también diputado por Vamos -y antecesor inmediato de Rivera (2022-2023, 2023-2024), en el cargo-.
Pero Rivera no se limitó a facilitar la ilegítima acción contra la bancada de Semilla sino que, en la misma sesión plenaria, privó, a Arévalo, del uso de la palabra, y cerró el micrófono, a Evelyn Morataya, diputada independiente -inicialmente, por el centroderechista partido Bienestar Nacional (Bien)-.
La legisladora se desempeñó, además, como primera dama, durante el gobierno (2000-2004) de su entonces esposo Alfonso Portillo -quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió condena de prisión (2014-2015), por lavado de dinero-.
Rivera llevó a cabo la represiva acción, mientras Morataya se dirigía, en términos elogiosos, a Arévalo, y formulaba una severa crítica al gobierno de Giammattei -fundador, en 2017, de Vamos-.
Por su parte, integrantes de la agredida bancada semillista, anunciaron, el mismo día, que llevarían adelante acciones legales contra la junta directiva parlamentaria.
Entretanto, observadores guatemaltecos citados, en esa fecha, por el medio de comunicación local Soy 502, esbozaron tres escenarios en diversos grados de afectación institucional en el contexto del próximo gobierno -que debe instalarse el 14 de enero-.
En opinión del analista político Daniel Haering, el peor cuadro de situación -que definió como “una aberración jurídica”- consistiría en que la suspensión de la personaría jurídica de semilla -ahora en modo provisional- quedase en firme, “en un proceso que podría llegar, incluso, a la Corte de Constitucionalidad”.
Ello no impediría la juramentación de Arévalo y Herrera, respectivamente, como presidente y vicepresidenta de Guatemala -para el cuatrienio 2024-2028-, aunque afectaría a los diputados de Semilla, quienes, “sí, quedaría sin bancada en el Congreso de la República”, señaló.
En tal contexto, entre otras limitaciones, esos legisladores “no podrían optar a la presidencia de ese organismo ni de alguna comisión, especialmente la de Finanzas, que es una de las más importantes, por los temas que le corresponde analizar”, entre ellos el anual presupuesto estatal.
Según el experto constitucionalista Alexander Aizenstatd, tal escenario sería aún más serio al considerarse que, de ocurrir, implicaría la validación de injerencia, de un juez ordinario, en un tema netamente electoral -en alusión a Orellana-.
Para tales casos, rige la Ley Electoral y de Partidos Políticos, explicó.
Si se validase la injerencia de Orella, se estaría en un contexto “preocupante, porque podría abrir la posibilidad a que, en futuras oportunidades, se pueda suspender, a cualquier persona jurídica, con la resolución de un juez ordinario”, advirtió.
Según el experto, en el caso de Semilla, el juez tomó la decisión, “sin seguir el proceso correspondiente, pues el partido Semilla no se pudo defender, y se conocen pocos detalles del caso”.
En opinión del también experto constitucionalista Aquiles Faillace, el panorama ideal es aquel en el cual el TSE acepte el recurso de nulidad -presentado por el equipo legal de Semilla-, y deje sin efecto la suspensión de la personería jurídica de la agrupación política.
Ello facilitaría, entre otras cosas, el apoyo, en el parlamento, a componentes clave del plan de gobierno de Semilla, incluido el combate a la corrupción, indicó Faillace, a Soy 502.
El medio de comunicación indicó que “el abogado agregó que los más probable sea que las instancias que están detrás de la suspensión del partido, sigan accionando hasta que esa decisión quede en firme, pero considera que, ‘finalmente, se debilitarán’”, algo en lo cual, “la resistencia del partido Semilla, en estos meses, mientras llega el 14 de enero, ‘será determinante’”.
Al citar también a Arévalo, Soy 502, relató que, durante una entrevista exclusiva con ese medio, el presidente electo aseguró que “es tan evidente la (declaración de) nulidad (por parte del TSE) que no creemos que allí vaya a haber necesidad de algo más”.
