Los dos dictadores dialogaron, sentados en cómodas sillas, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, frente a periodistas y funcionarios de ambos gobiernos.
El salvadoreño Nayib Bukele, aprovechó -en exceso- la oportunidad de mostrar su alineamiento con Donald Trump, su contraparte estadounidense, principalmente en materia de represión antimigrante.
El anfitrión aseguró, días antes, que gobernantes de diferentes países están llamándolo -en incesante secuencia-, aterrorizados por los aranceles comerciales que está implantando urbi et orbe, para, sumisamente, implorarle que no se los aplique.
Burlándose de los menospreciados dirigentes en cuestión, cuando se dirigió a los participantes en una actividad que el gobernante Partido Republicano llevó a cabo, el 8 de abril, en Washington, Trump dijo: “esos países, están llamándonos, besándome el culo” (“these countries are calling us up, kissing my ass”).
Pero Bukele no lo hizo por teléfono sino personalmente, y en presencia de medios de comunicación, quedando, así, definitivamente incorporado al registro histórico de la ignominia política mundial -específicamente, la deshonra gringuera latinoamericana-, y dando valor agregado a su servilismo.
Algunos funcionarios gubernamentales de trumpismo incondicional -por ejemplo, el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el viceministro de la Presidencia (deputy chief of Staff), Stephen Miller; la fiscala general, Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Interna (Homeland Security), Kristi Noem-, también estuvieron presentes.
Durante la parte pública de la visita que llevó a cabo, el 14 de abril, a Washington, el salvadoreño refirmó su sometimiento a la voluntad imperial en cuanto a alojar, en el nefasto Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inmigrantes detenidos en Estados Unidos -a cambio de recibir, en principio, seis millones de dólares, como agradecimiento por el favor-.
Ni siquiera pestañeó cuando su anfitrión mencionó, en tono casual -y dándolo por seguro-, que estaba pensando en enviar, al Cecot, no solamente “enemigos extranjeros” sino también delincuentes estadounidenses cumpliendo condena de prisión.
Trump hizo, además, rápida alusión a que considera que Bukele tendría que construir más Cecots, para alojar a todos foráneos y los nacionales que el régimen estadounidense decida transferir -en flagrante ilegalidad-.
En cuanto a capturar/recluir/deportar migrantes etiquetados como delincuentes/terroristas -y estadounidenses cumpliendo prisión-, la mentalidad trumpiana/magaista es -en versión moderna- la fascista italiana y la nazi alemana de la primera mitad del siglo veinte.
Los regímenes fascista (1922-1945), en Italia, y nazi (1933-1945), en Alemania
-respectivamente, encabezados por Benito “il Duce” Mussolini (1883-1945), y Adolf “der Führer” Hitler (1889-1945)-, también persiguieron a personas señaladas como “enemigos” del Estado, recluyendo a millones en campos de concentración -en Alemania, Italia, y otros países europeos-, y deportándolos de un centro de cautiverio a otro -una proporción considerable, enviada a centros de exterminio-.
Por ejemplo, la dictadura fascista persiguió, a “súbditos enemigos” (“sudditi nemici”), recluyendo, en campos de concentración (campi di concentramento), a los miles de capturados. para lo cual creó la Oficina de Internados (Ufficio Internati).
De acuerdo con un decreto de 1940, del régimen mussoliniano, se trató de una medida preventiva, de seguridad nacional, para enfrentar a “los elementos peligrosos y sospechosos desde el punto de vista militar y político”, e incluyó la creación de esa entidad.
La nefasta dependencia estaba dividida en varias secciones, una de las cuales se encargaba de los “internados italianos” (“internati italiani”), mientras otra gestionaba los casos de “internados extranjeros” (“internati stranieri”) -clasificación que incluía a ciudadanos de “estados enemigos”, así como a extranjeros, lo mismo que a italianos, sospechosos de ser espías-.
