George Rodríguez / Foto – Medios
La mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima se declaró hoy en disposición de aumentar la presión sobre el régimen del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con miras a lograr el restablecimiento de la democracia en el caribeño país sudamericano, actitud con la cual Estados Unidos –que no integra el bloque de países americanos- expresó coincidencia.
Esos países también expresaron repudio al vínculo del régimen madurista con lo que describieron como organizaciones armadas y agrupaciones terrorista, de acuerdo con lo señalado en la declaración que emitieron al final de la reunión que desarrollaron en el marco de la 74 Sesión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la organización mundial en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
Doce de los 14 miembros del bloque, más la representación del gobierno interino de Venezuela, indicaron que “expresan la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.
Asimismo, “rechazan los crecientes vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”, expresaron en el texto de ocho puntos.
El bloque aludió así a la presencia, en territorio de Venezuela, de integrantes de dos organizaciones armadas colombianas –el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un sector disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Al respecto, los países adherentes a la declaración del Grupo de Lima señalaron que “promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos”.
Este punto de la declaración, coincide con lo expresado, poco antes, por el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca –integrado por varios países del Grupo de Lima-, reunido también hoy, en la sede de Naciones Unidas, en el sentido de que acordó crear una red operativa de inteligencia y seguridad para investigar actos de corrupción de naturaleza transnacional cuyos responsables tengan vínculo con el régimen madurista.
La red será integrada, entre otros componentes, por autoridades de inteligencia financiera y de seguridad pública de los países que constituyen el Tiar, indicaron los cancilleres del mecanismo, reunidos como Órgano de Consulta del tratado.
La mayoría del Grupo de Lima exhortó, asimismo, en la declaración de hoy, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “a establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela”.
La declaración fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, y Perú, además de la representación del autoproclamado presidente encargado (interino) de Venezuela, diputado opositor Juan Guaidó, no así por México ni Santa Lucía.
Por su parte, tras haber participado en el encuentro –aunque Estados Unidos no forma parte del bloque-, el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams, advirtió la aplicación de nuevas sanciones, contra el régimen de Maduro, por parte del gobierno norteamericano.
“Lo que acabo de decir, en el Grupo de Lima, es que, en nuestra opinión, necesitamos más presión aún, más presión, más sanciones, y ustedes verán más sanciones por Estados Unidos”, expresó, al subrayar la necesidad de ejercer “presión diplomática, (y) presión económica” sobre ese gobierno.
El Grupo de Lima tomó su nombre de la capital peruana, en la que fue creado, el 8 de agosto de 2017, para dar seguimiento, y buscar solución pacífica a la situación venezolana.
Esa dramática situación fue analizada hoy, además, y siempre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Un idas, por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), bloque birregional integrado por ocho países europeos -Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, y Suecia- y cinco latinoamericanos -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, y Uruguay-.
El GIC, creado más recientemente, ha desarrollado, hasta ahora, cuatro reuniones –todas, este año-, respectivamente, en Montevideo, la capital de Uruguay, el 7 de febrero, en Quito, la capital de Ecuador, el 28 de marzo, en San José, la capital de Costa Rica, los días 6 y 7 de mayo, y hoy, en la sede de la organización mundial.
Este grupo apunta a aportar a que la solución a la crisis venezolana se logre por la vía pacífica.
Venezuela registra, hace cuatro años, una creciente crisis humanitaria, política y de seguridad, cuya agudización ha obligado –hasta el momento- a aproximadamente 4.3 millones de personas a desplazarse, vía terrestre, a países sudamericanos, principalmente hacia los limítrofes Brasil y Colombia, además de Ecuador y Perú, así como, más al sur, Argentina y Chile.
Quienes han emprendido el masivo éxodo, han señalado que lo han hecho a causa de la represión antiopositora, violaciones a los derechos humanos, además de escasez general de alimentos y otros productos de consumo básico, fuertemente reducido poder adquisitivo de los salarios, y extendida falta de oportunidades.
