Aunque Costa Rica ha dado pasos importantes hacia una democracia más inclusiva, el proceso electoral sigue enfrentando serias limitaciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad. Si bien el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha implementado una serie de productos de apoyo y protocolos orientados a garantizar la participación de esta población, persisten fallos estructurales que dificultan el ejercicio pleno del derecho al sufragio.
Acciones buenas, pero insuficientes
El Programa de Accesibilidad para el Ejercicio del Voto (PAV), adscrito al TSE, ha sido la piedra angular en el desarrollo de medidas como plantillas braille, carteles con pictogramas, guías en lectura fácil y acompañamiento para adultos mayores. Sin embargo, la ausencia de bucles magnéticos en los centros de votación para personas con discapacidad auditiva y la falta de intérpretes gratuitos de LESCO en las mesas electorales son vacíos significativos.
«Decir que se garantiza la accesibilidad cuando no hay bucles magnéticos o intérpretes disponibles en todos los puntos de votación es, por lo menos, una verdad a medias», opinó una fuente experta en inclusión consultada para este artículo.
Promesas sin implementación real
El TSE menciona con frecuencia la existencia de protocolos y colaboraciones con CONAPDIS y otras organizaciones. No obstante, estos esfuerzos muchas veces no se traducen en acciones concretas. Por ejemplo, la cartelería deambulatoria con pictogramas aún no se ha implementado efectivamente en los centros de votación, pese a ser una necesidad evidente para personas con discapacidad intelectual.
Además, el sistema de señalización accesible depende de la viabilidad presupuestaria y está limitado, principalmente, al Área Metropolitana. Esto deja en desventaja a votantes en zonas rurales o de difícil acceso, donde la exclusión se acentúa.
Baja demanda o baja promoción?
Según el propio TSE, en el proceso electoral 2024 solo 40 personas solicitaron la plantilla braille. Esto podría interpretarse como falta de necesidad, pero también podría deberse a una falla de comunicación o promoción efectiva sobre su disponibilidad. En palabras de un representante del Patronato Nacional de Ciegos, “si las personas no saben que existe el recurso o cómo solicitarlo, es como si no existiera”.
Capacitaciones, pero sin intérpretes
Mientras el TSE afirma que capacita a su personal sobre atención a personas con discapacidad, la falta de intérpretes para funcionarios sordos en las juntas receptoras es una omisión preocupante. La responsabilidad recae completamente en los partidos políticos, lo que no garantiza ni cobertura ni uniformidad.
Evaluaciones sin participación directa
Aunque se menciona que existen procesos de evaluación con CONAPDIS y PANACI, el sistema depende de reuniones y observaciones post-electorales, sin evidencia clara de participación directa de personas con discapacidad en el diseño y ejecución de dichas medidas. Es decir, las decisiones se toman desde arriba y luego se consultan, cuando debería ser al revés.
Accesibilidad como ideal, no como estándar
En papel, el TSE cuenta con una estructura robusta de apoyo. Tiene un protocolo, una comisión, alianzas interinstitucionales y metas claras. Pero en la práctica, las condiciones siguen dependiendo de factores como presupuesto, ubicación geográfica, voluntad de los partidos políticos y disponibilidad de personal capacitado.
Esto demuestra que en Costa Rica, la accesibilidad en las elecciones aún no es una obligación estandarizada, sino un ideal que depende de múltiples variables.
Conclusión
Aunque Costa Rica ha logrado avances notables en el reconocimiento del derecho al voto de personas con discapacidad, las medidas implementadas hasta la fecha siguen siendo fragmentadas y con limitaciones notorias. Para avanzar hacia una democracia verdaderamente inclusiva, el país necesita transformar estas buenas intenciones en políticas integrales, obligatorias y con financiamiento garantizado.
