George Rodríguez / Foto – Medios
Representantes del autoproclamado presidente encargado (interino) de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, se reunieron hoy con la Alta Representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la chilena Michelle Bachelet, a quien solicitaron la creación de una instancia investigadora de las violaciones a los derechos humanos en ese país.
Julio Borges y Carlos Vecchio, respectivamente, canciller y embajador en Estados Unidos, del gobierno interino venezolano, plantearon, asimismo, a la comisionada, que su reciente informe sobre la situación venezolana sea incorporada a la denuncia presentada el año pasado, por varios países americanos, contra el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la occidental ciudad holandesa de La Haya.
“Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe, que usted presentó, sobre Venezuela”, expresó Borges, a la funcionaria, durante el encuentro enmarcado en la 74 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“No podemos permitir más impunidad”, aseguró, para subrayar que “los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”.
Por su parte, Vecchio expresó que el informe de Bachelet “debe servir para empujar la denuncia, sobre crímenes de lesa humanidad, de la dictadura de Maduro en la corte Penal Internacional”.
La comisionada planteó la necesidad de construir iniciativas que apunten a dar solución a la crisis humanitaria que golpea al caribeño país sudamericano.
En ese sentido, la delegación guaidoísta desarrolla esta semana, en el marco de la Asamblea General, una agenda de trabajo que, iniciada con el encuentro con Bachelet, incluye una reunión con los cancilleres del Grupo de Lima, participar en la reunión del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), además de intervenir en el encuentro que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene proyectado llevar a cabo con autoridades continentales, de acuerdo con versiones periodísticas internacionales.
En el caso del Grupo de Lima, el tema central es el de acurdar medidas para presionar aún más al régimen madurista, según las versiones.
El Grupo de Lima es un bloque regional que, integrado por 14 países americanos -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, más una representación de Guaidó-, tomó su nombre de la capital peruana, en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica, a la crisis venezolana.
La reunión se llevará a cabo luego de que los cancilleres de los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) desarrollen, también la semana próxima, un encuentro para determinar aspectos de la reciente activación de ese mecanismo, en el caso de Venezuela.
La mayoría de esos países aprobó, el 11 de este mes, convocar al Órgano de Consulta del Tiar, para abordar la crisis venezolana.
La decisión fue tomada en el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente (CP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llevada a cabo, este día para, entre otros puntos de agenda, tratar el tema.
El apoyo a la moción fue dado por 12 países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana, v Venezuela-, mientras cinco se abstuvieron -Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad, y Uruguay-, y uno –Bahamas- no participó.
Una propuesta de enmienda a la resolución, en el sentido que la solución a la crisis venezolana no sea resuelta por la vía militar, fue rechazada.
Esta iniciativa fue promovida por Costa Rica –nación centroamericana que, hace siete décadas, abolió su ejército-, con el apoyo de Chile, Perú, y Honduras.
El Tiar fue firmado el 2 de setiembre de 1947, en la oriental ciudad brasileña de Rio de Janeiro –entonces, la capital nacional-, por 24 países americanos, varios se retiraron, en diferentes años, aunque algunos –como Venezuela- se han reincorporado, aunque cinco se mantienen fuera del mecanismo -Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua-.
El tratado prevé asistencia continental, principalmente en el caso de que algún país del área –o más de uno- sea agredido militarmente.
En el sexto de sus 26 artículos –además de seis considerandos-, el Tiar establece que, “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.
Según el artículo siguiente, “en caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes reunidas en consulta instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomaran, además, todas las otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos”.
Y advierte que, “el rechazo de la acción pacificadora será considerado para la determinación del agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de consulta”.
En cuanto a la reunión convocada por Trump, para esta semana, el discurso inaugural estará Cargo de Borges, y también intervendrá, por Estados Unidos, además de Trump, el secretario de Estado, Mike Pompeo, de acuerdo con las versiones periodísticas.
La representación de Guaidó cerrará sus actividades en la sede de Naciones Unidas, en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, emitiendo una declaración, según las mismas fuentes.
El informe que Bachelet dio a conocer el 4 de julio, sobre la crisis venezolana, se basó sobre los contactos que la funcionaria desarrolló personalmente, del 19 al 21 de junio, en Venezuela, con dirigentes políticos opositores -incluido Guaidó-, funcionarios del régimen –incluido Maduro-, y las casi 560 entrevistas que su equipo de trabajo llevó a cabo con víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares de éstas.
En el documento de 83 puntos contenidos en siete capítulos, la funcionaria denunció, entre otras cosas, que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”.
“Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”, precisó, además.
“Aunque estas medidas se han adoptado con la finalidad declarada de preservar el orden público y la seguridad nacional contra presuntas amenazas internas y externas, han aumentado la militarización de las instituciones del Estado y el empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa”, aseguró.
“Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos”, contexto en el cual “las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”, planteó, asimismo.
“Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”, precisó Bachelet, una ex presidenta chilena (2006-2010, 2014-2018) y ex presa política de la dictadura militar que gobernó a Chile desde 1973 hasta 1990.
“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, señaló, además, en alusión a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Creadas en 2016, y señaladas como responsables de un alto número de los centenares de homicidios adjudicados a agentes de la PNB, las Faes son consideradas, por organizaciones de derechos humanos, como una estructura dedicada, específicamente, a la represión antiopositora.
“Preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social”, señaló la alta comisionada, en el informe, y agregó que “estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”.
Entre las 21 recomendaciones incluidas en el documento, figura el desmantelamiento de las Faes.
Venezuela registra, hace cuatro años, una creciente crisis humanitaria, política y de seguridad, cuya agudización ha obligado –hasta el momento- a aproximadamente cuatro millones de personas a desplazarse, vía terrestre, a países sudamericanos, principalmente hacia los limítrofes Brasil y Colombia, además de Ecuador y Perú, así como, más al sur, Argentina y Chile.
Quienes han emprendido el masivo éxodo, han señalado que lo han hecho a causa de la represión antiopositora, violaciones a los derechos humanos, además de escasez general de alimentos y otros productos de consumo básico, fuertemente reducido poder adquisitivo de los salarios, y extendida falta de oportunidades.