El decreto, que se denominó “Aplicación de la Ley de Guerra” (“Applicazione della Legge di Guerra”), fue fechado el 10 de junio de 1940, cuando las dictaduras alemana e italiana eran protagonistas de la Segunda Guerra Mundial (1936-1945), conflicto que perdieron
-junto con Japón- frente a la coalición internacional conocida como los Aliados -cuyos principales integrantes fueron Estados Unidos, Francia, y la Unión Soviética-.
Superando el tiempo -más de ocho décadas-, las similitudes entre la mentalidad de los regímenes fascista y nazi, y del trumpista/magaista, son notorias.
La dictadura estadounidense también maneja el concepto de extranjeros enemigos, con el agravante de que el discurso xenofóbico que maneja ha implantado, en el imaginario colectivo de sus millones de irracionales seguidores, la imagen de que los inmigrantes de escasos recursos -principalmente los latinoamericanos- son peligrosos -además de ser pandilleros y violadores, hasta se alimentan con las mascotas de sus vecinos en las comunidades donde se asientan-.
En su declarado esfuerzo por liberar a Estados Unidos de esa presunta invasión de extranjeros dañinos, el autócrata anunció, el 14 de marzo, la decisión de invocar la Ley de Enemigos Foráneos (Alien Enemies Act) -que data de 1798, o sea: más de dos siglos-, para deportar a cientos de inmigrantes supuestamente irregulares.
El texto en cuestión es una de las cuatro Leyes de Foráneos y Sedición (Alien and Sedition Acts) aprobadas, por el Congreso, en 1798, para ser implementada en tiempo de guerra.
En términos generales, esas herramientas jurídicas -Ley de Naturalización (Naturalization Act), Ley de Amigos Foráneos (Alien Friends Act), Ley de Sedición (Sedition Act), y la invocada por Trump-, fueron concebidas para imponer restricciones en materia migratoria y de libertad de expresión.
De las cuatro, la única que no perdió vigencia es la de enemigos, ya que es parte del Código de Leyes de Estados Unidos de América (Code of Law of the United States of America)
-más conocido como el Código de Estados Unidos (United States Code)-.
- Antes de ser invocada por Trump, fue utilizada en apenas tres momentos -respectivamente, por los presidentes James Madison (1809-1813, 1813-1817), durante la guerra estadounidense-británica de 1812-1815; Woodrow Wilson (1913-1917, 1917-1921), en el marco de la Primera Guerra Mundial -también conocida como la Gran Guerra- (1914-1918); Franklin Roosevelt (1933-1937, 1937-1941, 1941-1945, 4 de marzo a 12 de abril de 1945), en la Segunda Guerra Mundial (1936-1945).
Oficialmente titulada “Una Ley Respecto a Enemigos Foráneos” (“An Act Respecting Alien Enemies”), esta pieza de legislación consiste en cuatro secciones (artículos).
Según la primera sección, “cuando haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjeros, o cualquier invasión o incursión predatoria sea perpetrada, intentada, o amenazada contra el territorio de Estados Unidos por cualquier nación o gobierno extranjeros, y el presidente hace proclamación pública del hecho, todos los nativos, ciudadanos, habitantes, o súbditos de la nación o el gobierno hostil, en la edad de catorce años y más, quienes estén dentro de Estados Unidos y sin ser naturalizados, serán pasibles de ser aprehendidos, restringidos, retenidos, y removidos como enemigos foráneos”.
En el caso de la Segunda Guerra, la ley fue aplicada a unos 120 mil integrantes de la comunidad japonesa, dos tercios de la cual estaban constituidos por ciudadanos estadunidenses de esa ascendencia.
No obstante el hecho de que el país no se encuentra en estado de guerra, Trump invocó la Ley de Enemigos Foráneos, lo que formalizó mediante la proclamación que, al respecto, firmó el 20 de marzo -exactamente dos meses después de reinstalado en la Casa Blanca-.
