La sociedad estadounidense, en términos generales, se caracteriza por creer que el suyo es el mejor sistema político del plantea, no obstante sustentarse sobre unos valores que son lo suficientemente flexibles como para proclamar la igualdad de las personas, que el valor nacional -y mundial- supremo es la democracia, pero, al mismo tiempo, crear y apoyar dictaduras, financiar guerras, alimentar el racismo.
A ello, se suma el negacionismo, por una parte, de que su sistema electoral legaliza el fraude, y, por otra, de que “el sueño americano” no es más que una brutal -y desigual- lucha que, para negros, indígenas, latinos, inmigrantes en general, significa explotación/humillación/discriminación.
Para el estadounidense promedio, su país -no el continente- es América, su sistema sociopolítico es perfecto -e inigualable-, su democracia es inmaculada.
Y, de pronto, aparece un desquiciado autócrata -sí, me refiero al impresentable Donald Trump- quien abandera esa monumental desubicación colectiva, la maquilla -no de anaranjado sino de nacionalista rojo/blanco/azul-, y, patrioteramente, la manipula para tratar de imponer -según él, para siempre- una modificación sociogenética del ser estadounidense.
Habiendo empezado, en su primer cuatrienio presidencial (2017-2021), a convertir a Estados Unidos en una “república bananera” (“banana republic”) -incluyendo el dictatorial intento golpista del 6 de enero de 2021-, su regreso como inquilino de la Casa Blanca, apunta, en realidad, a consolidar la “bananización” del país -en variante anglosajona, con dictador rubio, de ojos celestes-.
La expresión “banana republic” es un término peyorativo acuñado, al inicio del siglo veinte, en Estados Unidos, como menospreciante referencia a países -en particular latinoamericanos, en especial centroamericanos- políticamente inestables, económicamente limitados, socialmente injustos, gobernados por corruptos/represivos caudillos -o sanguinarias dictaduras militares-.
En esa definición encaja, perfectamente, un país cuyo autócrata profirió, durante su primer cuatrienio presidencial (2017-2021), alrededor de 30 mil afirmaciones inexactas
-mayoritariamente, flagrantes mentiras, además de cifras manipuladas, errores fruto de monumental ignorancia, etc- contabilizadas por medios de comunicación -si se las promedia, la cifra es algo más de 20 diarias-.
Los ejemplos son casi que incontables, pero también lo serán -sin duda, en número fenomenalmente superior- los del nuevo cuatrienio presidencial -que apenas empezando, ya registra unas cuantas-.
De acuerdo con un chiste político regional respecto a la sobrepoblada galería de dictadores latinoamericanos, en Estados Unidos -a diferencia de las “repúblicas bananeras” de la región-, no puede haber golpe de Estado, porque, en ese país, no hay “embajada gringa”.
Sin embargo, la humorística afirmación no es del todo correcta, porque Estados Unidos no se ha librado de esas quiebras del orden constitucional.
La diferencia: en lugar de las tradicionales movilizaciones de tropas, y de los acostumbrados combates entre fuerzas leales e insurrectas -que son característicos de, por ejemplo, América Latina-, el pragmatismo de los conspiradores gringos ha limitado, los golpes, al asesinato del presidente en cuestión.
Para qué gastar en costosos despliegues militares, cuando unos certeros balazos resuelven, sin gasto exagerado, el problema?
De modo que, por la vía de los magnicidios express, Estados Unidos ha sido escenario de exitosas acciones golpistas contra cuatro de sus -hasta ahora- 45 presidentes: Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901), y John Kennedy (1963) -tres republicanos, los primeros, y un demócrata-.
Ahora, el kaiser gringo está de regreso -en modo vengativo, y con ganas de quedarse-, dejando brutalmente claro que los inmigrantes de “países de mierda” (“shithole countries”), no tienen lugar en Estados Unidos, contexto en el cual, a partir del 20 de enero -fecha de nueva juramentación del autócrata-, la cacería está en indetenible/arrasadora marcha.
En tal contexto, la frontera sur -el límite terrestre de 3,155 kilómetros, con México-, está militarizada -para que nadie “ilegal” tenga posibilidad de ver si, idealmente, hace realidad el ilusorio/utópico/elusivo “sueño americano”-.
Trump llegó, esta vez, a la presidencia, manipulando el manifiestamente bajo coeficiente intelectual de la masa de sus seguidores -absolutamente irracionales, acríticos, carentes de capacidad de análisis, como las hordas hitlerianas y mussolinianas del siglo pasado-.
