El Ministerio Público de Costa Rica anunció el jueves la apertura de una investigación ante los señalamientos hacia el gobierno por presuntos intentos de negociar con grupos narcotraficantes para lograr una reducción de los homicidios en el país.
La investigación esclarecer si es cierto lo recogido en un reportaje publicado el miércoles por el diario El Universal de México.
Según la publicación, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con organizaciones criminales ligadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El medio atribuyó la revelación a fuentes anónimas con acceso a información privilegiada.
En la Asamblea Legislativa, varios diputados han solicitado que se inicie una investigación por este tema, mientras que la Fiscalía indagará al gobierno por presunto “incumplimiento de deberes” en este caso.
La polémica por el presunto acercamiento entre el gobierno y cárteles de la droga surge en momentos en que Costa Rica registra 669 muertes violentas en lo que va de año, superando ya los 657 homicidios de todo el 2022, según el último dato revelado por el Organismo de Investigación Judicial.
La mayoría de estos homicidios han sido atribuidos por las autoridades a las disputas por territorios entre grupos del narcotráfico local y esto se ha convertido la inseguridad en una de las principales preocupaciones de los costarricenses, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.
El gobierno del presidente Chávez salió al paso de la publicación para negar rotundamente que haya tratado de negociar con grupos narcotraficantes.
El mandatario costarricense calificó la publicación como una “patraña absurda”, puso en duda la solidez de la publicación y rechazó cualquier acercamiento de su gobierno con criminales.
“El Universal no cita fuentes, no da indicios, no ofrece pruebas y ni siquiera detalles de cómo habría sido la supuesta negociación entre autoridades de gobierno y representantes de las bandas criminales”, criticó Chaves.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, retó al periodista autor de la nota, el costarricense José Meléndez, a un “careo” para confrontar sus versiones sobre la presunta negociación.
“Dar por cierto de buenas a primeras lo que dice el Sr. Meléndez, sin darle la oportunidad de dar la cara ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que profundice en lo que dijo, supondría renunciar a la posibilidad de esclarecer el grado de verdad desde la fuente misma”, expresó el ministro mediante un comunicado de prensa.
El Ministerio Público de Costa Rica inició este miércoles una causa penal que se suma a la lista de las nuevas realidades del contexto de seguridad del país centroamericano que hasta hace pocos años parecía exento de las dinámicas criminales latinoamericanas. La investigación apunta a la posibilidad de que el Gobierno hubiera negociado con grupos narcotraficantes una suerte de tregua en la escalada de asesinatos que ya se convirtió el año 2023 en el más sangriento de la historia costarricense, aunque falta el trimestre que suele ser más violento aún.
La investigación penal se abrió solo horas después de que el periódico El Universal de México publicara un artículo escrito en Costa Rica que menciona la posibilidad de contactos entre autoridades de Seguridad y representantes de grupos criminales ligados a carteles mexicanos, presuntamente en 2022. “Fueron realizados por personajes claves de las estructuras costarricenses de seguridad, algunos con funciones dentro del gobierno de Chávez y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada”, dice el artículo sin mencionar los nombres de esos emisarios, detalles de la supuesta negociación ni los nombres de las fuentes por razones de seguridad.
“Es absolutamente falsa, una patraña absurda”, reaccionó por la tarde el presidente Rodrigo Chaves. El Ministerio Público abriría la investigación penal antes de que acabara la jornada. El mandatario asegura que su Gobierno ha sido el más diligente contra las estructuras criminales a las que se atribuyen dos tercios de los homicidios. Las cifras no hablan bien de los resultados y quizás cumplan la paradoja de mostrar que tampoco se cuajaron los objetivos de las supuestas negociaciones: 2022 fue el año de más homicidios con un promedio nacional de 1,8 cada día, pero en 2023 son 2, 6 en cada jornada, como nunca antes. Horas antes de la publicación, cuatro hombres que iban en un auto murieron acribillados en Limón, la provincia caribeña donde la tasa de asesinatos casi triplica a los medios nacionales.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, que asumió funciones en mayo como un reconocimiento de parte de Rodrigo Chaves de la crisis que negaba en su discurso, también rechazó la posibilidad de negociaciones con criminales y más bien dijo que es “sospechoso” que esa denuncia se haya hecho en un diario de México, en aparente referencia a los antecedentes de colusión de autoridades y criminales en ciertas regiones. Zamora, quien ocupó el mismo cargo hace 10 años en el gobierno de Laura Chinchilla y logró en aquel momento bajar la tasa de homicidios, apunta ahora contra la investigación y exige revelar las fuentes, además de proponer un careo con el periodista ante una comisión de diputados que pretenden investigar también este caso.
Laura Chinchilla no dejó pasar el caso. “es la más grave denuncia que haya visto. Costa Rica no se debe precipitar por la ruta de la gobernanza criminal como en otros países”, publicado en sus redes sociales sobre este nuevo capítulo en la serie de publicaciones internacionales que rompen la imagen de país tranquilo. Han señalado como factores las dinámicas internacionales de la droga, la posición geográfica de Costa Rica como trampolín hacia Estados Unidos y política».
