La copresidencia y la continuidad del proyecto político
Uno de los cambios más llamativos de la reforma es la creación oficial de la figura de la «copresidencia». De acuerdo con la reforma del artículo 133, Ortega y Murillo compartirían el poder ejecutivo como copresidentes, con la capacidad de ejercer sus funciones durante un período de seis años, a partir de su toma de posesión. La iniciativa también establece que, en caso de fallecimiento de uno de los copresidentes, el sobreviviente asumirá la presidencia de manera indefinida, proyectando una sucesión dentro de la familia Ortega-Murillo, con su hijo Laureano Ortega Murillo como posible sucesor.
Este paso no es casual, ya que en los últimos años, tanto Ortega como Murillo han consolidado una base de poder sólida, logrando reelecciones consecutivas, y estableciendo una conexión indisoluble entre el poder político y la familia. La copresidencia también asegura que el liderazgo de la pareja presidencial continuará por más tiempo, algo que muchos consideran un movimiento estratégico para garantizar la estabilidad política del país a través de un sistema de liderazgo dinástico.
La extensión del período presidencial y la reelección indefinida
La reforma también modifica la duración del período presidencial. A partir de ahora, el período será de seis años, lo que significa que Ortega y Murillo continuarán al mando del país hasta 2027, un año más de lo que originalmente establecía la Constitución. Este cambio, aunque aparentemente sencillo, es significativo, pues también abre la puerta a la reelección indefinida de los copresidentes, consolidando el control del ejecutivo y limitando las posibilidades de alternancia en el poder.
Unificación del poder bajo el ejecutivo
Otro de los aspectos clave de la reforma es la eliminación de la separación de los poderes del Estado, una medida que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Con la modificación del artículo 132, Ortega y Murillo asumirían no solo el poder ejecutivo, sino también el control de los poderes legislativo, judicial y electoral. De esta forma, se centraliza aún más el poder bajo el control del Ejecutivo, lo que les permite designar ministros, directores de entes autónomos y otros cargos claves, todo bajo su supervisión directa.
Este cambio refleja el interés del gobierno en garantizar la unidad del poder, en lugar de una distribución que permita la independencia de los distintos órganos del Estado. Para algunos, este movimiento podría interpretarse como una medida para fortalecer el poder y asegurar la eficacia de la administración.
La Policía “voluntaria” y el control social
La reforma también contempla la creación de un “cuerpo auxiliar” de la Policía Nacional, denominado “Policía Voluntaria”, que sería un servicio de apoyo a la policía estatal, con ciudadanos nicaragüenses brindando su respaldo en la seguridad del país. Aunque esta medida ha sido criticada por organizaciones internacionales, especialmente debido a su relación con los paramilitares que actuaron durante las protestas de 2018, el gobierno defiende su creación como un mecanismo para asegurar la estabilidad interna.
Además, la reforma otorga al presidente la facultad de ordenar la intervención del ejército en apoyo a la Policía Nacional, en caso de que se considere necesaria para preservar el orden público. Esta disposición subraya el control total que el gobierno busca ejercer sobre las fuerzas de seguridad, asegurando su capacidad de actuar ante cualquier amenaza interna.
El simbolismo del Frente Sandinista
Un aspecto adicional de la reforma es la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patriótico. Este cambio refleja el poder creciente del partido en la política nicaragüense, y su identificación con los valores del sandinismo. La bandera rojinegra se une a la bandera nacional y al himno, consolidando la identidad del FSLN como una fuerza central en la historia del país.
Conclusión: Un movimiento estratégico para consolidar el poder
A través de estas reformas, Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan garantizar no solo la continuidad de su gobierno, sino también la estabilidad del proyecto político que han venido construyendo desde 2007. Si bien estas reformas han sido fuertemente criticadas, especialmente por la oposición y organizaciones internacionales, desde el gobierno se argumenta que son necesarios para proteger a Nicaragua de las agresiones externas y fortalecer el desarrollo interno.
Algunos analistas consideran que estas reformas representan un paso hacia una consolidación aún mayor del poder en manos del presidente y su familia, algo que, si bien ha sido objeto de controversia, también se percibe como un intento de llevar a Nicaragua hacia una nueva etapa de estabilidad política, con un liderazgo más consolidado y unificado bajo la figura de la copresidencia.
