En el marco del trámite legislativo del expediente 23.908, se llevaron a cabo diversas audiencias para recabar opiniones y recomendaciones sobre el proyecto de ley. Entre los comparecientes, se destacan representantes de la Asociación Bancaria Costarricense, quienes expusieron sus perspectivas sobre el crimen organizado y la seguridad financiera en el país.
Audiencia del 3 de septiembre de 2024
Comparecientes: Mario Gómez y Daniel Castro (Asociación Bancaria Costarricense)
Durante esta audiencia, Mario Gómez enfatizó la preocupación del sector bancario respecto al incremento de fraudes vinculados al crimen organizado. Afirmó que, si bien el proyecto de ley es pertinente, es necesario revisar y afinar las disposiciones que busca implementar.
Entre las principales recomendaciones expuestas se incluyen:
- Fortalecimiento de Estándares de Seguridad: Se propuso que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) establezca, mediante reglamento, los requisitos y estándares de seguridad que deben cumplir los bancos. En caso de incumplimiento, las entidades financieras asumirían la responsabilidad correspondiente.
- Educación Financiera: Se planteó la necesidad de incluir en la legislación la obligación de los bancos de desarrollar programas de educación financiera. Se mencionó la posibilidad de exigir a los usuarios de productos financieros una capacitación previa para mejorar su conocimiento y prevención de fraudes.
- Prevención del Auto Fraude: Se discutió la experiencia de países como Chile, donde se implementó la obligación de que las entidades financieras o comerciantes asumieran las pérdidas por fraudes, lo que derivó en un aumento del auto fraude. Por ello, se recomendó mantener la inversión de la carga de la prueba, asegurando que la responsabilidad recaiga en quien incurra en negligencia o dolo.
- Creación de un Procedimiento Administrativo Eficiente: Se propuso establecer un mecanismo administrativo ágil para la resolución de casos de fraude, evitando la necesidad de recurrir exclusivamente a la vía judicial. Se sugirió la posibilidad de que entidades como la Sugef o el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se encarguen de estos procedimientos.
- Protección a Instituciones Públicas: Se sugirió una norma que autorice a las instituciones públicas a reembolsar los montos defraudados en casos donde no haya responsabilidad del cliente o cuando el costo-beneficio justifique el reembolso. Además, se planteó la necesidad de brindar protección legal a los funcionarios que tomen decisiones en este sentido.
- Creación de una Base de Datos de Usuarios de Riesgo: Se propuso ampliar la base de datos de la Sugef para incluir a personas que hagan mal uso de sus cuentas, colaborando con actividades delictivas. Además, se respaldó la iniciativa legislativa que busca tipificar esta práctica como delito y aumentar las penas por auto fraude.
Perspectiva de Raúl Rivera Méndez
Raúl Rivera Méndez abordó el problema del fraude digital y la facilidad con la que la identidad de una persona puede ser suplantada en entornos digitales. Destacó que, en el último año, Costa Rica ha reportado aproximadamente 20 millones de dólares en pérdidas debido a estafas digitales.
Según Rivera, el crimen organizado ha desarrollado múltiples estrategias para engañar a las víctimas, desde fraudes amorosos hasta engaños relacionados con compras en línea. Explicó que cada generación enfrenta este problema de manera distinta y subrayó la importancia de establecer mecanismos de verificación más rigurosos para evitar estos delitos.
Finalmente, se destacó la importancia de dotar a la Sugef de las herramientas necesarias para regular y supervisar los estándares de seguridad en las instituciones financieras, garantizando que las medidas preventivas sean efectivas y aplicables en todo el sector bancario.
Conclusiones
Las audiencias del expediente 23.908 han permitido evidenciar la creciente preocupación por la seguridad financiera en Costa Rica. Las propuestas planteadas buscan fortalecer la regulación, mejorar la educación financiera y garantizar mecanismos eficaces para la prevención y resolución de fraudes. La discusión legislativa continuará con el análisis de estas recomendaciones para su posible inclusión en la reforma legal.