En su intervención inicial durante el mediático diálogo en la Casa Blanca -sentado a la derecha de su jefe, y hablando en inglés-, Bukele aseguró, exhibiendo adulonería sin límite, que “es un honor estar aquí, en la Oficina Oval, con el presidente y el líder del mundo libre”.
“Estamos muy contentos, y estamos muy ansiosos por ayudar”, siguió afirmando.
“Sabemos que ustedes tienen un problema de crimen, un problema de terrorismo, con el cual necesitan ayuda”, agregó, de inmediato, dirigiéndose a Trump, y en referencia a la recurrente narrativa magaista sobre la presunta invasión, a Estados Unidos, por delincuentes de organizaciones criminales/terroristas principalmente latinoamericanas -en particular, de El Salvador y de Venezuela-.
“Somos un país pequeño, pero, si podemos ayudar, lo haremos”, garantizó, seguidamente, en el diálogo que insumió poco menos de 45 minutos.
“Y, en realidad, convertimos, a la capital mundial del asesinato -así la llamaban los periodistas, verdad?: capital mundial del asesinato-, en el país más seguro del Hemisferio Occidental”, aseveró, en alusión a la violencia que, durante años, caracterizó a El Salvador.
La dramática crisis de seguridad también golpeó a Guatemala y a Honduras, países que, junto con El Salvador, integran el Triángulo Norte de Centroamérica -que llegó a constituirse en la región más violenta a nivel global-.
Bukele también trató de justificar la imposición, en 2022, del mensualmente prorrogado Régimen de Excepción, uno de los principales componentes de su represiva política de seguridad, que ha resultado en decenas de miles de detención y condenas a prisión -un porcentaje considerable de las cuales se cumple en el Cecot-, así como en violaciones a los derechos humanos.
“Algunas veces, dicen que hemos encarcelado a miles”, afirmó, para agregar, en cinismo ascendente, que “me gusta decir que, en realidad, liberamos a millones”, en referencia a los algo más de 6.6 millones de habitantes del territorialmente más pequeño país centroamericano.
“Y, de hecho, señor presidente, usted tiene 350 millones de personas a quienes liberar”, agregó, intensificando su servilismo, en alusión a la población de Estados Unidos.
“Pero, para liberar a 350 millones de personas, hay que encarcelar a algunos”, planteó, a continuación, en obsecuencia y desfachatez fuera de control, para precisar: “así es cómo funciona esto, verdad? ”.
“No es posible liberar a los delincuentes, y pensar que el delito va a bajar mágicamente”, aseveró, además de, inmediatamente, reafirmar -con el asentimiento de su patrón- que “hay que encarcelar algunos, para poder liberar 350 millones de americanos que están pidiendo el fin de la criminalidad, y el fin del terrorismo”.
“Es posible hacerlo (…) usted ya está haciéndolo”, aseveró, de inmediato, a manera de aclaración.
Después, vino la pregunta clave, dirigida a Bukele, respecto a la reciente deportación ilegal, desde Estados Unidos, del migrante salvadoreño Gilmar Ábrego García, a El Salvador
-concretamente, al Cecot-: “usted proyecta regresarlo?”.
Para responder, el “dictador más cool” -por autodefinición- fabricó un contexto absurdo
-en el mejor de los casos-, flagrantemente distorsionando la realidad -para adaptarla al maniobrero discurso oficial de ambos regímenes-.
“Bueno, supongo que usted está sugiriendo que yo introduzca, ilegalmente, a un terrorista, a Estados Unidos”, empezó a argumentar, repitiendo el infundado guión trumpiano de que
-contrariamente a la verdad- Ábrego es un marero (pandillero) -por lo tanto, un terrorista-.
“Cómo puedo regresarlo a Estados Unidos?”, agregó.
“Lo introduzco ilegalmente a Estados Unidos, o qué hago?”, siguió especulando, para aclarar que, “por supuesto, no voy a hacerlo”.
“La pregunta es absurda: cómo voy a introducir ilegalmente, a un terrorista, a Estados Unidos?”, insistió.
