La institución más grande del país solo registra 147 funcionarios con discapacidad entre más de 68.500 trabajadores. La propia CCSS admite que la cifra depende de que cada persona declare su condición en un sistema en línea.
San José. De cada 1.000 personas que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), solo dos aparecen en los registros oficiales como personas con discapacidad. La institución contabiliza 147 funcionarios con esta condición, el 0,21% de su planilla, según datos de la Dirección Administración y Gestión de Personal (DAGP) remitidos a este medio.
La cifra surge de la planilla salarial de junio de 2026 y del reporte de condición de discapacidad del Sistema Integrado de Planillas y Empleo (SIPE). Ese reporte contabiliza 68.554 funcionarios en total. Sin embargo, la misma respuesta institucional deja claro que el número no necesariamente refleja la realidad.
Una estadística que depende de la autodeclaración
Según la DAGP, la condición de discapacidad solo queda registrada si el propio trabajador la incorpora en su perfil de currículo en el módulo RH en Línea del Portal de Recursos Humanos. Luego debe coordinar con la unidad de recursos humanos de su centro de trabajo para validar el documento en su expediente digital.
Consultada sobre qué ocurre con quienes tienen una discapacidad pero no han subido su certificación, la institución fue directa: «si la persona no incluye la información en el módulo informático, no es posible evidenciarlo dentro de los datos estadísticos».
La CCSS reconoció además que no sabe cuál es la brecha entre las personas que podrían tener una discapacidad y las que aparecen registradas. Aun así, sostiene que RH en Línea y el Módulo Ingreso de Talento Humano (MITH) «permiten conocer con precisión» a las personas trabajadoras «que desean formar parte de tales estadísticas».
El registro existe desde 2019, cuando entró en funcionamiento el módulo de recursos humanos en línea. Lo administra la Subárea Admisión y Empleo, adscrita al Área Dotación de Personal.
Sin meta, sin histórico y sin estudios
La respuesta de la DAGP deja varios vacíos. La institución indicó que no identifica una meta de participación laboral de personas con discapacidad. Tampoco identifica una normativa específica que la obligue a contabilizar o dar seguimiento a esta población, y no sabe si remite estos datos a alguna otra entidad del Estado.
Esa respuesta contrasta con el marco legal vigente. La Ley 8862, de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, obliga a las instituciones públicas a reservar al menos un 5% de sus plazas vacantes para esta población. Sin un registro confiable, verificar ese cumplimiento resulta difícil.
La CCSS tampoco pudo aportar cifras de los últimos cinco años, porque la tabla disponible solo muestra la cantidad actual. No lleva datos sobre ascensos ni traslados de funcionarios con discapacidad, porque esos movimientos se gestionan a nivel local. Además, la DAGP no ha elaborado estudios sobre inclusión laboral ni sobre brechas salariales o de desarrollo profesional entre trabajadores con y sin discapacidad. En varias de estas consultas, la institución remitió a la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD).
La DAGP también indicó que el archivo adjunto contenía las estadísticas de contratación anual de personas con discapacidad. Sin embargo, el documento remitido a este medio no incluye datos de contratación por año, solo la fotografía de junio de 2026.
Igualdad formal, sin medición
Sobre la igualdad de oportunidades, la institución afirmó que todas las personas pueden aplicar y participar en los mismos procesos de selección. Añadió que no tiene denuncias ni quejas de personas con discapacidad que hayan tenido problemas para acceder a promociones. No obstante, la institución no dispone de estadísticas que le permitan verificar si esa igualdad formal se traduce en resultados equivalentes.
Quiénes son los 147
El desglose aportado por la CCSS permite trazar un perfil de la población registrada.
El 63% son mujeres (93) y el 37% hombres (54). Casi la mitad, 69 personas, tiene entre 40 y 49 años.
En cuanto a formación, 57 tienen bachillerato universitario, 18 licenciatura, dos especialidad y una un doctorado. Otras 54 personas, más de un tercio del total, no tienen registro de su grado académico en el SIPE. Ese vacío vuelve a mostrar la fragilidad de la información disponible.
Por ocupación, el grupo más numeroso trabaja en Tecnologías en Salud (34 personas). Le siguen los profesionales (21) y las enfermeras licenciadas (20). En el subgrupo de jefaturas, que suma 1.196 plazas en la institución, solo se registran tres funcionarios con discapacidad.
Una distribución desigual en el territorio
San José concentra 64 de los 147 casos, el 44%. Le siguen Alajuela (24), Puntarenas (18), Cartago (15), Heredia (13) y Limón (9). Guanacaste registra apenas cuatro funcionarios con discapacidad entre más de 5.100 trabajadores.
El análisis por centro de trabajo es aún más revelador. De 288 centros incluidos en el reporte, 210 no registran a ninguna persona trabajadora con discapacidad. Entre ellos hay establecimientos de gran tamaño, como el Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia (1.508 funcionarios), el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Zeledón (1.476), el CENDEISSS (1.110) y el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva (848).
En los hospitales, la CCSS registra 72 funcionarios con discapacidad entre 34.245 trabajadores. De ellos, 44 ti
enen discapacidad física, 19 sensorial, seis mental y tres intelectual. El Hospital México encabeza la lista con 12 personas. En proporción, el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, tiene el porcentaje más alto entre los hospitales: cinco de 673 funcionarios (0,74%).
Lo que queda pendiente
La respuesta institucional deja una conclusión incómoda. La CCSS puede decir cuántas personas han declarado su discapacidad, pero no cuántas personas con discapacidad trabajan realmente para ella. Tampoco puede medir si progresan en igualdad de condiciones ni si la institución cumple sus obligaciones legales de inclusión.
