Costa Rica ha sido reconocida regionalmente por sus esfuerzos democráticos y su compromiso con la inclusión electoral. A través del Programa de Accesibilidad para el Ejercicio del Voto (PAV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha impulsado medidas para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos electorales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, importantes brechas persisten, invisibilizando a segmentos de la población y vulnerando derechos fundamentales.
Accesibilidad cognitiva: avances sostenidos pero aún limitados
El TSE ha implementado productos de apoyo como fichas de comunicación, carteles “¿Cómo Votar?” y señalización visual con pictogramas para personas con discapacidad cognitiva. Estos materiales utilizan lenguaje claro, frases sencillas y una estructura visual accesible. También se trabaja con guías electorales y se ha buscado mejorar la señalización dentro de los centros de votación, especialmente en coordinación con el Ministerio de Educación Pública.
Pese a estas medidas, no existe una estrategia plenamente implementada de cartelería deambulatoria con pictogramas que facilite la movilidad autónoma de personas con discapacidad intelectual. La orientación dentro de los centros depende en gran parte del apoyo humano, lo que puede limitar la autonomía de votantes que requieren apoyos visuales constantes.
El gran vacío: la exclusión de personas con discapacidad auditiva usuarias de audífonos
Uno de los aspectos más críticos que evidencia una omisión grave es la ausencia de bucles magnéticos de inducción en los centros de votación. Esta tecnología, que permite a personas con audífonos captar el sonido de forma clara y directa, es considerada una herramienta indispensable para la inclusión de personas con discapacidad auditiva.
La inexistencia de esta tecnología representa un obstáculo directo al derecho al voto informado y autónomo. Aunque el TSE ha promovido el uso de lengua de señas costarricense (LESCO) en sus plataformas digitales, conferencias de prensa y algunos materiales informativos, el acceso a la información en tiempo real y en el punto de votación sigue siendo una deuda con esta comunidad.
Intérpretes LESCO: ausentes donde más se necesitan
Otro punto crítico es la falta de intérpretes LESCO para personas sordas que participan como miembros de mesa electoral. Si bien se capacita a los partidos políticos sobre accesibilidad y se brinda orientación general, no se garantiza el acceso a un intérprete durante la jornada electoral para estas personas, lo que limita su participación plena y efectiva como parte activa del proceso democrático.
Además, aunque existen canales de atención por videollamada con interpretación para consultas en las oficinas centrales del TSE, estos mecanismos no sustituyen el acompañamiento presencial y continuo que muchos requerirían durante la jornada electoral.
Votación accesible: logros técnicos que no alcanzan a todos
En términos de accesibilidad para personas con discapacidad visual, el uso de plantillas transparentes con braille ha sido uno de los avances más importantes. Estas plantillas permiten a la persona identificar las siglas de los partidos y marcar su voto de manera autónoma. Sin embargo, durante las elecciones de 2024, solo 40 personas solicitaron este apoyo, lo cual podría indicar falta de información o desconfianza en el sistema.
La opción del voto asistido o público, aunque legalmente válida, sigue siendo una alternativa que expone a las personas a la pérdida de privacidad y confidencialidad del sufragio, situación especialmente delicada para personas con discapacidad que desean ejercer su derecho sin intermediarios.
Evaluación y protocolos: una estructura que necesita robustecerse
El TSE ha creado un protocolo de accesibilidad en colaboración con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), lo que representa un paso hacia la institucionalización de buenas prácticas. Además, el Programa de Asesores Electorales (PAE) y el Programa de Acondicionamiento de Recintos Electorales (PARE) realizan visitas para valorar la accesibilidad física de los centros. No obstante, muchas de estas mejoras dependen del contenido presupuestario disponible o del compromiso de las juntas de educación, lo que puede afectar la implementación en zonas fuera del Área Metropolitana.
Asimismo, las evaluaciones posteriores a los comicios, aunque valiosas, se enfrentan al desafío de que muchas recomendaciones no se transforman en acciones concretas o inmediatas.
Colaboración interinstitucional: buena voluntad con resultados mixtos
La relación con organizaciones como CONAPDIS y el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) ha permitido avances como la participación de personas con discapacidad como observadores nacionales, la revisión de nuevos equipos como la papeleta única electrónica y la producción de informes con recomendaciones. Sin embargo, la inclusión real sigue dependiendo, en muchos casos, de decisiones discrecionales y no de marcos vinculantes.
Conclusión: el derecho al voto no puede ser una carrera de obstáculos
El Programa de Accesibilidad para el Ejercicio del Voto ha mostrado un compromiso genuino del TSE con la inclusión electoral. Sin embargo, las brechas señaladas —como la ausencia de bucles magnéticos, la falta de intérpretes LESCO para miembros de mesa, la carencia de cartelería deambulatoria con pictogramas o las limitaciones presupuestarias en zonas rurales— son más que detalles técnicos: son barreras reales que impiden el ejercicio pleno de la ciudadanía para muchas personas con discapacidad.
Garantizar el derecho al voto implica más que adaptar papeletas. Significa construir un sistema electoral que entienda las múltiples formas en que las personas acceden a la información, se orientan, se comunican y ejercen su autonomía. En una democracia madura, el voto debe ser un derecho, no un privilegio condicionado por la accesibilidad.
