El histórico juicio por el caso de la Trocha Fronteriza, también conocida como ruta 1856, continúa envuelto en controversia. Esta vez, el punto de discordia es el horario en el que se llevará a cabo el debate judicial: de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., una franja que ha sido ampliamente criticada por todas las partes involucradas, excepto por el propio Tribunal de Goicoechea, que se ha negado a modificarla.
La ruta fue construida en la frontera norte de Costa Rica tras el conflicto por la Isla Calero y, en 2012, durante la administración de la entonces presidenta Laura Chinchilla, se denunciaron graves irregularidades en su ejecución. La Fiscalía imputa delitos relacionados con dádivas a funcionarios públicos, anomalías en facturación, hasta pagos por cenas y entretenimiento personal.
Una jornada que nadie quiere
El horario fue inicialmente autorizado por el Consejo Superior del Poder Judicial para acomodar la agenda del abogado particular José Miguel Villalobos, defensor de ocho de los 14 imputados, quien también participaba en el juicio del Caso Fénix en las mañanas. No obstante, Villalobos fue apartado del caso al ausentarse de dos audiencias claves los días 7 y 8 de abril, siendo reemplazado por defensores públicos.
Ante su salida, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensa Pública coincidieron en que no tiene sentido mantener la jornada vespertina, la cual, según argumentan, limita la eficiencia del proceso y complica la logística de los imputados, muchos de los cuales viven fuera del Valle Central.
Tribunal se mantiene firme
Pese a las solicitudes unánimes para regresar a un horario ordinario, el Tribunal –conformado por los jueces Andrea Víquez, Joshua Artavia, Sergio Quesada y presidido por Cinthya Ramírez– rechazó la petición. Ramírez explicó que modificar el horario ahora podría poner en riesgo la realización del juicio este mismo año, ya que los jueces tienen compromisos inamovibles en la jornada matutina.
Tampoco se accedió a la solicitud de postergar el inicio del juicio por tres meses para que los nuevos defensores puedan estudiar el voluminoso expediente. En su lugar, se concedieron 10 días hábiles, en apego a lo dispuesto en el Código Procesal Penal para juicios ordinarios relacionados con crimen organizado. Así, la fecha definitiva de inicio quedó fijada para el 26 de mayo.
Resistencia y voces críticas
Durante la última audiencia, los defensores públicos reiteraron que las razones administrativas señaladas por el Tribunal podrían resolverse solicitando nuevamente el aval del Consejo Superior. La defensora Paola Amador subrayó que insistir en el horario nocturno afecta el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones equitativas.
El procurador Federico Quesada también fue enfático: aseguró que trabajar en horario ordinario permitiría una mayor eficiencia, un mejor aprovechamiento del tiempo, y ahorros importantes para el Estado en horas extra y gastos logísticos.
El fiscal del caso, Carlos Jiménez, apoyó que se otorgue más tiempo a la defensa pública para la preparación del caso, al considerar que, más allá de los roles enfrentados, lo justo es garantizar el derecho a una defensa adecuada.
Conclusión
El caso La Trocha, uno de los procesos judiciales más esperados y complejos de la última década en Costa Rica, inicia su juicio en medio de una nueva polémica. Esta vez, no por los hechos que se investigan, sino por un horario que, según casi todos los actores del proceso, dificulta la administración de justicia.
