El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica anunció que no implementará el voto electrónico, conocido como Papeleta Única Electrónica (PUE), en los próximos comicios generales de 2026. La decisión, comunicada el 22 de noviembre de 2024, se basó en un análisis técnico y económico tras un plan piloto realizado durante las elecciones municipales recientes.
Alta inversión, baja viabilidad
El costo estimado para utilizar el sistema PUE ascendía a 3.500 dólares por máquina, una cifra que, según el TSE, representa un gasto considerable que no justifica su implementación en las elecciones generales. La evaluación técnica concluyó que la relación costo-beneficio es desfavorable en el contexto actual del país.
“Las principales virtudes demostradas por la PUE, como su utilidad en un proceso municipal de alta complejidad logística, no resultan igual de apremiantes en unas elecciones nacionales,” señala el informe del Tribunal.
Ventajas reconocidas, pero desafíos persistentes
El plan piloto demostró que la PUE puede acelerar el proceso electoral, reduciendo el tiempo de votación, mejorando la precisión en la transmisión de resultados y agilizando el conteo. Sin embargo, estos beneficios no bastaron para justificar la inversión económica requerida.
Además, el TSE destacó la necesidad de esperar hasta que el mercado ofrezca alternativas tecnológicas más asequibles y congruentes con las restricciones presupuestarias actuales.
Exploración de nuevas tecnologías
Pese a descartar el voto electrónico para 2026, el TSE autorizó a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos para que continúe explorando innovaciones tecnológicas que puedan optimizar procesos clave, como la impresión de papeletas y la transmisión de resultados.
Elecciones de 2026
En los comicios de 2026, Costa Rica elegirá a su próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. Aunque el país no avanzará hacia el sufragio electrónico en esta ocasión, el debate sobre la modernización del sistema electoral sigue abierto, considerando el equilibrio entre costos, beneficios y confianza ciudadana.
Esta decisión subraya los retos financieros que enfrentan las democracias en el contexto de una creciente demanda por procesos más eficientes y tecnológicos. Costa Rica, conocida por su estabilidad democrática, se mantiene cautelosa en su transición hacia la digitalización electoral.
