A medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales, locales en Colombia, el país se encuentra sumido en una preocupante crisis de seguridad y orden público. Con apenas 70 días restantes para que los ciudadanos acudan a las urnas a elegir gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas, las alarmantes estadísticas pintan un panorama sombrío, especialmente en la región del suroccidente.
Organismos internacionales como la ONU y la Defensoría del Pueblo están emitiendo señales de alarma ante la creciente influencia de grupos armados en los comicios y la escalada de violencia que amenaza la integridad del proceso electoral. En este contexto, la fuerza pública también está siendo duramente golpeada, con casi medio centenar de uniformados asesinados en enfrentamientos y emboscadas.
El ELN, en al menos 20 ocasiones, habría violado el cese al fuego bilateral, según informa la ONU. Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de los acuerdos de paz y la persistencia de actores armados que desafían la estabilidad del país.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre el riesgo electoral extremo en 380 municipios, en los cuales grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han perpetrado ataques violentos. Los recientes secuestros, asesinatos y hostigamientos a uniformados han cobrado un alto precio en vidas humanas, como el caso del secuestro de los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina en Nariño, así como la emboscada que cobró la vida de cuatro policías en el Cauca .
Uno de los factores alarmantes es el denominado «plan pistola» liderado por las disidencias de las Farc bajo el mando de «Iván Mordisco». Esta estrategia consiste en pagar a sicarios para asesinar a policías y militares en diversas regiones como el Cauca, Nariño y Norte de Santander. La situación se agrava con la injerencia de grupos armados en el proceso electoral, que buscan postular a sus candidatos, coartar la participación ciudadana a través de amenazas y actos violentos.
Alexander Vega, registrador nacional, ha anunciado sobre la existencia de «empadronamiento» forzado por grupos al margen de la ley en ciertas zonas del país, lo que compromete gravemente la libertad del elector y la legitimidad de las elecciones. La intromisión de grupos armados en el proceso electoral es un síntoma preocupante de la inestabilidad política y la lucha por el control territorial.
Los secuestros también ensombrecen el panorama electoral. Las cifras oficiales muestran un aumento del 86% en secuestros entre enero y julio de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. Las extorsiones también han detectado de manera alarmante, con más de 7.795 informes, lo que refleja la creciente influencia de los grupos armados en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que las elecciones de 2023 están entre las más amenazadas por la violencia de grupos armados, y señala la falta de medidas eficaces por parte del Gobierno para contrarrestar estos ataques. Algunos críticos opinan que existe una concesión excesiva a los grupos armados en busca de la paz, lo que podría poner en riesgo el proceso democrático.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado sobre el aumento de masacres en el primer semestre de 2023, con 52 incidentes violentos que han cobrado la vida de 168 personas. Además, se han impuesto reglamentos por parte de grupos armados que restringen la movilidad de los habitantes en ciertas zonas del país, progresando la libre circulación de la población.
En este contexto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) ha registrado que 24 municipios han estado en riesgo extremo de confinamiento y restricciones a la movilidad debido a la presencia y actividad de estructuras armadas. Estos incidentes se han concentrado en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Caquetá y Nariño.
Ante estas preocupantes cifras, diversas entidades han instado al Gobierno a tomar medidas contundentes para abordar la violencia en el país. La estructura de las próximas elecciones está en juego, con la posibilidad de confinamientos, restricciones ciudadanas, y la amenaza de actos violentos que podrían afectar a candidatos y sedes electorales. La nación enfrenta un desafío crucial en su búsqueda de la estabilidad y la paz en el proceso democrático.
