En una de las decisiones más contundentes del Ministerio de Justicia y Paz en los últimos años, Costa Rica ha iniciado el traslado masivo de personas privadas de libertad hacia módulos de máxima seguridad. El objetivo: retomar el control en centros penitenciarios marcados por el hacinamiento, la violencia y el ingreso constante de objetos prohibidos.
Según datos oficiales, con corte al 10 de abril, se han trasladado 151 reclusos a módulos de alta contención. Esto como parte de una orden girada por el ministro Gerald Campos Valverde, quien dispuso extender la capacidad del régimen de máxima seguridad de apenas 80 espacios a un total de 1.000.
“Esta fuerza policial está comprometida en dar el mejor servicio policial para garantizar la seguridad en los establecimientos penitenciarios, pero consigo la seguridad de este país”, expresó el oficial Luis Carlos Jiménez Chavarría, de la Policía Penitenciaria.
Redadas en La Reforma: celulares, drogas y armas
La ofensiva institucional no se quedó en los traslados. El jueves 10 de abril se ejecutaron dos operativos policiales en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, que dejaron al descubierto la magnitud del problema.
Las autoridades decomisaron ocho teléfonos celulares, casi medio kilo de drogas (cocaína, marihuana, crack, hachís y wax), además de 16 armas blancas y diversos objetos electrónicos como cargadores, chips y cables USB. También se incautaron ₡19.000 colones, $9 dólares y 10 pesos cubanos en efectivo, lo que evidencia la circulación de dinero dentro del penal.
¿Más seguridad o más represión?
El anuncio de ampliar la infraestructura penitenciaria no termina en los traslados. El ministro Campos adelantó que el Gobierno gestiona un presupuesto de aproximadamente $35 millones para construir un nuevo centro penitenciario basado en el modelo salvadoreño, caracterizado por altos niveles de seguridad y control extremo.
Este enfoque ha despertado tanto apoyos como críticas. Mientras algunos sectores celebran una respuesta firme contra la criminalidad organizada dentro de las cárceles, otros advierten sobre los riesgos de militarizar el sistema penitenciario y vulnerar los derechos humanos de la población reclusa.
En un país donde el hacinamiento carcelario supera el 30%, y donde persisten desafíos estructurales como la reinserción social efectiva y el acceso a programas de rehabilitación, la ampliación del régimen de máxima seguridad plantea una interrogante de fondo: ¿estamos apostando a soluciones sostenibles o a apagar fuegos con medidas punitivas?
El desafío de fondo: rehabilitar, no solo contener
Expertos en derechos humanos y criminología coinciden en que la seguridad carcelaria no debe ser sinónimo de castigo excesivo, sino parte de una estrategia integral que incluya educación, salud mental, y oportunidades de reinserción.
En este contexto, el papel de instituciones como el Instituto Nacional de Criminología, la Defensoría de los Habitantes y organizaciones de la sociedad civil será clave para monitorear este proceso de transición penitenciaria y garantizar que los derechos de las personas privadas de libertad no sean atropellados.
El traslado de cientos de internos a máxima seguridad es, sin duda, una medida histórica. Pero su impacto real dependerá de cómo se equilibre el control con la humanidad, y la seguridad con la justicia.
