La participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas continúa ganando espacio en el cantón de Oreamuno, luego de que el Concejo Municipal conociera una gestión presentada por la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras (ADASFRO), mediante la cual solicita ser incorporada en los procesos de consulta, planificación y evaluación de políticas y proyectos que impacten a esta población.
La organización también pidió recibir información sobre los mecanismos de participación ciudadana que implemente el gobierno local, con el propósito de aportar acompañamiento técnico y promover que dichos procesos sean plenamente accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad.
Durante la sesión municipal, el Concejo hizo constar que la Municipalidad actúa conforme al ordenamiento jurídico vigente y señaló que las consultas relacionadas con esta materia se canalizan a través de la instancia correspondiente del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Más allá del trámite administrativo, la iniciativa refleja una tendencia cada vez más presente en Costa Rica: fortalecer la participación directa de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas, de acuerdo con los principios de accesibilidad, igualdad de oportunidades y diálogo permanente.
Especialistas en derechos humanos consideran que la participación efectiva de este sector no solo favorece la identificación de barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, sino que también contribuye a que las decisiones públicas respondan mejor a las necesidades reales de la población.
Para ADASFRO, el objetivo es consolidar una relación de cooperación con los gobiernos locales que permita impulsar comunidades más inclusivas, donde las personas con discapacidad participen no únicamente como beneficiarias de programas, sino también como protagonistas en el diseño de las acciones que influyen en su calidad de vida.
El avance de este tipo de iniciativas fortalece la gobernanza participativa y representa una oportunidad para que las municipalidades continúen promoviendo espacios de consulta accesibles, en concordancia con los principios de inclusión y respeto a los derechos humanos.