Y, de inmediato, aseveró: “no tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos”.
Si esto último fuese cierto, estaríamos ante el primer caso, en la historia universal de las tiranías, de un dictador que se ciñe a la ley -conducta indudablemente, cool-.
En un fácil ejercicio de lógica, es posible determinar, que, con ese enredado razonamiento, lo que Bukele hizo fue demostrar que Trump introdujo ilegalmente, no a uno sino a centenares de terroristas, a El Salvador -lo que, efectivamente, ocurrió, y parece que seguirá ocurriendo-.
La siguiente pregunta para el salvadoreño –una interrogante lógica, en el contexto manipuladoramente ilógico que Bukele estaba fijando-: “puede usted liberarlo dentro de El Salvador?”.
La respuesta, de autoritaria inflexibilidad: “sí, pero no me gusta mucho liberar terroristas dentro de nuestro país”.
“Terminamos de convertir, a la capital mundial del asesinato, en el país más seguro del Hemisferio Occidental, y usted quiere que volvamos a liberar criminales para que volvamos a ser la capital mundial del asesinato?”, preguntó, evasivamente, a continuación.
“Eso, no va a ocurrir”, aseguró.
El antidemocrático dúo se pronunció, inequívocamente, contra el regreso de Ábrego, el migrante salvadoreño arbitrariamente detenido, por agentes de Control Migratorio y Aduanero (Immigration and Customs Enforcement, ICE), el 12 de marzo, en Estados Unidos -donde residió, legalmente, durante años-, y deportado, tres días después, vía aérea, a El Salvador -es decir, al Cecot-. (la conversión está registrada, entre otros sitios en Internet.
Según versiones periodísticas estadounidenses e internacionales, la llegada de Ábrego, en 2011 o 2012, fue irregular, pero de acuerdo con una disposición judicial emitida tras su primera detención, en 2019, el salvadoreño quedó autorizado a permanecer -y trabajar- en Estados Unidos.
La resolución también estableció la prohibición de deportarlo a El Salvador, a causa de que una mara (pandilla) “lo había amenazado de muerte”.
Según los medios, Ábrego decidió desplazarse hacia Estados Unidos, huyendo de la Mara 18 (M-18) -actualmente denominada Barrio 18 (B-18)-, no obstante lo cual el régimen trumpista sostiene que es un matrero -lo señala como integrante de la Mara Salvatrucha (MS), ahora conocida como MS-13-.
La 18 y la Salvatrucha son las principales pandillas -convertidas, de callejeras, en estructuras de crimen organizado- que operan en el Triángulo Norte.
Las maras son una secuela del período durante el cual Centroamérica fue un extenso campo de batalla para las guerras proxy que, en la región -y en el marco de la global Guerra Fría (1947-1991)-, los criminales y corruptos megaimperios estadounidense y soviético protagonizaron, visible e invisiblemente, durante décadas.
Esas confrontaciones armadas causaron la pérdida de cientos de miles de vidas, generaron daño ambiental, agudizaron la endémica injusticia social -incluida la desigualdad de género-.
Los escenarios bélicos fueron Guatemala (1960-1996), El Salvador (1980-1992), Nicaragua (1982-1990), y, sin haber sido formalmente lugar de combate armado, Honduras tuvo actividad guerrillera local, y fue afectada por la ola de dictaduras militares y serviles regímenes civiles proestadounidenses de la época.
En el terreno, los protagonistas directos fueron, esencialmente ejércitos/fuerzas policiales/escuadrones paramilitares apoyados principalmente por Estados Unidos, y guerrillas respaldadas, entre otros actores extrarregionales, por la comunista Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss) -creada en 1922, disuelta en 1991-.
Esos cuatro -de los siete- países del istmo centroamericano se convirtieron, así, en escenario de conflictos bélicos.
En su origen, las maras fueron creadas por jóvenes centroamericanos -principalmente, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños- quienes, huyendo de la conflictividad bélica en sus respectivos países de origen, se asentaron, mayoritariamente -e indocumentadamente-, en Los Ángeles.
