La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) ha levantado la voz contra el decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT, que establece el Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores en Costa Rica. Ermen Prado Arroyo, presidente de Asdeice, ha expresado su desacuerdo con este decreto, argumentando que se basa más en consideraciones políticas que en criterios técnicos.
El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta el 31 de agosto, ha suscitado preocupación entre los críticos, quienes afirman que pone en riesgo la libre competencia y podría tener consecuencias negativas en el desarrollo de la tecnología 5G en el país.
Prado Arroyo ha señalado que la restricción de ciertas empresas, especialmente de origen chino, en el sector de las telecomunicaciones, afectará significativamente la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica. Actualmente, la mayoría de los equipos utilizados en telecomunicaciones son de origen chino, y la interrupción de sus operaciones podría retrasar la llegada de la tecnología 5G al país. Además, existe la preocupación de que esta decisión afecte los precios finales para los clientes.
Lo que más preocupa a Asdeice es que este veto a empresas se esté tomando por razones políticas en lugar de criterios técnicos sólidos. Prado Arroyo ha enfatizado que el utilizado, el Tratado de Budapest, nunca antes se había utilizado de esta manera en el contexto específico de la tecnología 5G.
Cuando se le preguntó si creía que esta situación podría exponer a Costa Rica a una demanda internacional, Prado Arroyo respondió afirmativamente. «Sí, por supuesto, claro, 100%, ya hay expertos en telecomunicaciones que lo han dicho, y nosotros también. Está en el panorama», advirtió.
La ministra del Micitt, Paula Bogantes, ha sido objeto de críticas y llamados a renunciar por parte de Asdeice. Además, la organización sindical ha intentado reunirse con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante el último año para discutir su perspectiva sobre este tema, pero aún no han tenido éxito en obtener una audiencia con el mandatario.
Prado Arroyo ha subrayado que la posición del Gobierno y de la ministra del Micitt en este asunto es completamente desacertada y podría tener repercusiones negativas en el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica. La preocupación principal es que la falta de competencia podría dar lugar a condiciones desfavorables y precios más altos para los consumidores.
En resumen, la controversia en torno al decreto 5G en Costa Rica está lejos de resolverse, y las preocupaciones expresadas por Asdeice sobre las posibles consecuencias legales y económicas de esta decisión gubernamental están en el centro del debate. La industria de las telecomunicaciones y el futuro de la tecnología 5G en el país dependen en gran medida de cómo se aborden estas preocupaciones en los próximos meses.
