George Rodríguez / Foto – Archivo
Estados Unidos empezó hoy a implementar el acuerdo migratorio de “tercer país seguro”
-que suscribió en julio, con Guatemala-, al enviar, al país centroamericano a un migrante hondureño que rechazó.
Se trata de la primera persona trasladada en el marco del convenio, y la semana próxima se llevará a cabo similares trámites, dijo, a periodistas locales, el ministerio de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart.
El acuerdo, firmado el 26 de julio, en Washington, por Degenhart y el entonces secretario interino de Seguridad Interna (Homeland Security) de Estados Unidos, Kevin McAleenan, en presencia del presidente estadunidense, Donald Trump, prevé el envío, a algún “tercer país seguro”, de migrantes quienes lleguen a la frontera sur estadounidense –el límite de 3155 kilómetros, con México-.
Ello, a causa de la masiva llegada, a esa frontera, de miles de migrantes indocumentados
–principalmente, del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras)-.
Respecto al traslado del ciudadano hondureño –cuya identidad no fue proporcionada-, Degenhart dijo que “operativiza el acuerdo de cooperación que fuera firmado, hace algunos meses”.
“La semana entrante, se harán más vuelos con más personas”, informó a los periodistas, mientras aguardaba le llegada del migrante, a bordo de un vuelo en el cual fueron también transportados numerosos guatemaltecos.
El jerarca gubernamental expresó, asimismo, que el gobierno guatemalteco garantiza la protección de los derechos del hondureño indocumentado.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, emitió un comunicado
Mientras tanto, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, exhortó, al gobierno de Guatemala, a actuar en el marco de disposiciones legales lo mismo guatemaltecas que internacionales.
En un comunicado, Rodas llamó “al Gobierno de Guatemala, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Relaciones Exteriores para que sus acciones se mantengan en el marco legal nacional e internacional reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala y se respeten los derechos de todas las personas que se encuentren en territorio nacional”.
Asimismo, les recomendó que, “tras el arribo o traslado a Guatemala de personas que previamente han solicitado refugio en Estados Unidos de América, estas deben encontrar condiciones adecuadas para su permanencia en territorio guatemalteco, sin recibir ninguna presión para la toma de decisiones relacionadas con su solicitud de protección internacional”.
También les planteó la necesidad de “actuar con base en los compromisos y estándares de protección” nacionales, “y el principio fundamental de ‘no devolución’, evitando el traslado a frontera sin antes brindar a las personas la información necesaria acerca de sus derechos, procedimientos aplicables y determinar de manera individual que la integridad de cada persona está garantizada por su país de origen”.
“El procedimiento de recepción aplicado debe permitir el acceso a cada persona trasladada a la atención que requiera para preservar su integridad física, psicológica y social”, agregó el procurador guatemalteco, en el texto de ocho párrafos.
El acuerdo bipartito apunta a detener la migración irregular hacia Estados Unidos, y prevé que quienes procuren refugio en ese país no podrán solicitarlo si llegaron, a la frontera sur estadounidense, sin haberlo tramitado en un “tercer país”, según el texto de la medida difundido, en julio, por los departamentos de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) y de Justicia (Department of Justice, DOJ).
“Con limitadas excepciones, un extranjero quien ingrese o intente ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur sin haber solicitado protección en un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad del extranjero, o el último de residencia habitual por el cual el extranjero haya transitado, no es apto para asilo”, según la nueva norma.
La reglamentación se autojustifica al plantear que el sistema de inmigración estadounidense está bajo una intensa presión a causa de las numerosas solicitudes de refugio que, sin sustento, son tramitadas.
Trump es un tenaz enemigo de la inmigración indocumentada, específicamente, el masivo movimiento humano originado en el Triángulo Norte, con rumbo a Estados Unidos, recorriendo unos cuatro mil kilómetros, principalmente por territorio del limítrofe México.
Se trata de miles de personas –incluidos niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas- quienes huyen de la inseguridad ciudadana –generada por violencia de pandillas y organizaciones de crimen organizado internacional- y de la falta de oportunidades de esos tres países, caracterizados, además, por críticos contextos socioeconómicos.
Estos migrantes son rechazados, por fuerzas militares estadounidenses, cuando intentan cruzar, desde el lado mexicano, la Frontera Sur de Estados Unidos.
Sumado a ello, el gobierno de Trump presionó a su contraparte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y logró, el 7 de junio, la firma de un acuerdo bilateral que obliga, a la parte mexicana, a implementar medidas para frenar la migración irregular hacia Estados Unidos –lo que está ocurriendo-.