Ese centro urbano -ubicado en el sur del occidental y costero estado de California, cerca del extremo oeste de la frontera México-Estados Unidos- estaba territorialmente fraccionado por enraizados grupos delincuenciales chinos, mexicanos, rusos, etc.
En tal contexto, esos centroamericanos se agruparon para consolidar protección colectiva
-de hecho, y quizá sin advertirlo, preservando identidad cultural-.
A diferencia de la gente del Triángulo Norte, los nicaragüenses -mayoritariamente de clases socioeconómicas media alta, y alta-, se asentaron en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami, al tiempo que los más numerosos no adinerados cruzaron, irregularmente, la frontera sur de Nicaragua, hacia Costa Rica, en ambos casos, huyendo del gobierno revolucionario (1979-1990).
Por lo tanto, fue en Estados Unidos -específicamente, en Los Angeles- donde surgieron las dos agrupaciones originarias -que siguen, décadas después, siendo las principales-: la M18 y la MS.
Las deportaciones, por parte de la implacable migra estadounidense, instalaron, a altos números de mareros, de regreso en sus respectivos países de origen.
Las dos agrupaciones históricas siguen siendo los referentes básicos en el planeta de la delincuencia -estructuradas en clicas (algo así como sub-maras), cada una con su palabrero (jefe)-, habiéndose metamorfoseado, de las iniciales pandillas callejeras, en las actuales estructuras de crimen organizado, con imbatible poder territorial -y, obviamente, armado-.
Ahora, alrededor medio siglo después, las maras se multiplicaron en el triángulo -también en Estados Unidos-, y sus integrantes llegaron a sumar muchas decenas de miles.
Llegado a territorio estadounidense, Ábrego se asentó en el oriental y costero estado de Maryland, habiéndose casado con la estadounidense Jennifer Vásquez -la pareja tiene tres hijos menores, quienes presentan “necesidades especiales”-.
El salvadoreño carece de antecedentes policiales, de acuerdo con lo determinado, en 2019, por el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS).
El gobierno estadounidense ha reconocido que cometió un “error”, al deportarlo, no obstante lo cual, se ha negado a regresarlo desde El Salvador.
El secuestro y la expulsión de Ábrego, por parte del régimen de Trump, perpetrados no obstante claras órdenes judiciales en contrario, han generado severas críticas e intensa preocupación, a nivel político y de otras instancias nacionales.
También han dado lugar a fuerte repudio, por parte de familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, y diferentes sectores de la sociedad civil -incluida la asediada y atemorizada comunidad inmigrante-.
Esas voces han coincidido en denunciar que, con la apresurada deportación, el salvadoreño fue privado del derecho al debido proceso judicial.
En ese sentido, el senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen -quien se reunió, el 17 de abril, en San Salvador, con Ábrego-, advirtió -de regreso en Estados Unidos-, a la cadena estadounidense de televisión informativa Cable News Network (CNN), que “si negamos los derechos constitucionales de este hombre, eso amenaza los derechos constitucionales de todos, en Estados Unidos”.
Van Hollen informó, asimismo, en declaraciones a medios de comunicación, que el régimen de Bukele trasladó, al deportado, a otro establecimiento carcelario, y, según versiones periodísticas, se trata de un centro de detención en la occidental ciudad de Santa Ana.
En la misma línea de análisis, la organización no gubernamental internacional Human Rights Watch (HRW) señaló, en un comunicado que emitió el 18 de abril, que “el drama de Ábrego García representa un desafío para el orden constitucional”.
Por su parte, en declaraciones reproducidas el 15 de abril, por la revista estadounidense Rolling Stone -mientras el deportado permanecía en la prisión salvadoreña de máxima seguridad-, la jueza federal Paula Xinis, de Maryland, planteó que, “cada día que el señor Ábrego García está detenido en el Cecot, es otro día de daño irreparable”.
