Una crítica frontal al enfoque dominante
Gerardo Leal Orías plantea una crítica directa y sin concesiones al modo en que la sociedad costarricense —y particularmente ciertos discursos institucionales y mediáticos— abordan el fenómeno del consumo y tráfico de drogas. En su texto “La afrenta no vista por defensores”, Leal sostiene que existe una paradoja moral y social: mientras se enfatiza la protección del agresor, se deja en segundo plano el daño estructural causado a la colectividad.
Para Leal, “el consumo y tráfico de drogas se ha instalado como un fenómeno de erosión social silenciosa”, cuyas consecuencias no se limitan al individuo, sino que afectan la salud mental, la dignidad colectiva y la convivencia social.
La paradoja moral: ¿a quién se protege?
Uno de los núcleos del planteamiento de Leal es lo que denomina una inversión ética en el discurso público. Según afirma, los enfoques centrados exclusivamente en el agresor terminan invisibilizando a la sociedad como víctima.
“Mientras los discursos de defensa de derechos humanos se concentran en la protección del agresor, se invisibiliza la afrenta directa contra la sociedad civil”.
Desde su perspectiva, esta omisión no es menor: implica negar que la sociedad, como sujeto colectivo, también posee derechos que deben ser protegidos.
El impacto sanitario y económico: la carga compartida
Leal introduce un argumento concreto y verificable: el costo social y financiero del consumo de drogas. Sostiene que las adicciones generan enfermedades que terminan siendo atendidas por el sistema público de salud.
“Ese enfermo termina siendo atendido en centros hospitalarios públicos, particularmente de la CCSS, financiados con recursos aportados por trabajadores, patronos y productores independientes”.
En este punto, Leal subraya que quienes nunca consumieron drogas terminan asumiendo colectivamente los efectos del narcotráfico, lo que, a su juicio, constituye una forma de injusticia estructural.
Normalización y tolerancia: una advertencia social
Otro eje central del texto es la crítica a la normalización cultural y mediática del consumo y tráfico de drogas. Leal advierte que presentar estas prácticas como inevitables o aceptables debilita los mecanismos de autoprotección social.
Sin recurrir a eufemismos, sostiene que una sociedad que tolera la autodestrucción de sus miembros compromete su propia continuidad moral, debilitando la cohesión y la responsabilidad colectiva.
El narcotráfico como agresión estructural
Leal rechaza de forma tajante la idea de que los traficantes sean simples intermediarios económicos. Para él, el narcotráfico opera en múltiples niveles de daño.
“Los traficantes no son meros proveedores; son agentes homicidas que destruyen al individuo y desmoronan la moral pública”.
En su análisis, el daño no se limita a la persona consumidora, sino que se extiende a la convivencia, la institucionalidad y la estabilidad social.
Derechos humanos: una crítica al enfoque dominante
Uno de los pasajes más polémicos del texto es su cuestionamiento a ciertos sectores autodenominados defensores de derechos humanos. Leal sostiene que existe una comprensión incompleta del concepto.
“Los derechos humanos son inherentes también a las sociedades, no solamente a los individuos que las agreden”.
Para Leal, defender únicamente al agresor sin considerar a la víctima social constituye una forma de olvido institucional, donde la dignidad colectiva queda relegada.
La respuesta del Estado: defensa social legítima
Leal afirma que cuando el Estado enfrenta al narcotráfico con firmeza, no incurre en violencia injustificada, sino en una forma de defensa social legítima.
“Quien enfrenta al agresor con las mejores y mayores herramientas posibles lo hace por el bien común de la sociedad”.
Desde su óptica, la proporcionalidad de la respuesta debe medirse en función del daño que el narcotráfico provoca a la sociedad en su conjunto.
Conclusión: una advertencia ética
Leal concluye que la verdadera afrenta no es solo el narcotráfico, sino la complicidad pasiva de discursos mal enfocados que terminan favoreciendo al agresor.
“Defender la dignidad social no es opcional; es un imperativo ético”.
Su llamado no es únicamente punitivo, sino moral: recolocar a la sociedad en el centro del debate, reconocerla como sujeto de derechos y actuar en consecuencia.
✍️ Firma
Alberto Cabezas Villalobos
Periodista costarricense. Cubre temas de educación, cultura, derechos humanos y laborales.
Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Educación.
Secretario de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras, Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Unitaria de Trabajadores y miembro del Foro Nacional Consultivo de Personas con Discapacidad.
