La Policía Nacional ha detenido al promotor de un evento en Torremolinos, Málaga, que excluía a personas del colectivo LGTBIQ+, bajo la acusación de incitación al odio. El individuo, de 38 años, había promovido la fiesta en redes sociales con comentarios despectivos hacia este colectivo, al referirse a ellos como «enfermos».
La polémica surgió cuando el promotor organizó la fiesta en el local popularmente conocido como Club Fátima Ino, donde las normas publicadas en Instagram incluían una frase que prohibía la entrada a personas identificadas como parte del colectivo LGTBIQ+: “No peleas, drogas, gorras, chanclas ni maricones”. Este mensaje generó una fuerte condena tanto a nivel local como nacional, haciendo que las autoridades se movilizaran para frenar el evento.
La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, fue informada del evento a través de una captura de pantalla de la publicación en redes sociales y expresó su repudio, subrayando que “el odio y la homofobia no tienen cabida aquí”. Acto seguido, hizo pública la denuncia y comprometió el apoyo de su equipo para evitar la realización de la fiesta, además de tomar acciones contra el promotor.
El evento estaba programado para el sábado 18 de enero, pero tras la denuncia de la alcaldesa, las autoridades intervinieron. La Fiscalía de Málaga abrió una investigación de oficio para determinar si el organizador había violado las leyes que protegen la igualdad de trato y los derechos fundamentales de las personas, especialmente en relación con la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
El arresto del promotor se produjo el 14 de enero, cuando la Policía Nacional logró localizarlo. Fue detenido bajo la acusación de incitación pública al odio, y tras ser presentado ante un juez, quedó en libertad con cargos. A pesar de las consecuencias legales, el promotor comunicó que planeaba trasladar la fiesta a Málaga.
La respuesta institucional ante este acto homófobo no se limitó solo a la Policía y la Fiscalía. La Junta de Andalucía también abrió un expediente administrativo contra el promotor, en virtud de la Ley 8/2017, que garantiza la igualdad de trato y los derechos de las personas LGTBI. La infracción podría resultar en una multa de hasta 60.000 euros, según la legislación vigente. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó el evento como “intolerable” e “ilegal”, reiterando que actitudes como esta son inaceptables dentro del marco legal español y de la Constitución.
Este incidente ha generado una fuerte controversia en la localidad, recordando la necesidad de mantener un firme compromiso con la inclusión y la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Las autoridades locales y nacionales continúan trabajando para garantizar que tales eventos no se repitan y que los derechos de todas las personas sean respetados de manera plena e incondicional.
