La llegada de un segundo grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos reavivó el debate sobre la cooperación migratoria entre ambos países y los desafíos humanitarios que enfrenta Costa Rica al recibir personas de múltiples nacionalidades bajo un esquema de traslado hacia terceros países.
Recepción y asistencia humanitaria
Un total de 30 personas arribó el 17 de abril de 2026 al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El grupo estuvo conformado por 22 ciudadanos extranjeros deportados por las autoridades estadounidenses y ocho costarricenses repatriados. La recepción fue coordinada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con apoyo de la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Entre las personas extranjeras se encontraban ocho brasileños, tres rumanos, tres uzbekos, dos chinos, dos azerbaiyanos, un irlandés, un indio, un vietnamita y un bielorruso. Asimismo, las autoridades confirmaron la presencia de un menor de edad rumano que viajaba junto a su padre y de un adulto mayor procedente de Irlanda.
Al ingresar al país, los migrantes recibieron valoración médica, orientación sobre su situación migratoria mediante traductores y asistencia humanitaria inicial. Posteriormente pueden optar por el programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM o solicitar algún mecanismo de protección o regularización migratoria contemplado por la legislación costarricense.
Acuerdo migratorio y cuestionamientos
Este fue el segundo vuelo recibido por Costa Rica dentro del acuerdo migratorio firmado en marzo de 2026 entre el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles y la administración del presidente Donald Trump. El convenio contempla la recepción periódica de personas extranjeras expulsadas de Estados Unidos hacia territorio costarricense como parte de la estrategia estadounidense de deportaciones a terceros países.
El primer grupo había llegado el 11 de abril con 25 migrantes provenientes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos, además de una ciudadana costarricense. Desde entonces, las autoridades costarricenses han señalado que el proceso busca garantizar el respeto a los derechos humanos mediante atención médica, alimentación, alojamiento temporal y acompañamiento internacional.
No obstante, el acuerdo también ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en migración, quienes advierten sobre las implicaciones legales y humanitarias de trasladar personas a países con los que no mantienen vínculos familiares, culturales o lingüísticos, especialmente cuando enfrentan procesos de protección internacional aún pendientes.
