Alberto Cabezas/Foto-Medios
La Fracción Legislativa, la Comisión Política, y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Ciudadana, respaldan la decisión del Poder Ejecutivo de iniciar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, como mecanismo para «enfrentar la difícil situación de las finanzas públicas costarricenses, proteger la institucionalidad, y preservar las condiciones estructurales del bienestar de las familias y la paz social».
Según un comunicado de prensa emitido por estas instancias el día de ayer «Costa Rica se encuentra en un momento económico y social que compromete la vigencia de nuestras conquistas sociales de los últimos setenta años, y el vigor de las instituciones sobre las que se asienta nuestra Democracia. Los efectos imprevisibles del COVID19 sobre nuestra economía y nuestra sociedad interrumpen los avances en la estrategia de recuperación de nuestras finanzas públicas, que incluyó la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas».
¿ PORQUE ACUDIR AL FONDO MONETARIO?
«recurrir al Fondo Monetario Internacional se hace necesario como mecanismo urgente de llevar recursos al Estado en el cortísimo plazo. Esta decisión es imprescindible a pesar de los contratos ya suscritos de cambio de deuda cara por deuda barata, los éxitos alcanzados en el control de la inflación y las tasas de interés, las políticas de readecuación de créditos, la lucha contra el contrabando, la evasión y la elusión fiscal, los pasos hacia la modernización de la gestión tributaria, la contención y reducción del gasto corriente, las reducciones sobre las pensiones de lujo y las convenciones colectivas, y el establecimiento de la regla fiscal. Todos estos esfuerzos, muchos de ellos alcanzados gracias al concurso de la Asamblea Legislativa, se tornan insuficientes frente a la grave desaceleración de la economía provocada por el COVID19. Comprendemos las reservas y preocupación de diferentes sectores en relación con los alcances y efectos de las medidas que se incluirían en el acuerdo con el FMI, especialmente sobre las personas cuyas finanzas familiares se han visto fuertemente afectadas. Cada una de las medidas que sean incorporadas en el acuerdo definitivo tendrá que ser ampliamente explicada a la sociedad, así como sus posibles efectos. Todas ellas deben ser guiadas por los principios de justicia, progresividad y eficiencia. Nos comprometemos a redoblar esfuerzos para garantizar que la agenda que se lleve a la negociación con el FMI tenga una orientación expresa de cargar el impacto de estas medidas en los sectores más favorecidos de la sociedad, mismos que cuentan con mayores recursos para salir avante de una situación tan delicada como la que enfrentamos como país» afirma dicho comunicado.
Agrega este documento «el momento actual demanda de todas y todos responsabilidad y estudio de las medidas propuestas, así como apertura al diálogo social y político. En tiempos de incertidumbre, desinformación y desencuentro social, reiteramos nuestra vocación de transparentar los procesos y hablar con honestidad, como base mínima de respeto frente a una discusión trascendental para el futuro del país».
