El caso de Andry Hernández Romero, un maquillador venezolano gay de 31 años, ha encendido las alarmas sobre los procedimientos de deportación en Estados Unidos, luego de que fuera enviado por error a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador destinada a presuntos terroristas. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha levantado la voz en defensa del joven, calificando su detención como una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso migratorio.
Hernández Romero había solicitado asilo en el verano de 2024, utilizando la aplicación oficial CBP One, alegando persecución en Venezuela debido a su orientación sexual y a sus creencias políticas. A pesar de seguir el procedimiento establecido, fue retenido por meses en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California.
Sin antecedentes criminales, su única “sospecha” fueron unos tatuajes, que funcionarios interpretaron como signos pandilleros. Sin prueba alguna, fue deportado a El Salvador, donde fue internado en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel reservada para miembros de organizaciones criminales como la MS-13 y Barrio 18.
“Se le ha negado la oportunidad de defenderse de alegaciones sin fundamento que lo vinculan con pandillas”, escribió Newsom en una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “No somos una nación que envíe personas a ser torturadas o victimizadas en prisiones extranjeras por simples victorias de relaciones públicas”, añadió.
El caso de Hernández Romero no solo plantea cuestionamientos legales, sino también éticos. ¿Cómo es posible que un solicitante de asilo sea tratado como criminal sin un juicio? ¿Qué garantías existen para las personas LGBTQ+ que huyen de la persecución y la violencia?
Lindsay Toczylowski, presidenta del Immigrant Defenders Law Center, organización que representa a Hernández Romero, aseguró que su cliente “estaba haciendo todo lo que se pedía para obtener asilo”.
La situación ha generado indignación internacional. Medios como Deutsche Welle difundieron imágenes de otros deportados ingresando al CECOT el pasado 31 de marzo, y aunque el gobierno estadounidense reconoció el error, Hernández continúa encarcelado.
La historia de Andry Hernández Romero no es solo la de un individuo atrapado en la maquinaria migratoria. Es también un recordatorio de los peligros de la criminalización por apariencia, de la discriminación por orientación sexual, y de lo que está en juego cuando se vulnera el derecho al asilo.
En tiempos en los que los discursos políticos pueden definir la vida o la muerte de quienes huyen, la pregunta queda en el aire: ¿Estamos protegiendo o castigando a quienes más necesitan refugio?
