Desde hace 5 años los costarricenses esperan sistema de pago electrónico en el transporte público  

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Desde antes del 2014 los costarricenses estamos esperando que se vea plasmado la utilización del sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público en todo el territorio nacional  con la finalidad de  obtener una modernización, eficiencia y la seguridad del servicio de transporte público, que tendría mayor utilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Pero a la fecha ese Sistema no ha sido implementado en todo el país y se ha invertido en el mismo más de  ₡1.190,7 millones.

Los beneficios esperados de ese Sistema contemplan el ahorro en costos por la disminución en el manejo de efectivo, la fabricación, la administración y el abastecimiento de dinero de baja denominación, mejoras en la recaudación de impuestos, en el cálculo de tarifas, así como en la planificación y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía.

Asimismo, ante la actual emergencia sanitaria, esa modalidad de pago podría ser un factor de incidencia positiva en aspectos de salud, al disminuirse el contacto físico que implica el pago en efectivo ó en el caso de los adultos mayores  disminución de maltratos de algunos choferes de buses porque deben anotar número de cédula como forma de pago lo cual requiere tiempo y esto estresa a algunos conductores.

Hasta la fecha del 2020 el mismo carecía  de un Plan de Proyecto, el cual es clave para orientar la forma en que será ejecutado, monitoreado y controlado para su desarrollo e implementación, ya que es en ese plan que se definen aspectos mínimos relacionados con el alcance, el tiempo y los costos, así como la integración de todos los planes necesarios para la gestión de los riesgos, el recurso humano, los recursos financieros, entre otros.

Aunado a lo anterior, en el año 2020 no se había identificado los riesgos que podrían enfrentarse durante el desarrollo e implementación del Sistema y por ende no se realiza una gestión de éstos ese año, no se definió un plan de gestión de costos que permitiera planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto, siendo que cada institución gestiona los recursos que invierten de manera independiente y no se dispone de un registro integrado a nivel interinstitucional para el control de los costos invertidos.

Adicionalmente, para ese año se determinó que el Banco Central de Costa Rica se encontraba diseñando el Sistema Central de Recaudo, el cual se espera funcione como un servicio integrado a la plataforma del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, mediante el cual se reciba la información de las transacciones de pago efectuadas en los servicios de transporte público, se realice el cálculo de las tarifas, se procesen los pagos y distribuyan los ingresos.

Dicho sistema corresponde al producto esperado de un proyecto que fue aprobado desde el año 2017 y para el cual se determinó que los riesgos no son actualizados ni valorados periódicamente conforme a los cambios que se presentan, el plan del proyecto se encuentra desactualizado y existen debilidades en la documentación de las decisiones y cambios del proyecto.

Ya que desde época se han suscrito convenios; y, a partir del año 2017, se encuentra a cargo de un órgano de decisión interinstitucional conformado por los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Transporte Público, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Banco Central de Costa Rica.

Esto se desprende de la Auditoría de la División de Fiscalía Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de servicios Económicos de la Contraloría General de la República el cual encuentra errores en la gobernanza y la planificación del proyecto para la implementación del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público conforme al marco regulatorio aplicable, de manera que se promueva un uso óptimo de los recursos y el logro de los objetivos.

Por lo cual emitió el Informe N. DFOE-EC-IF-00013-2020 del 12 de Agosto del 2000 denominado “Informe de Auditoría de Carácter  Especial Sobre  el proyecto para la implementación del sistema de pago electrónico en el transporte público”, donde se evalúa  periodo del 1 de enero del 2017 al 31 de mayo de 2020.

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