La tensión entre los poderes de la República alcanzó un nuevo punto crítico esta semana, luego de que el presidente Rodrigo Chaves calificara a la Corte Suprema de Justicia como una “vergüenza nacional”. La acusación surge en respuesta directa a la decisión del alto tribunal de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad presidencial para investigarlo por presunta corrupción.
Durante su habitual conferencia de prensa semanal, Chaves lanzó duras críticas contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar por venganza política. “Toda democracia necesita un poder judicial que defienda la justicia y no los intereses oscuros de unos pocos”, declaró. “Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia… lo que buscan es sacarse un clavo, un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado”.
Acusación por concusión
El caso que desató la tormenta política se remonta al 7 de abril de 2025, cuando la Fiscalía General presentó una acusación contra el mandatario por el presunto delito de concusión, contemplado en la legislación costarricense con penas de dos a ocho años de prisión para funcionarios públicos. Según el expediente, Chaves habría ordenado que una empresa contratista de la Presidencia —RMC La Productora S.A.— realizara un pago irregular de 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz. El contrato involucrado fue financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por más de 400.000 dólares.
El fiscal general Carlo Díaz sostiene que el contrato fue diseñado a medida tras reuniones en Casa Presidencial, y que Cruz, quien no ocupa un cargo oficial, recibió un “beneficio patrimonial indebido”.
Sanciones y antecedentes
En junio de 2024, el BCIE sancionó a la empresa de Cristian Bulgarelli, dueño de RMC La Productora, prohibiéndole contratos durante siete años por prácticas de colusión y fraude. Según el organismo, Bulgarelli aceptó haber redactado los términos contractuales en coordinación con una exfuncionaria del Ministerio de Comunicación.
El caso salió a la luz tras una serie de reportajes publicados por el diario La Nación en diciembre de 2023, basados en audios entregados por la exministra Patricia Navarro. Ella declaró haber grabado las conversaciones con el objetivo de documentar “hechos que podrían ir contra la ley o la ética”. La Presidencia respondió con denuncias penales contra Navarro y el medio de comunicación, alegando ilegalidad en la obtención y divulgación del material.
Reacciones y futuro incierto
La Corte Plena aprobó con 15 votos a favor y 7 en contra la solicitud de desafuero ante la Asamblea Legislativa, que ahora deberá decidir si retira la inmunidad del mandatario. También se pidió levantar la inmunidad del actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien fungía como jefe de despacho en Casa Presidencial durante los hechos.
El episodio marca un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en medio de un clima político crispado y una ciudadanía cada vez más polarizada. Mientras tanto, el presidente Chaves mantiene una postura desafiante, presentándose como víctima de una conspiración judicial y mediática.
El proceso podría definir no solo el destino legal de Rodrigo Chaves, sino también el equilibrio institucional del país en los meses por venir.
