Alertan sobre retroceso en derechos humanos de migrantes y personas privadas de libertad en Costa Rica
Costa Rica enfrenta un nuevo llamado de atención en materia de derechos humanos tras la publicación del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el cual advierte sobre medidas estatales que podrían representar un retroceso en la protección de personas migrantes y privadas de libertad.
El documento, divulgado el 22 de mayo de 2026, plantea preocupaciones sobre políticas recientes que priorizan mayores restricciones dentro del sistema penitenciario y en la gestión migratoria, señalando riesgos asociados a posibles malos tratos y afectaciones a derechos fundamentales.
Uno de los aspectos destacados por el informe corresponde a la situación de aproximadamente 200 personas migrantes de distintas nacionalidades deportadas desde Estados Unidos durante 2025 y ubicadas en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem). Según el mecanismo, las condiciones observadas podrían constituir una forma de privación de libertad de hecho, generando consecuencias emocionales y sociales para esta población.
El informe también advierte sobre un posible “encadenamiento internacional de vulneraciones”, concepto utilizado para describir cómo las afectaciones sufridas durante procesos migratorios pueden prolongarse cuando no existen garantías adecuadas de atención y protección.
En el ámbito penitenciario, el MNPT expresó preocupación por las condiciones del circuito de alta contención del sistema carcelario costarricense. Entre las medidas señaladas figuran restricciones relacionadas con educación, acceso al trabajo, contacto familiar y dinámicas de alimentación para personas privadas de libertad.
De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían acercarse a límites incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos y debilitar el objetivo de reinserción social que históricamente ha sido uno de los principios del sistema penitenciario.
El informe agrega que para febrero de 2026 Costa Rica registraba 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación penitenciaria nacional del 46,4 %, mientras que algunos centros alcanzaban niveles superiores a su capacidad instalada.
Este escenario ocurre en medio de una estrategia gubernamental orientada al fortalecimiento de políticas de seguridad y combate al crimen organizado. Dentro de estas acciones figura el proyecto del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una infraestructura penitenciaria anunciada por el Gobierno y presentada como parte de una respuesta estructural ante el aumento de hechos violentos vinculados al narcotráfico.
Las autoridades nacionales han señalado que el país enfrenta cifras históricas de homicidios y que una proporción importante de estos delitos estaría relacionada con estructuras criminales organizadas.
Diversos sectores coinciden en que el reto para Costa Rica consiste en encontrar un equilibrio entre fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de las personas privadas de libertad como de las poblaciones migrantes.
El debate continúa abierto entre quienes consideran necesarias medidas más estrictas contra el crimen y quienes sostienen que la seguridad pública debe construirse sin debilitar las garantías fundamentales reconocidas por el derecho nacional e internacional.