No obstante ello, “estamos listos para continuar defendiendo los resultados” de la votación, precisó, para advertir que “lo que es claro es que no vamos a claudicar en defender nuestros derechos y la justicia, y, sobre todo, exigir el respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala”.
Asimismo, y ante el avance del golpe, el presidente electo formuló, el 31 de agosto, a los guatemaltecos, un llamado a resistir a la quiebra del orden constitucional que, de hecho, está en marcha.
Al participar en un diálogo live, en la red social Tik Tok -para responder a preguntas de usuarios-, identificó, como integrantes de la cúpula golpista, a Porras, Curruchiche, y Orellana.
También señaló que tiene conocimiento de que otras autoridades -de los tres poderes del Estado- están, igualmente, participando en la conspiración, aunque se abstuvo de proporcionar nombres, en este caso, porque carece -de momento- de prueba documental en ese sentido.
En tal contexto, “vamos a presentar acciones legales, en las diferentes instancias, y los convocaremos para que nos acompañen”, dijo, a sus compatriotas.
También advirtió que, “si las acciones legales no funcionan, vamos a tener que salir a las calles, a exigir que se respeten la decisión que ustedes tomaron en las urnas”.
Y en el marco de una conferencia de prensa llevada a cabo al día siguiente -1 de setiembre-, reafirmó la denuncia referida al desarrollo de un golpe de Estado, en un contexto que describió como dual -de constitucionalidad y de ilegitimidad-.
Igualmente, llamó a la resistencia popular para hacer respetar la voluntad expresada, mayoritariamente, mediante el voto.
“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado (de la votación presidencial)”, comenzó a explicar, identificando al nefario trío Porras-Curruchiche-Orellana, como componente conspirador clave.
En alusión al contexto en el cual los sectores golpistas están usando la estructura judicial guatemalteca -convirtiéndola en una poderosa arma antidemocrática-, Arévalo denunció que, “mientras, por un lado, se han puesto en marcha las formalidades protocolares del proceso de transición, por el otro lado, hay un plan para romper el orden constitucional”, reveló, a continuación.
“El objetivo de ese plan es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente, la vicepresidenta, y nuestros diputados y diputadas del Congreso”, puntualizó.
El mandatario electo subrayó que, ante ello, es necesario que la sociedad civil -incluidos la academia, el empresariado, las Iglesias, el movimiento popular, los pueblos indígenas- se movilicen para “unir fuerzas en defensa de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular”.
La respuesta de la base fue inmediata: el 2 de setiembre, centenares de personas se reunieron, en el céntrico Parque Central, para expresar apoyo a Arévalo -y a Semilla-, además de exigir la renuncia de Porras y de Curruchiche.
Casi simultáneamente, el MP emitió, un comunicado en el cual aseveró que lo denunciado por Arévalo constituye una campaña desestabilizadora que apunta a derribar a Porras.
“A nivel nacional e internacional existe una narrativa y campaña de desinformación con el fin de generar desestabilización en el país y de interrumpir el período constitucional en el ejercicio del cargo de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público”, según lo afirmado en el texto de siete básicamente extensos párrafos contenido en casi dos páginas.
“Es totalmente falso que desde el Ministerio Público se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado como irresponsablemente lo ha señalado el Presidente Electo”, según el MP.
También aseveró que “las solicitudes o acciones del Ministerio Público, se encuentran en el marco del respeto al principio de legalidad, derecho de defensa, debido proceso y demás garantías constitucionales y en el marco de las leyes especializada aplicables a cada caso concreto”.
La afirmación precedente queda, plenamente, en evidencia como una narrativa que procura tergiversar la realidad, en el caso específico de Semilla, ya que, en lo actuado por el MP contra ese partido, no ha existido absolutamente nada de lo hipócritamente enunciado.
En ese precario estado general de cosas, los actuales algo más de cuatro meses -hasta el 14 de enero- se constituyen, para Arévalo y todos los defensores de la democracia y la institucionalidad guatemaltecas, en un particularmente peligroso campo criminalmente minado por el golpismo.
