Gobierno declara secreto de Estado documentos de tres estructuras estratégicas mientras crece el debate sobre transparencia y seguridad nacional
San José, Costa Rica. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, decretó como secreto de Estado una amplia cantidad de información relacionada con tres estructuras estratégicas de seguridad bajo la coordinación del Poder Ejecutivo: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de trabajo interinstitucional denominado Fuerza Élite.
La decisión fue publicada este lunes 10 de agosto de 2026 en el diario oficial La Gaceta y se produce en un momento en que el país enfrenta una fuerte presión por el incremento de la violencia asociada con el narcotráfico y el crimen organizado.
El decreto establece que quedarán protegidos los informes, documentos, archivos y demás información vinculada con estos órganos, así como aquella relacionada con otras coordinaciones de seguridad y defensa que sean dirigidas por la Presidencia de la República.
Un amplio alcance
La medida no se limita a proteger información sobre operaciones policiales.
De acuerdo con el decreto citado por la agencia EFE, el secreto comprende información relacionada con las formas de operación de la delincuencia organizada, las dinámicas de prospección y despliegue policial, las capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, estructuras de mando y protocolos de intervención.
También incluye información sobre recursos tecnológicos, mecanismos de inteligencia, coordinación interinstitucional, protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados.
El alcance llega incluso a información relacionada con los planes de protección de funcionarios, partidas presupuestarias, rubros de gastos y presupuestos.
Además, el decreto abarca las actuaciones administrativas y procedimientos de contratación pública relacionados con los tres órganos señalados, incluyendo estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento, contratos y fases de ejecución.
La amplitud de la disposición convierte la medida en una decisión de gran relevancia para el debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad del Estado, transparencia y acceso a la información pública.
Laura Fernández defiende reserva
El Gobierno argumenta que la información protegida posee un carácter sensible para la seguridad y defensa nacionales y para la protección de los intereses esenciales del Estado.
La Presidencia sostiene que divulgar determinados datos podría comprometer operaciones presentes o futuras, poner en peligro la vida e integridad física de funcionarios y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional y reducir la eficacia de las operaciones de seguridad.
La administración de Fernández también sostiene que determinados detalles deben mantenerse fuera del conocimiento público para evitar que las organizaciones criminales puedan anticipar las capacidades, estrategias y mecanismos utilizados por las autoridades.
El argumento adquiere especial relevancia debido al papel que el Gobierno ha otorgado a Fuerza Élite como mecanismo de coordinación de las instituciones de seguridad.
Fuerza Élite bajo la lupa
Fuerza Élite fue presentada por el Gobierno como un espacio estratégico para coordinar las acciones de los principales cuerpos policiales y autoridades responsables de combatir el crimen organizado.
La propia Presidencia informó en junio que la presidenta Fernández encabezó una sesión de trabajo de este grupo y que participaron autoridades responsables de la seguridad nacional. En aquella oportunidad, el Gobierno señaló que se habían acordado nuevas acciones para combatir el crimen organizado.
La estrategia también ha estado vinculada con operaciones contra el narcotráfico.
Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública informó en junio sobre una operación conjunta con Estados Unidos que permitió interceptar en el Pacífico Sur un semisumergible con aproximadamente tres toneladas de cocaína. Según la institución, distintas unidades policiales participaron en las pesquisas como parte de la iniciativa Fuerza Élite.
El antecedente de los polígrafos
La nueva clasificación de información ocurre después de una controversia relacionada con las pruebas de polígrafo aplicadas a integrantes de Fuerza Élite.
La presidenta Fernández anunció en mayo que los jefes policiales serían sometidos a estas pruebas como parte de las acciones para detectar posibles vínculos con corrupción o infiltración del crimen organizado.
Posteriormente, el Gobierno confirmó que siete directores policiales fueron removidos de sus cargos después de las evaluaciones aplicadas a integrantes del grupo.
El manejo de la información relacionada con esos exámenes generó cuestionamientos públicos.
