El ejercicio ilegal de la docencia: un problema que afecta la calidad educativa en Costa Rica

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La calidad de la educación en Costa Rica es un tema que preocupa a toda la sociedad. En este contexto, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) ha hecho un llamado a reforzar el cumplimiento de la normativa que exige la colegiatura para ejercer la docencia en el país. Según el vocero de la institución, Lic. Jesús Rojas Oconor, el ejercicio ilegal de la docencia es una problemática que no debe tomarse a la ligera, pues tiene repercusiones directas en la formación de las nuevas generaciones.

La colegiatura: un requisito indispensable

El Colypro ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de la colegiatura como un mecanismo para garantizar la calidad y la ética profesional en la educación. Tanto en instituciones públicas como privadas, los docentes deben estar debidamente registrados en el Colegio, lo que asegura que han cumplido con los requisitos académicos y normativos exigidos por el sistema educativo costarricense.

Pese a ello, según Oconor, aún existen docentes que ejercen sin estar colegiados, lo que no solo contraviene la ley, sino que también representa un riesgo para la calidad del aprendizaje de los estudiantes. «Es un llamado a la responsabilidad de los centros educativos, los docentes y los padres de familia», expresó.

Responsabilidad de los centros educativos y los padres de familia

Desde el Colypro se insta a los centros educativos a contratar únicamente docentes colegiados, destacando que esta es una exigencia legal y una garantía de calidad profesional. La institución señala que los docentes registrados cumplen con estándares éticos y académicos que les permiten ofrecer una educación de excelencia.

Asimismo, se hace un llamado a los padres de familia para que exijan que los educadores que atienden a sus hijos cuenten con la debida certificación. «Los padres tienen un papel fundamental en la selección de la institución educativa, y exigir la colegiatura de los docentes es un derecho que garantiza la ética y la calidad educativa», afirmó el vocero del Colypro.

Consecuencias del ejercicio ilegal de la docencia

El ejercicio ilegal de la docencia puede acarrear sanciones penales, según lo indicado por el Colegio. Esta situación pone de manifiesto la seriedad de la colegiatura como un mecanismo de control profesional. Además, el Colypro subraya que los docentes habilitados han pasado por un riguroso proceso de incorporación y formación continua, lo que les permite mantenerse actualizados con los avances pedagógicos.

«Al contratar únicamente a docentes colegiados, los centros educativos no solo cumplen con la ley, sino que también fortalecen su prestigio y el reconocimiento de su compromiso con la excelencia educativa», agregó Oconor. Este compromiso con la calidad también genera mayor confianza entre los padres de familia y la sociedad en general.

La crisis educativa y el fortalecimiento de la educación privada

Costa Rica enfrenta una crisis en el sector educativo, especialmente en el ámbito público. En este sentido, el Colypro considera que fortalecer la educación privada puede ser una estrategia para contribuir al desarrollo económico y social del país. «Es crucial que en medio de esta coyuntura se refuerce la exigencia de la colegiatura en las instituciones privadas, no solo para mejorar la calidad educativa, sino también para colaborar con el desarrollo integral de los estudiantes», indicó el vocero.

Un compromiso con la educación de calidad

El llamado del Colypro es claro: la docencia debe ser ejercida únicamente por profesionales debidamente colegiados. El cumplimiento de esta normativa es una garantía de formación académica, ética y profesionalismo en la enseñanza. Los centros educativos, los docentes y los padres de familia tienen una responsabilidad compartida en la construcción de un sistema educativo de calidad, y la colegiatura es una herramienta clave para lograrlo.

El ejercicio ilegal de la docencia no debe ser tomado a la ligera, ya que sus implicaciones van más allá del incumplimiento de la normativa: impactan directamente en la calidad de la educación y, por ende, en el futuro del país.

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