La Universidad de Costa Rica (UCR) ha lanzado una advertencia escalofriante: el país no experimentó una ola de asesinatos de esta magnitud desde la Guerra Civil de 1948. Durante aquel conflicto, entre 2500 y 3500 vidas fueron segadas, según estimaciones del destacado centro académico .
Este año, las sombrías cifras presentadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que ya se han registrado más de 836 homicidios, y se proyecta que la cifra podría alcanzar los 900 al concluir diciembre. Esto se traduciría en una tasa de 18 casos por cada 100 mil habitantes, una realidad alarmante que pone de manifiesto una situación crítica.
David Díaz, investigador de la UCR, ha expresado su profunda preocupación, indicando que la actual ola de violencia amenaza la cultura de paz que ha sido un distintivo de Costa Rica durante más de 70 años. El investigador sugiere que la problemática se agrava aún más debido al aumento de la desigualdad social en el país.
De acuerdo con los datos proporcionados por el OIJ, seis de cada 10 asesinatos tienen como motivación el control de territorios destinados a la venta de drogas y armas. Este dato revelador pone de manifiesto una conexión directa entre el aumento de la violencia y las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas.
Díaz señaló que este fenómeno no solo representa un desafío para las autoridades encargadas de mantener el orden, sino que también plantea un riesgo significativo para la estabilidad social y la seguridad de los ciudadanos. La ola de violencia, alimentada por la lucha territorial entre grupos delictivos, parece haber socavado los cimientos de la convivencia pacífica que ha caracterizado a Costa Rica durante décadas.
El llamado de atención de la UCR no solo resalta la gravedad de la situación, sino que también plantea interrogantes sobre las políticas gubernamentales y las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento. Los ciudadanos, acostumbrados a vivir en un país conocido por su estabilidad y seguridad, enfrentan ahora una realidad inesperada y desafiante.
En este contexto, el gobierno enfrenta una encrucijada, ya que debe tomar medidas urgentes para abordar la creciente violencia y restaurar la confianza en la seguridad ciudadana. La sociedad costarricense, acostumbrada a la paz, ahora espera respuestas concretas y acciones efectivas que pongan fin a esta escalada de violencia sin precedentes.
