La Defensoría de los Habitantes ha manifestado su preocupación en torno a la educación financiera de la población, en especial de la Población Adulta Mayor (PAM), y ha expresado su inconformidad con un proyecto de ley que busca modificar la responsabilidad de las entidades financieras ante fraudes electrónicos.
Educación financiera para la Población Adulta Mayor
La Defensoría ha enfatizado la necesidad de reducir la brecha digital y mejorar la educación financiera para garantizar un uso seguro de los servicios bancarios. En este sentido, ha recomendado acciones a instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Además, ha resaltado la importancia de la III Guía de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía y Comercio, como un esfuerzo clave para mejorar el conocimiento de la población sobre seguridad financiera.
Posición sobre el proyecto de ley
El proyecto de ley en discusión propone establecer la responsabilidad objetiva de los bancos ante fraudes electrónicos, lo que significa que las entidades financieras serían responsables automáticamente sin importar las circunstancias del caso.
Sin embargo, la Defensoría argumenta que la jurisprudencia de la Sala Primera ya ha abordado estos temas y que la aprobación del proyecto podría generar dificultades prácticas.
Uno de los puntos clave señalados es que ni la Sala Primera ni el proyecto de ley eximen a las personas afectadas de realizar los trámites administrativos o judiciales necesarios para recuperar su dinero. La Defensoría subraya que los usuarios deben demostrar el daño sufrido y el nexo de causalidad, lo que descarta la posibilidad de una compensación automática con la simple denuncia.
Posturas de los bancos y la Asociación Bancaria Costarricense
La Asociación Bancaria Costarricense reconoce la gravedad de los fraudes electrónicos y ha desarrollado iniciativas para prevenirlos, incluyendo campañas de concientización y coordinación con instituciones para generar estadísticas sobre el problema.
No obstante, sostiene que la legislación vigente ya permite a los tribunales determinar la responsabilidad de los bancos y que forzarlos a asumir responsabilidad en todos los casos podría beneficiar indirectamente al crimen organizado.
Por su parte, Banca Promerica advierte que una responsabilidad absoluta de las entidades financieras podría fomentar el «auto fraude», donde algunos clientes podrían alegar ser víctimas de estafa para obtener compensaciones.
Además, considera que esto podría desincentivar a los usuarios a tomar medidas de seguridad personal, generando inestabilidad en el sistema financiero.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal también ha manifestado su preocupación, argumentando que la inversión de la carga de la prueba podría afectar negativamente la resolución de casos en los tribunales.
Adicionalmente, el Banco de Costa Rica ha señalado la importancia de fortalecer los sistemas de detección de fraudes y considerar la posibilidad de implementar seguros contra fraudes para proteger a los usuarios.
Conclusión
El debate en torno a la responsabilidad de los bancos en fraudes electrónicos sigue abierto, con posiciones encontradas entre la Defensoría de los Habitantes, el sector financiero y las autoridades regulatorias.
Mientras la Defensoría aboga por una mejor educación financiera y considera que la legislación vigente ya cubre los casos de fraude, la banca argumenta que la nueva normativa podría generar efectos adversos en la seguridad del sistema financiero.
El futuro del proyecto de ley dependerá de las discusiones legislativas, de cómo se logre equilibrar la protección de los usuarios con la estabilidad y seguridad del sector bancario en el país.
