George Rodríguez / Foto – Medios
Estados Unidos informó hoy que designó, para ser sancionadas, a cuatro empresas que operan en el sector petrolero venezolano, a las cuales bloqueó la propiedad de igual número de barcos.
Se trata de entidades que han transportado petróleo venezolano hacia Cuba, indicaron, en declaraciones por separado los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidenses.
“El 24 de setiembre, Estados Unidos designó, como sancionadas, a cuatro compañías que operan en el sector petrolero de Venezuela, e identificó, como propiedad bloqueada, cuatro embarcaciones asociadas a esa actividad”, indicó, en una declaración escrita, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.
“Esta acción apunta aún más al sector petrolero de Venezuela y a los mecanismos usados para transportar petróleo a las benefactores cubanos de Nicolás Maduro, quienes continúan sosteniendo al ex régimen”, precisó la funcionaria.
“Estas sanciones son en seguimiento a las designaciones e identificaciones anunciadas el 5 y el 12 de abril, que apuntaron a entidades y embarcaciones de conocido involucramiento en el transporte de petróleo crudo desde Venezuela hasta Cuba”, explicó.
“Con esta acción, las entidades sancionadas tienen negado el acceso al sistema financiero estadounidense”, aclaró, para señalar que, “además, se congelará los bienes estadounidenses de esas entidades”.
Por su parte, el Departamento del Tesoro indicó, en un extenso y detallado comunicado, que su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), efectuó la designación de las cuatro empresas, en el marco de un Decreto Ejecutivo (Orden Ejecutiva, Executive Order) en esa materia.
“Adicionalmente, OFAC identificó cuatro embarcaciones que transportan petróleo y otros productos petroleros desde Venezuela hasta Cuba, como propiedad en posesión de o controlada por las cuatro entidades designadas”, agregó.
“Desde la designación, el 28 de enero de 2019, de la estatal (…) Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), Cubametales, la compañía estatal importadora y exportadora de petróleo de Cuba, y otras entidades con sede en Cuba, han persistido en eludir sanciones (impuestas por estados Unidos), al recibir envíos de petróleo desde Venezuela”, contextualizó el departamento.
“El 3 de julio de 2019, OFAC designó, a Cubametales, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana”, agregó, a continuación.
De acuerdo con la información oficial estadounidense, las compañías sancionadas son Caroil Transport Marine Ltd, Trocana World Inc, Tovase Development Corp, Bluelane Overseas SA, la primera, con sede en Chipre, y, las otras dos, en Panamá.
En cuanto a las embarcaciones bloqueadas, el departamento indicó que se trata de Carlota C y Sandino (tanqueros que transportan sustancias químicas y otros productos), además de Petion (tanquero que transporta diversos productos), barcos que opera Caroil, así como Giralt, propiedad de Bluelane, informó.
Los barcos Sandino y Petion están registrados como propiedad, respectivamente, de Tovase y de Trocana, agregó.
“Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad e interés en propiedad de estas entidades, y de cualquier entidad que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más, de las entidades designadas, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y se los debe comunicar a OFAC”, determinó.
Citado en el texto del parlamento, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, subrayó el accionar estadounidense contra el gobierno madurista.
“Estados Unidos sigue tomando acción fuerte contra el ilegítimo ex régimen de Maduro y los malignos actores extranjeros quienes lo apoyan”, expresó el jerarca gubernamental.
“Los benefactores cubanos de Maduro, siguen proporcionando sustento, al régimen, y le habilitan su represivo aparato de seguridad e inteligencia”, denunció.
Mnuchin aseguró, asimismo, que “el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debe usarse como instrumento de canje para sostener dictadores y prolongar la usurpación de la democracia venezolana”.
La acción estadounidense siguió a la disposición declarada ayer, por la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima, de aumentar la presión sobre el régimen madurista, con miras a lograr el restablecimiento de la democracia en el caribeño país sudamericano, actitud con la cual Estados Unidos –que no integra el bloque de países americanos- expresó coincidencia.
Esos países también declararon repudio al vínculo del régimen madurista con lo que describieron como organizaciones armadas y agrupaciones terroristas, de acuerdo con lo señalado en la declaración que emitieron al final de la reunión.
Doce de los 14 miembros del bloque, más la representación del gobierno interino de Venezuela, indicaron que “expresan la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
Asimismo, “rechazan los crecientes vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”, plantearon, en el texto de ocho puntos.
El bloque aludió así a la presencia, en territorio de Venezuela, de integrantes de dos organizaciones armadas colombianas –el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un sector disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al respecto, los países adherentes a la declaración del Grupo de Lima señalaron que “promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos”.
Este punto de la declaración, coincide con lo expresado, también ayer, por el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca –integrado por varios países del Grupo de Lima-, en el sentido de que acordó crear una red operativa de inteligencia y seguridad para investigar actos de corrupción de naturaleza transnacional cuyos responsables tengan vínculo con el régimen madurista.
La red será integrada, entre otros componentes, por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública de los países que constituyen el Tiar, indicaron los cancilleres del mecanismo, reunidos como Órgano de Consulta del tratado.
Ambas reuniones se desarrollaron en el marco de la 74 Sesión de la Asamblea General de las Naciones unidas, inaugurada esta mañana, en la sede dela organización mundial, en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
La declaración fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, y Perú, además de la representación del autoproclamado presidente encargado (interino) de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, no así por México ni Santa Lucía.
El Grupo de Lima tomó su nombre de la capital peruana, en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica a la crisis venezolana.
Esa dramática situación fue analizada, también ayer, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Un idas, por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), bloque birregional integrado por ocho países europeos -Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, y Suecia- y cinco latinoamericanos -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, y Uruguay-.
El GIC, creado más recientemente, ha desarrollado, hasta ahora, cuatro reuniones –todas, este año-, respectivamente, en Montevideo, la capital de Uruguay, el 7 de febrero, en Quito, la capital de Ecuador, el 28 de marzo, en San José, la capital de Costa Rica, los días 6 y 7 de mayo, y ayer, en la sede de la organización mundial.
Este grupo apunta a aportar a que la solución a la crisis venezolana se logre por la vía pacífica.
Venezuela registra, hace cuatro años, una creciente crisis humanitaria, política y de seguridad, cuya agudización ha obligado –hasta el momento- a aproximadamente 4.3 millones de personas a desplazarse, vía terrestre, a países sudamericanos, principalmente hacia los limítrofes Brasil y Colombia, además de Ecuador y Perú, así como, más al sur, Argentina y Chile.
Quienes han emprendido el masivo éxodo, han señalado que lo han hecho a causa de la represión antiopositora, violaciones a los derechos humanos, además de escasez general de alimentos y otros productos de consumo básico, fuertemente reducido poder adquisitivo de los salarios, y extendida falta de oportunidades.
