El conflicto entre el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) escaló tras el anuncio de denuncias penales contra docentes que ejercen sin estar colegiados, mientras la autoridad educativa aclaró que existen categorías exentas de este requisito.
El Colypro informó que interpondrá acciones legales contra al menos 1.250 educadores que actualmente laboran sin incorporarse al colegio profesional. Desde noviembre del año anterior, ya se había notificado a unas 5.200 personas por incumplir con la obligación de colegiatura.
La organización sostiene que quienes ejerzan sin estar colegiados podrían enfrentar procesos por ejercicio ilegal de la profesión e incluso por enriquecimiento ilícito. Como antecedente, en 2024 diez personas fueron sancionadas y obligadas a devolver montos percibidos de manera indebida.
Por su parte, el
MEP, a través de su Dirección de Talento Humano, aclaró que no todos los puestos docentes requieren colegiatura obligatoria. Según el Manual de Puestos Docentes de la Dirección General de Servicio Civil, están excluidas algunas categorías, entre ellas docentes de preescolar, de I y II ciclos de educación general básica y de enseñanza técnico profesional en esos niveles.
Esta dualidad de criterios ha generado incertidumbre en el sector educativo, especialmente entre docentes interinos y aspirantes a plazas, quienes enfrentan dudas sobre su situación legal y laboral.
El tema reabre el debate sobre la regulación del ejercicio profesional en la educación pública, el alcance de los colegios profesionales y las condiciones de acceso al empleo docente en el país.
