El columnista y Contador Gerardo Leal Orias cuestiona el uso de la deuda, los superávits y pide a la ciudadanía vigilar el gasto, mientras la Asamblea Legislativa discute el FEES 2027
Domingo 1 de noviembre de 2026
El columnista y Contador Gerardo Leal Orias planteó, en un texto de opinión fechado el 27 de octubre, que la administración desordenada de los recursos públicos termina por afectar a toda la sociedad costarricense. Recordó que, durante años, endeudarse para cubrir presupuestos insuficientes pareció una salida habitual, y se preguntó dónde quedó ese dinero y qué beneficios recibió la población.
Leal sostuvo que, mientras el país enfrenta necesidades en alimentación, vivienda, abrigo y educación, es legítimo cuestionar las prioridades del gasto y las diferencias entre las remuneraciones de ciertos sectores y la realidad económica de muchas familias. A su criterio, aunque existan ingresos competitivos, deben examinarse con criterios de equidad, responsabilidad y razonabilidad, para que la administración pública no se convierta en un sistema de privilegios desconectado de las necesidades de la gente.
Contexto: el autor ubicó en esa discusión el financiamiento de la educación superior mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el mecanismo con el que el Estado transfiere recursos a las universidades públicas. Para 2027, el Gobierno y las universidades no lograron un acuerdo: el proyecto de presupuesto nacional contempla ₡593.484 millones, el mismo monto de 2026, mientras las universidades solicitaron un aumento de 2,94 %, equivalente a más de ₡17.000 millones. La decisión quedó en manos de la Asamblea Legislativa, que según la ley tiene como fecha límite el 29 de noviembre para aprobar el presupuesto de forma definitiva.
Leal pidió además revisar los superávits y la subejecución presupuestaria. Un presupuesto aprobado, advirtió, no cumple su propósito por el simple hecho de existir: debe traducirse en resultados oportunos y beneficios verificables para la ciudadanía.
Frente a ello, propuso que los ciudadanos no se queden solo en la queja. Entre las acciones que sugirió están exigir a los representantes informes claros sobre el uso de los recursos, los resultados de cada presupuesto, los salarios financiados con fondos estatales y el destino de los superávits; escribir a los diputados; participar en consultas públicas y apoyar la fiscalización ciudadana, con respuestas basadas en datos y plazos verificables.
“La transparencia no debe ser un favor de los gobernantes: es un derecho de la ciudadanía”, escribió, y agregó que la rendición de cuentas no debe aparecer solo cuando surge un escándalo, sino ser una práctica permanente. Pidió hacer sentir la voz de manera pacífica, informada y constante, sin delegar toda la responsabilidad en los políticos.
El columnista dijo que hay señales que invitan a esperar cambios, siempre que se conviertan en decisiones concretas, sostenibles y verificables. Concluyó que el orden comienza cuando los recursos públicos se administran con responsabilidad y la ciudadanía pasa de espectadora a fiscalizadora activa del poder.
