Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la relatora de la CIDH una reducción de 43,90 % en el presupuesto del programa estatal de sitios de memoria y cuestionaron la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Organizaciones de derechos humanos de Chile denunciaron ante la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Memoria, Verdad y Justicia, Andrea Pochak, los recortes presupuestarios del gobierno del presidente José Antonio Kast a los sitios de memoria. “Nos están asfixiando para que los sitios de memoria podamos morir de muerte natural”, dijo Marta Cisterna, directora ejecutiva de la Casa Memorial José Domingo Cañas.
Para ubicar al lector. Chile, país del extremo suroeste de Sudamérica, vivió una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, durante la cual el Estado cometió violaciones graves a los derechos humanos, como detenciones, torturas y desapariciones forzadas. Los llamados sitios de memoria son lugares vinculados a esos hechos, muchos de ellos antiguos centros de detención, que hoy se preservan para dar testimonio, investigar y educar. La CIDH, por su parte, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que supervisa el respeto a los derechos humanos en el continente, y una de sus relatorías atiende específicamente la memoria, la verdad y la justicia.
Según los datos presentados, de más de mil sitios de memoria registrados en el país, solo 21 reciben financiamiento estatal para sus planes de gestión. El Decreto 332 del Ministerio de Hacienda, fechado el 24 de abril, redujo en 43,90 % los fondos del Programa de Sitios de Memoria, de 1.183.527.000 a 663.593.000 pesos chilenos. Tras ese recorte, seis sitios que habían recibido apoyo parcial en años anteriores no recibieron financiamiento estatal este año; algunos anunciaron su cierre forzoso , otros buscan fondos y aportes voluntarios.
La reunión con Pochak se realizó el jueves en Londres 38, un sitio de memoria en Santiago, con representantes de esa organización, de la Casa Memorial José Domingo Cañas y de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entre otras. Cisterna explicó que Chile carece de una política pública que garantice la preservación y sostenibilidad de estos espacios, que no cuentan con una ley que asegure su funcionamiento.
Su sitio lleva 16 años abierto, tras 15 años de lucha por recuperarlo, y este año sufrió recortes a sus recursos de operación. Los fondos concursables para sitios de memoria habrían bajado cerca de 60 % y se eliminó un fondo para mejoras de infraestructura. Con lo que reciben, dijo, apenas cubren gastos básicos como agua y electricidad, y no alcanzan para pagar equipos de trabajo, mantener archivos, investigar o realizar actividades educativas. Advirtió además que el proyecto de presupuesto 2027 no contempla aumentos para las instituciones colaboradoras.
La presidenta de CODEPU, Mariela Santana, criticó la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la institución autónoma del Estado chileno que promueve y protege estos derechos. Según la dirigente, la reforma elimina su facultad de presentar querellas penales y la sustituye por una “queja institucional”, que se limitaría a informar a las autoridades. La calificó como el mayor retroceso reciente en la materia y advirtió que podría generar condiciones de impunidad. Santana también vinculó la reforma con recortes que afectan la búsqueda de personas desaparecidas dentro del Plan Nacional de Búsqueda, y señaló que las rebajas de penas a responsables de crímenes de lesa humanidad podrían violar obligaciones internacionales de Chile.
Gloria Elgueta, de Londres 38, sostuvo que las medidas reflejan una regresión autoritaria y alertó de que el país se aleja de los estándares internacionales.
Pochak recordó que el derecho internacional obliga a los Estados a investigar, esclarecer los hechos, hacer justicia y reparar a las víctimas, un deber que calificó de inalienable y no amnistiable, y que no puede ser reemplazado por la lucha de la sociedad civil. Indicó que, ante el debilitamiento de las políticas de memoria, debe actuar el Poder Judicial, y que si las autoridades nacionales no responden, las organizaciones pueden acudir al sistema interamericano. La CIDH puede incorporar los antecedentes en su monitoreo, preparar informes, convocar audiencias, pedir información a los Estados, tramitar casos que podrían llegar a la Corte Interamericana y dictar medidas cautelares para defensores en riesgo. La Comisión sigue de cerca los cambios normativos y pidió información al Estado chileno, entre otros temas, sobre la situación del INDH. En agosto, la CIDH había celebrado una audiencia pública sobre posibles retrocesos en memoria, verdad y justicia en Chile.