Y llegó, en modo venganza: el Poder Judicial, el FBI, jueces y fiscales, testigos, legisladores de la comisión investigadora del intento golpista de 2021, son la población que está en la mira de la vendetta trumpiana -cuya implementación tiene el apoyo clave del multimillonario “co-presidente”, el sudafricano naturalizado canadiense y estadounidense Elon Musk-.
La espada autocrática, está desenvainada -hay que ver qué daño puede hacer, y cómo impedirlo o neutralizarlo-.
La muestra de lo que se perfila como cuatro años de autocrático oscurantismo primario -con la intención de que sean, por lo menos, ocho-, consiste, entre otros componentes, en la avalancha de decretos presidenciales -órdenes ejecutivas (executive orders)- que ha firmado desde la hora cero.
Las decenas de esos dictatoriales/retrógrados documentos incluyen el diktat general autoritariamente titulado “Recisiones iniciales de perjudiciales Decretos y Acciones Presidenciales” (“Initial recissions of harmful Executive Orders and Actions”) -que revocó 60 órdenes ejecutivas y 10 directivas o memorándums presidenciales (presidential memorandums) de la administración (2021-2025) liderada por Joe Biden-.
Se trata, explícitamente, de 70 decisiones que cubrían áreas tan variadas como, por ejemplo, la ambiental, la de diversidad sexual, la económica, la educativa, la étnica, la de igualdad de género, la judicial, la laboral, la migratoria, la militar, la de nombramientos gubernamentales, la racial, la de recursos naturales, la sanitaria, la de seguridad, la social.
Según el razonamiento justificatorio, contenido en la primera de las cuatro secciones del decreto -referida a “Propósito y Política” (“Purpose and Policy”)- “la administración previa, ha introducido prácticas profundamente impopulares, inflacionarias, ilegales, y radicales, en cada agencia y oficina del Gobierno Federal”.
“La inyección de ‘diversidad, equidad, e inclusión’ (‘diversity, equity, and inclusion’, DEI) en nuestras instituciones, las ha corrompido, al reemplazar el trabajo duro, el mérito, y la calidad, con una divisiva y peligrosa jerarquía preferencial”, se agrega.
“Órdenes de abrir las fronteras, han puesto al pueblo estadounidense en peligro, y disuelto recursos Federales, Estatales, y locales que debieron usarse para beneficiar al pueblo estadounidense”, además de que “el extremismo climático hay detonado la inflación y sobrecargado, a los negocios, con reglamentaciones”, según la trumpiana línea de arbitrario razonamiento.
“Para comenzar las políticas que harán a nuestra Nación unida, justa, segura, y próspera otra vez, es la política de Estados Unidos la de restaurar el sentido común, en el Gobierno Federal, y soltar el potencial del ciudadano estadunidense” -la narrativa hueca, peyorativa, sin fundamento, de Trump, convertida en decreto-.
“Las revocaciones dentro de esta orden serán los primeros de muchos pasos que el Gobierno Federal de Estados Unidos dará para reparar a nuestras instituciones y nuestra economía”, de acuerdo con lo planteado inmediatamente antes de la Sección 2, consistente en la extensa lista de acciones presidenciales de la administración Biden revocadas por el régimen de Trump.
En la última -que, extensamente, detalla la “Implementación” del decreto-, queda inequívocamente clara la ideología de injusticia socioeconómica que rige al trumpismo: “para efectuar las revocaciones descritas en la sección 2 de esta orden, los jefes de cada agencia darán pasos inmediatos para terminar con la implementación Federal de la ilegal y radical ideología DEI”,
Siguiendo esa línea de prejuicio cavernario, en una de las órdenes ejecutivas específicamente temáticas, el patán misógino trató de disimular su gen de agresor de género -después de haber perdido un juicio penal por violencia sexual-.
Esa farsa -que también procura esconder su fobia a la diversidad sexual- empieza en el título: “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género, y restituyendo la Verdad Biológica en el Gobierno Federal” (“Defending Women from Gender Ideology Extremism and restoring Biological Truth to the Federal Government”).
La Sección 1 -de las cuatro, mayoritariamente extensas, en que se divide el decreto- se refiere al “Propósito” del documento, y pareciera constituir una especie de imposible cátedra trumpiana en feminismo.
