28 de agosto de 2026 | Costa Rica
Una aparente confusión de nombres durante un foro nacional terminó colocando nuevamente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el centro de una discusión sobre transparencia, comunicación institucional y representación sindical.
La controversia surgió después de que en el Foro Nacional de Seguimiento al Proyecto de Ampliación y Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, realizado el 27 de agosto en la sede de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), se habría presentado a Rocío Alfaro Molina como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS.
La actividad fue anunciada públicamente por la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), que convocó al foro nacional.
Ante la situación, el Periódico Informativo Jbs consultó a la Oficina de Prensa de la CCSS si efectivamente se trataba de Alfaro Molina o si se había producido un error al consignar el nombre de “Róger Molina”.
La respuesta de la institución fue breve, pero abre una interrogante mayor.
La CCSS aclaró que la actividad no fue organizada por la institución y, en lugar de confirmar que Rocío Alfaro forma parte actualmente de su Junta Directiva, remitió a la página oficial donde publica la integración del órgano colegiado.
Y allí aparece el dato que llama la atención: la representación del sector trabajador que la CCSS identifica públicamente corresponde a Martín Robles Robles, Róger Rivera Mora y Vianey Hernández Li. Documentos oficiales de la propia Caja también muestran a esas tres personas como representantes laborales. (AISSFA)
¿Entonces dónde está Rocío Alfaro?
Aquí es donde la historia adquiere una dimensión política y jurídica mucho más interesante.
El 9 de junio de 2026, 19 organizaciones sindicales participaron en una asamblea y eligieron a Rocío Alfaro Molina como representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la CCSS para el período 2026-2030. (APSE Costa Rica)
La designación, sin embargo, enfrentó una fuerte disputa con el Poder Ejecutivo.
El Consejo de Gobierno había rechazado el nombramiento. Entre los argumentos reportados públicamente estuvieron la participación política de Alfaro en el Frente Amplio, familiares vinculados laboralmente con la CCSS y posiciones que había expresado durante su paso por la Asamblea Legislativa.
Pero la controversia no terminó allí.
El 13 de agosto de 2026, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo y anuló el acuerdo mediante el cual el Consejo de Gobierno había rechazado el nombramiento de Alfaro.
La decisión fue tomada por unanimidad y quedó identificada como la resolución 2026-031380. Según la información pública sobre el fallo, la Sala consideró que el Consejo de Gobierno carecía de fundamento jurídico para rechazar la designación realizada por el movimiento sindical.
Es decir, existe una cadena de hechos difícil de ignorar:
los sindicatos eligieron a Rocío Alfaro; el Gobierno rechazó su designación; la Sala Constitucional anuló ese rechazo; pero la información que la CCSS está remitiendo actualmente sobre la integración de su Junta Directiva no identifica a Alfaro entre los tres representantes del sector trabajador.
¿Error de comunicación o problema institucional?
La respuesta de la Oficina de Prensa de la CCSS no acusa a nadie de haber cometido un error. Tampoco confirma que Rocío Alfaro haya sido presentada correctamente durante el foro.
Simplemente señala que la actividad no fue organizada por la Caja y remite a la integración oficial de su Junta Directiva.
Eso resulta relevante porque permite separar dos asuntos que fácilmente podrían confundirse.
Una cosa es quién organizó el foro.
Otra muy distinta es quién tiene oficialmente la representación sindical ante la Junta Directiva de la CCSS.
Y precisamente sobre este segundo punto es donde todavía queda una pregunta pública pendiente.
Si la Sala Constitucional anuló el rechazo del nombramiento de Rocío Alfaro, ¿por qué la integración pública que la CCSS está utilizando no la identifica entre los representantes laborales?
La respuesta podría estar relacionada con los procedimientos posteriores a la sentencia, actualizaciones administrativas o formalidades pendientes. Pero, con la información disponible, no sería responsable afirmar que la CCSS está desconociendo deliberadamente una sentencia judicial.
Lo que sí resulta verificable es que existen dos referencias públicas que actualmente no parecen coincidir: la elección y posterior defensa judicial del nombramiento de Alfaro, por un lado, y la composición de la Junta Directiva que la propia CCSS comunica, por otro.
El nombre equivocado también importa
El asunto comenzó, aparentemente, por algo que podría parecer menor: presentar a una persona con un nombre incorrecto.
Pero en una institución como la CCSS, donde la Junta Directiva es uno de los principales órganos de conducción institucional, equivocarse al identificar a quien representa al sector trabajador no es un detalle periodístico cualquiera.
La precisión importa.
Más aún cuando la persona involucrada, Rocío Alfaro Molina, fue objeto de una controversia política y judicial precisamente por su designación como representante sindical.
La prensa, las organizaciones sindicales y la ciudadanía tienen derecho a saber quién ocupa cada puesto y bajo qué condición.
Y la propia Caja tiene la responsabilidad de mantener actualizada y clara esa información.
Una pregunta queda sobre la mesa
La CCSS respondió la consulta periodística, pero su respuesta deja abierta una interrogante que merece una aclaración adicional:
¿Cuál es, a la fecha, la situación jurídica y administrativa exacta de Rocío Alfaro Molina respecto de la Junta Directiva de la CCSS después de la resolución 2026-031380 de la Sala Constitucional?
Mientras esa respuesta no sea explicada con precisión, seguirá existiendo una contradicción aparente entre la elección sindical de Alfaro, el fallo de la Sala Constitucional y la integración que actualmente comunica la propia Caja.
Y esta vez no se trata solamente de un nombre mal colocado en una presentación.
Se trata de determinar quién representa oficialmente a los trabajadores en la dirección de una de las instituciones públicas más importantes de Costa Rica.
