Costa Rica vive un momento político tenso y sin precedentes. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, enfrenta una acusación penal por corrupción que amenaza con quitarle su inmunidad constitucional, mientras redobla sus ataques contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. “¡Se jodieron!”, exclamó enfáticamente en un mitin reciente en Atenas, un pueblo a 40 kilómetros de San José, donde comparó su situación con la del prócer Juan Rafael Mora, fusilado en el siglo XIX.
La Fiscalía General, encabezada por Carlo Díaz, acusa a Chaves del delito de concusión por presuntamente desviar fondos provenientes de una partida del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para beneficiar a un amigo personal, el asesor Federico Cruz. La acusación sostiene que, junto con su ministro Jorge Rodríguez, Chaves desarrolló un “plan delictivo” para desviar $32.000 de un total de $400.000 asignados a servicios de comunicación en 2022.
Las pruebas del caso incluyen audios grabados en Casa Presidencial por la exministra de Comunicación Patricia Navarro, donde se escucha al presidente decir: “Me gustaría ver el contrato porque también tengo un montón de antojos”. Navarro, ahora alejada del círculo de confianza presidencial, y el publicista Christian Bulgarelli, son piezas clave en el proceso judicial, señalados por Chaves como “traidores” y “criminales”.
Sin embargo, el pulso político del mandatario se concentra en Carlo Díaz, a quien ha calificado como “matón de barrio” y “títere de la mafia profunda”. El presidente, quien conserva un respaldo del 54% según una encuesta del CIEP-UCR de marzo, ha intensificado sus ataques verbales contra el Ministerio Público y los partidos de oposición que dominan la Asamblea Legislativa. El retiro de su inmunidad requiere una mayoría calificada en el Congreso.
Ante este panorama, Chaves se muestra desafiante. “¿Para qué les voy a decir si voy a renunciar (a la inmunidad) o no? ¿A ellos qué les importa? Que hagan su jugada”, declaró. La Sala Penal de la Corte Suprema es la instancia encargada de evaluar la acusación y decidir si se traslada a los diputados la solicitud de levantamiento del fuero.
En medio del escándalo, el BCIE —presidido por Gisela Sánchez, propuesta por Chaves— concluyó que hubo “fraude y colusión” en el contrato investigado, aunque responsabilizó al contratista Bulgarelli. El banco eliminó el programa de donaciones anuales de $1 millón a los gobiernos, origen de los fondos utilizados.
Las tensiones se exacerbaron esta semana con la difusión de un video que muestra a Chaves confrontando personalmente a Bulgarelli en un restaurante de San José, acompañado por su diputada estrella Pilar Cisneros y guardaespaldas. “Se llenó de ratas este restaurante”, habría dicho el mandatario según fuentes judiciales.
A menos de un año de las elecciones presidenciales, el panorama político es incierto. El “chavismo” aún no define candidato ni estructura partidaria clara para suceder al actual presidente, quien por ley no puede optar por la reelección inmediata. En contraste, el opositor Partido Liberación Nacional eligió al economista Álvaro Ramos como su abanderado, quien ha llamado a “defender la democracia costarricense”.
En un país históricamente admirado por su institucionalidad y estabilidad democrática, la confrontación abierta entre el Ejecutivo y el Poder Judicial marca un punto de inflexión que podría tener consecuencias profundas para el futuro político de la nación.