“En todo el país, los ideólogos quienes niegan la realidad biológica del sexo, han usado, crecientemente, coercitivos medios legales y sociales para permitir que los hombres se autoidentifiquen como mujeres, y tengan acceso a íntimos espacios para un solo sexo y actividades diseñadas para mujeres, desde refugios de abuso doméstico para mujeres hasta duchas de lugares de trabajo para mujeres” -insultante falacia desinformadora-.
“Eso, está mal”, se asegura, a continuación, ofendiendo la inteligencia y la sensibilidad de las mujeres, en general, y de las víctimas, en particular, de machismo agresor -como el que ejercen los trumpianos, empezando por su jefe-.
“Los esfuerzos para erradicar la realidad biológica del sexo, fundamentalmente atacan a las mujeres, al privarlas de su dignidad, seguridad, y bienestar”, según el decreto firmado por el convicto de haber abusado sexualmente, de una mujer, en un vestidor de una tienda en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
“La eliminación del sexo en el lenguaje y las políticas, tiene un impacto corrosivo no solamente en las mujeres sino en la validez de todo el sistema estadounidense” -la insultante hipocresía machista se oficializa como conducta gubernamental-.
“Basar las políticas Federales sobre la verdad, es esencial para la investigación científica, la seguridad pública, la moral, y la confianza en el gobierno mismo”, según el engañoso planteamiento que se traduce, en los hechos, en negación de la realidad de millones de personas, y en atropello del derecho a libremente/naturalmente autopercibirse como ser sexual.
- En el prejuiciado/machista/fóbico mundo trumpiano, el científico autoconcepto sexual (sexual self-concpet, SSC) no existe.
En ese represivo/discriminatorio ambiente de odio y mediocridad, no hay lugar para nada que se salga de la inflexible cuadratura conceptual reaccionaria, como tampoco lo hay para nada que la arbitrariedad del patriarcado no considere “normal”, “socialmente correcto”, “socialmente aceptable”.
Según esa aberrante conceptualización de lo que es una persona, la violencia de género -en todas sus variantes-, el abuso sexual -incluida la explotación- de mujeres y menores, la desigualdad de género -en cuenta la salarial- son manifestaciones machistas que encajan en lo “normal”, no así la diversidad sexual -en cuyo marco ser ella o él no necesariamente encaja en lo estrictamente biológico-.
Esta orden ejecutiva, en particular, refleja la naturaleza intolerante del trumpismo, al plantear, por ejemplo -siempre en la Sección 1-, en cuanto al respeto a la diversidad sexual, que “este insalubre camino esta pavimentado con un ataque permanente e intencional contra el uso y la compresión comunes y duraderos de los términos biológicos y científicos, reemplazando la inmutable realidad biológica de sexo, con un sentido interno, fluido, y subjetivo del ser, desprendido de los hechos biológicos”.
“Invalidar la verdadera y biológica categoría de ‘mujer’, indebidamente transforma leyes y políticas, diseñadas para proteger oportunidades basadas sobre sexo, en leyes y políticas que las minan, reemplazando duraderos, venerados derechos legales y valores, con un concepto social basado sobre identidad, incipiente”, según la absurda cátedra de género.
Hipócritamente, a continuación, Trump asevera: “por lo tanto, mi administración defenderá los derechos de las mujeres y protegerá la libertad de conciencia al usar lenguaje claro y preciso, y políticas que reconocen que las mujeres son biológicamente femeninas, y los hombre son biológicamente masculinos”.
Por si todo lo anterior fuese poco, la Sección 2 –“Política y Definiciones”- es aún más surrealista, ya que allí se determina -reiterativamente- que “es la política de Estados Unidos, el reconocer dos sexos: masculino y femenino”, y que “estos sexos no son pasibles de cambio, y están enraizados en una realidad fundamental e incontrovertible”.
A ello se suma que, “bajo mi dirección, el Poder Ejecutivo hará cumplir todas las leyes protectoras del sexo, que promuevan esta realidad”, advertencia/amenaza que es seguida por siete “definiciones que regirán toda interpretación y aplicación de la ley Federal y la política gubernamental”.
La inicial: “sexo se referirá a la inmutable clasificación biológica de una persona como masculino o femenina”, de modo que “‘sexo’ no es un sinónimo ni incluye el concepto de ‘identidad de género’”.
En tal contexto, “‘mujeres’ o ‘mujer’ y ‘niñas’ o ‘niña’, significará femeninas humanas adultas y juveniles, respectivamente”, mientras que, equivalentemente, “‘hombres’ u ‘hombre’, y ‘niños’ o ‘niño’, significará masculinos humanos adultos y juveniles, respectivamente”.