Un ciudadano presentó un recurso de amparo luego de solicitar información sobre la contratación de la empresa encargada de las pruebas, los costos, los resultados y otros documentos relacionados. Según CR Hoy, la respuesta gubernamental fue considerada incompleta y el solicitante pidió conocer el decreto ejecutivo que sustentaba la clasificación de la información.
El caso también llegó a la Contraloría General de la República mediante una denuncia que pidió investigar aspectos relacionados con el uso de fondos públicos, la contratación del servicio privado y las actuaciones administrativas derivadas de las pruebas.
Seguridad versus transparencia
El nuevo decreto vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar el secreto de Estado cuando se utilizan recursos públicos?
La protección de información cuya divulgación pueda poner en peligro operaciones policiales, agentes encubiertos, fuentes de inteligencia o cooperación internacional constituye una práctica reconocida dentro de los sistemas democráticos.
Sin embargo, la discusión adquiere otra dimensión cuando la reserva alcanza información administrativa, presupuestaria o contractual.
El desafío consiste en determinar qué información realmente necesita permanecer protegida para garantizar la seguridad nacional y cuál puede ser entregada a la ciudadanía sin comprometer operaciones legítimas.
La transparencia pública no necesariamente exige revelar tácticas policiales, identidades de agentes o información operativa sensible. Pero sí plantea interrogantes sobre la posibilidad de mantener bajo control ciudadano aspectos como el uso de recursos públicos, las contrataciones, los procedimientos administrativos y la legalidad de las actuaciones gubernamentales.
Una estrategia de seguridad cuestionada
El Gobierno de Fernández ha colocado la seguridad como una de sus principales prioridades.
En junio, la presidenta presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley relacionados con seguridad y combate contra el crimen organizado. La propia mandataria señaló que varias de las iniciativas surgieron de las sesiones de trabajo de Fuerza Élite.
La administración también ha defendido una estrategia de mayor coordinación entre las instituciones encargadas de enfrentar el narcotráfico.
Pero esa estrategia ha generado tensiones institucionales.
En mayo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial confirmaron que no habían sido convocados oficialmente a la primera reunión de Fuerza Élite, aunque posteriormente la presidenta manifestó su expectativa de que estas instituciones participaran en futuros encuentros.
Este antecedente resulta relevante porque la lucha contra el crimen organizado requiere necesariamente coordinación entre cuerpos policiales, Fiscalía y autoridades judiciales, cada uno dentro de sus competencias constitucionales y legales.
El verdadero reto
La decisión de declarar secreto de Estado una cantidad tan amplia de información coloca al Gobierno ante un reto adicional: demostrar que la reserva responde a una necesidad concreta de protección de la seguridad nacional y no se convierte en un mecanismo general para impedir la fiscalización ciudadana.
La seguridad y la transparencia no necesariamente son conceptos incompatibles.
Un Estado democrático puede proteger información operativa sensible y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos, las contrataciones, las decisiones administrativas y el cumplimiento de la ley.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a estar a favor o en contra del secreto de Estado.
La pregunta fundamental es qué información debe permanecer reservada, por cuánto tiempo, bajo qué fundamento jurídico y quién puede fiscalizar al Gobierno cuando esa información no está disponible para el público.
Un debate que apenas comienza
La decisión de Laura Fernández abre así un nuevo capítulo en la política de seguridad costarricense.
Mientras el Gobierno sostiene que la reserva resulta necesaria para proteger operaciones, funcionarios, cooperación internacional y capacidades estratégicas, sectores críticos cuestionan hasta dónde debe extenderse el secreto cuando están involucrados recursos públicos y decisiones administrativas.
En medio de una crisis de seguridad marcada por el narcotráfico y el crimen organizado, el desafío para Costa Rica será encontrar un equilibrio que permita a las autoridades actuar con eficacia sin debilitar los principios de transparencia, rendición de cuentas y control democrático.
Porque combatir al crimen organizado requiere información reservada.
Pero también requiere instituciones sometidas a controles.
Y ese equilibrio será uno de los principales debates de la administración de Laura Fernández durante los próximos meses.
