Madrid, 21 de junio de 2026. España se ha consolidado como un referente global en inclusión de personas con discapacidad, gracias a su marco de derechos, políticas de empleo y articulación entre Estado, sociedad civil y empresas, según especialistas reunidos en un diálogo organizado por Servimedia.
Durante el encuentro, se destacó que el avance español responde a la implementación progresiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha impulsado un cambio de paradigma: de un enfoque asistencial a uno basado en derechos exigibles.
El consejero técnico de la Organización Internacional del Trabajo en España, Francisco Cana, señaló que herramientas como las cuotas de contratación, incentivos fiscales y subvenciones para adaptar puestos de trabajo han sido claves para posicionar al país entre los más avanzados en la materia. Sin embargo, advirtió que aún “queda mucho por hacer”.
En la misma línea, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño, subrayó que España es reconocida internacionalmente por su “activismo institucional” y su presencia en organismos globales vinculados a la discapacidad. También destacó el impacto económico de la inclusión laboral, al señalar que la integración de personas con discapacidad aporta de forma significativa al PIB español.
Por su parte, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, Cristina Sánchez, afirmó que la inclusión no debe entenderse solo como cumplimiento normativo, sino como un factor de competitividad, innovación y acceso a nuevos mercados para las empresas.
Desde el ámbito social, Pilar Villarino, representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, recordó que la Convención cumple 20 años y ha sido clave para consolidar el reconocimiento de derechos a nivel internacional, impulsando alianzas entre sociedad civil, empresas y administraciones públicas.
Las intervenciones coincidieron en que el modelo español se sustenta en el diálogo entre Estado y sociedad civil, así como en la cooperación con organismos internacionales, lo que ha permitido avances normativos y mayor inclusión en el mercado laboral. Sin embargo, los expertos insistieron en que persisten brechas estructurales que requieren nuevas reformas y mayor compromiso institucional.
España, concluyeron, se mantiene como un caso de referencia global, pero con el desafío de profundizar sus políticas para garantizar la inclusión plena y efectiva de todas las personas con discapacidad.