Y la presidencial lección en biología, continúa: “‘femenina’, significa una persona perteneciente, en la concepción, al sexo que produce la célula reproductiva grade”, mientras que, equivalentemente, “‘masculino’, significa una persona perteneciente, en la concepción, al sexo que produce la pequeña célula reproductiva”.
El decreto incluye, asimismo, definiciones que ilustran sobre su estructura de pensamiento.
“‘Ideología de género’, reemplaza a la categoría de sexo, con un constantemente cambiante concepto de identidad de género autoevaluada, permitiendo la falsa afirmación de que hombres pueden identificarse como, y así convertirse en, mujer, y viceversa, y requiriendo que todas las instituciones de la sociedad consideren que esta falsa aseveración es verdad”, se indica, simplista y falazmente.
Siguiendo esa línea conceptual, se determina que “‘identidad de género’ refleja un sentido plenamente interno y subjetivo del ser, desconectado de la realidad y el sexo bilógicos en secuencia infinita que no proporciona ninguna base significativa para la identificación, y no puede reconocerse como un reemplazo del sexo”.
En consecuencia, “cada agencia y todos los empleados Federales harán cumplir leyes que rijan los derechos, las protecciones, las oportunidades, y las instalaciones basados sobre sexo, para proteger a los hombres y a las mujeres como sexos biológicamente diferentes”.
“Cada agencia debe, por lo tanto, dar, a los términos ‘sexo’, ‘masculino’, femenina’, ‘hombres’, ‘mujeres’, ‘niños’, y ‘niñas’, los significados establecidos en la sección 2 de esta orden, cuando interprete o implemente estatutos, regulaciones, u orientación, y en todos los demás asuntos, documentos, y comunicaciones oficiales de las agencias”.
Otra manipuladora orden ejecutiva, se refiere, engañosamente, a “Proteger el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense” (“Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”).
De lo que se trata, en realidad, es de violar el derecho de las personas nacidas en territorio estadounidense cuyos padres estén, a ese momento, en situación migratoria irregular -a quienes el trumpismo y el resto del neandertalismo político estadounidense etiquetan, despectivamente, como “ilegales” ( “illegals”), ignorando que las situaciones son lo ilegal, no así no las personas-.
- En este caso, la manipulación se basa sobre el uso intencionalmente tergiversador de la Enmienda 14 de la Constitución.
En la primera de sus cinco secciones, la enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.
“Ningún Estado hará, ni hará cumplir, ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; tampoco, ningún Estado privará, a ninguna persona, de la vida, la libertad, o la propiedad sin el debido proceso de la ley; ni negará, a ninguna persona dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”, según el mismo texto -que data de 1868-.
La 14, es considerada como una de las enmiendas constitucionales más significativas, ya que, junto a garantizar los derechos referidos a la ciudadanía estadounidense, determina protección igualitaria bajo la ley.
Pero la trumpiana orden ejecutiva sobre ciudadanía constituye una flagrante manipulación violatoria de ese mandato -vigente hace más de un siglo y medio-.
Ello, al plantear, en la primera de sus cuatro secciones, que “la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada para extender la ciudadanía, universalmente, a todos los nacidos en Estados Unidos” sino que “siempre ha excluido, de la ciudadanía por derecho de nacimiento, a personas quienes nacieron en Estados Unidos pero no ‘sujetas a su jurisdicción’”.
Según la misma patriotera narrativa, “entre las categorías de personas nacidas en Estados Unidos pero no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de Ciudadanía de Estados Unidos no se extiende automáticamente a personas nacidas en Estados Unidos” en los casos “cuando la madre de esa personas estaba ilegalmente presente en Estados Unidos, y el padre no era un ciudadano de Estados Unidos ni un residente permanente, en el momento del Nacimiento de la referida persona”.
Tampoco, “cuando la presencia de la madre de esa persona en Estados Unodos, al momento del Nacimiento de la referida persona era legal pero temporal -como por ejemplo, pero no únicamente, visitando Estadios Unidos bajo los auspicios del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) o visitando con visa de estudiante, laboral, o de turista- y el padre no era ciudadano de Estados Unodos ni residente permanente legal en el momento del Nacimiento de la referida persona”.
Acorde con la Sección 2 del decreto -referida a “Política” (“Policy”), “es política de Estados Unidos que ningún departamento o agencia del gobierno de Estados Unidos emitirá documentos reconociendo la ciudadanía de Estados Unidos, ni aceptará documentos emitidos por gobiernos de Estados, locales, u otros, o autoridades, que pretendan reconocer la ciudadanía de Estados Unidos” cuando se trate de personas mencionadas en la Sección 1.
También se incluye, en la Sección 4, dos fóbicas definiciones, para determinar que, “tal como se usa en esta orden: (a) ‘Madre’ significa la progenitora biológica femenina inmediata”, mientras que “(b) ‘Padre’ significa el progenitor biológico masculino inmediato”.
De modo que, mediante una discriminatoria orden presidencial, el trumpismo viola, flagrantemente, la Declaración Universa de los Derechos Humanos -vigente desde 1948- que, en el decimoquinto de sus 30 artículos, establece, entre otros inequívocos preceptos, que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”.
Por otra parte, el componente imperialista -como rasgo fundamental de la política exterior del trumpismo- tiene inevitable presencia en la montaña de órdenes ejecutivas del primer día -y los siguientes, en la semana uno-.
El nuevo secretario de Estado, el estadounidense-cubano ex senador republicano Marco Rubio -un ex precandidato presidencial, y ex crítico de Trump-, recibió una orden expresada de manera lo suficientemente vaga como para permitir cualquier barbaridad en el escenario mundial: implementar la política exterior “Estados Unidos primero” (“America First”).
En el decreto cuyo título es “Directiva de Política Estados Unidos Primero al Secretario de Estado” (“America First Policy Directive to the Secretary of State”), su nuevo jefe le indica -en la Sección 1, sobre “Propósito”-: “a partir de este día, la política exterior de Estados Unidos impulsará los iteres estadounidenses clave, y siempre pondrá, primero, a Estados Unidos y a los ciudadanos estadounidenses”.
En la segunda de las tres cortas secciones -referida a “Política” (“Policy”), le ordena, asimismo, que “tan pronto como sea factible, el Secretario de Estado emitirá orientación para alinear las políticas, los programas, el personal, y las operaciones del Departamento de Estado, con una política exterior de Estados Unidos Primero, que ponga, primero, a Estados Unodos y sus intereses”.
La vaguedad de esa redacción tuvo la consecuencia inicial, en la orden ejecutiva titulada “Reevaluando y Realineando la Ayuda Exterior de Estados Unidos” (“Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”).
En la primera de cinco mayoritariamente extensas secciones -referida a “Propósito”- se determina -siguiendo el repetido libreto de Trump- que “ni el esfuerzo ni la burocracia de la ayuda exterior de Estados Unidos, están alineados con los intereses estadounidenses, y en muchos casos son antitéticos de los valores estadounidenses”.
Ello, porque, según esa percepción, “sirven a la desestabilización de la paz mundial mediante la promoción de ideas, en países extranjeros, que son directamente contrarias a las armoniosas y estables relaciones internas y entre los países”.
Al describir la “Política” (“Policy”), en la segunda, se asevera -siempre en términos estrictamente trumpistas- que “es la política de Estados Unidos que la ayuda exterior de Estados Unidos sea desembolsada de manera que no esté plenamente alineada con la política exterior del Presidente de Estados Unodos” -la que está descrita en la anterior y breve orden ejecutiva-.
En tal contexto, en la Sección 3 se ordena, entre otras acciones, una drástica “pausa de 90 días en la asistencia externa estadounidense para el desarrollo, para evaluar las eficiencias programáticas y la congruencia con la política exterior de Estados Unidos”.
En tal cuadro de situación, “todos los jefes de departamento y agencia con responsabilidad en la política exterior estadounidense para el desarrollo suspenderán, inmediatamente, nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de ayuda al desarrollo para países extranjeros y organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, y contratistas ejecutores, a la espera de revisiones de tales programas en materia de eficiencia programática y congruencia con la política exterior de Estados Unidos”.
Esa revisión “será llevada a cabo en los 90 días siguientes a esta orden”, y “la Oficina Administrativa y Presupuestaria (Office of Management and Budget, OMB) implementará esta pausa”.
Según lo previsto, “los jefes de departamento y agencia responsables, en consulta con el Director de la OMB, harán determinaciones, en los 90 días siguientes a esta orden, sobre si continuar, modificar, o cesar cada programa de asistencia externa, sobre la base de las recomendaciones de la revisión, con la participación del Secretario de Estado”, quien “puede exentar de la pausa, a programas específicos”.
Y el secretario hizo, exactamente eso: declaró a Israel y a Egipto, exentos de la suspensión.
Se trata de dos aliados de Estados Unidos en el contexto de permanente conflicto en oriente medio.
Esta decisión fue conocida como parte de un extenso memorándum que Rubio dirigió, el 24 de enero -tres días después de que Trump firmó la respectiva Orden Ejecutiva-, a “Todos los Puestos Diplomáticos y Consulares colectivamente” (“All Diplomatic and Consular Posts collective”).
En el punto 12 -y penúltimo-, del texto, Rubio indicó, entre otras precisiones, que “el Secretario de Estado ha aprobado exenciones”, que cubren “el financiamiento militar externo para Israel y Egipto, y gastos administrativos, incluyendo salarios, necesarios para administrar el financiamiento militar extranjero”.
En cambio, Trump anunció, el 26 de enero, en su red social -Truth Social (Verdad Social)-, sanciones contra el gobierno de Colombia, cuyo presidente, el centroizquierdista y ex guerrillero Gustavo Petro, se negó a autorizar la llegada de dos aviones estadounidenses transportando a migrantes irregulares colombianos detenidos, en el país norteamericano, en el marco de la represión xenofóbica trumpiana.
“Fui recién informado que dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos, con un gran número de Criminales Ilegales, no fueron autorizados a aterrizar en Colombia”, indicó, para agregar que “esta orden fue dada por el Presidente socialista de Colombia Gustavo Petro, quien ya es muy impopular entre su pueblo”.
“La negativa de Petro de estos dos vuelos ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de Estados Unidos, por lo que he instruido que mi Administración tome, inmediatamente, las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas”, siguió planteando.
- Se trata de “tarifas de emergencia de 25% sobre todos lo bienes que entran a Estados Unodos. En una semana, las tarifas de 25% serán elevadas a 50%”, comenzó a enumerar.
Asimismo, “una Prohibición de Viajes e inmediatas Revocaciones de Visa para los Funcionarios Gubernamentales colombianos”, además de “Sanciones de Visa para todos los Miembros del Partido, Miembros de la Familia, y Partidarios del Gobierno Colombiano”
-el partido político es Colombia Humana, fundado en 2011, y liderado por Petro-.
Igualmente, “mejoradas inspecciones de Protección Aduanera y Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) para todos los nacionales y la carga colombianos, por razones de seguridad nacional”, lo mismo que “sanciones de IEEPA (International Emergency Economic Powers Act -Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional-), de (el Departamento del) Tesoro, bancarias y financieras a ser plenamente impuestas”.
Trump aseguró, además, que “estas medidas son sólo el comienzo”, porque, en su autocrática visión, “no permitiremos que el Gobierno Colombiano viole sus obligaciones legales respecto a la aceptación del regreso de los Criminales que impusieron a Estados Unidos”.
El presidente estadounidense difundió la información, debajo de una fotografía en la que aparee -muy adecuadamente- vestido como un gángster estadounidense de mediados del siglo pasado -traje con chaleco negros, finas rayas blancas, camisa blanca, corbata roja, sombrero con el ala hacia abajo, al frente-, en actitud amenazante, junto a la inscripción “FAFO”, y un emoji de sonrisa.
Se trata de la sigla de una altamente vulgar e intimidatoria expresión: “Fuck Around and Find Out” (“Jodan y Verán”).
Trump reaccionó así al mensaje difundido, horas antes, en la red social X, por Petro, en el sentido de que “los EEUU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes Colombianos”.
“Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombiano a nuestro territorio”, agregó, a continuación, para señalar que “EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros”.
Por su parte, la Presidencia de Colombia, indicó, poco después, en un extenso comunicado que difundió también en X, que “el Gobierno de Colombia, bajo la dirección del Presidente Gustavo Petro, ha dispuesto el avión presidencial para el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, provenientes de vuelos de deportación”.
Y, en la misma red social, el gobernante sudamericano se dirigió, con firmeza/dignidad latinoamericana, a su contraparte estadounidense.
“Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ira a los barrios negros de Washington”, comenzó planteando, en el texto de 18 párrafos.
“No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago de Whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil porque usted me considera de una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano”, indicó, más adelante.
“Así que si conoce algún terco, ese soy yo, punto,” aseguró.
Y, además, actualizó a su arrogante interlocutor: “Colombia ahora deja de mirar al norte, mira al mundo”, agregando -respecto a la sanción arancelaria- que “me informan que usted pone a nuestro fruto de trabajo humano 50% de arancel para entrar a Estados Unidos, yo hago lo mismo”.
