George Rodríguez/Foto-Medios
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), abogado Álvaro Leiva, solicitó, al papa Francisco, que centre atención en la violenta crisis sociopolítica que hace más de dos años golpea a Nicaragua, y a las violaciones a las garantías fundamentales que el pueblo del país centroamericano padece en el marco de esa dramática situación.
El responsable de tal crisis -ahora agudizada por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, que golpea a Nicaragua-, es el ilegítimo régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y Vicepresidenta Rosario Murillo, denunció Leiva, en una extensa carta que dirigió, el 1 de este mes, al pontífice.
En ese contexto, se han agudizado los ataques, del régimen orteguista, contra la Iglesia católica -incluidos obispos y otros sacerdotes-, aseguró el activista nicaragüense, asilado, desde 2018, en la limítrofe Costa Rica.
“Me permito rogarle dirigir su mirada a la grave situación de crisis de violaciones a los derechos humanos que vive mi pueblo, bajo el régimen político dictatorial encabezado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, quienes de manera inconstitucional e ilegítima se encuentran al frente del Estado de Nicaragua”, expresó, en el texto de quince párrafos.
La situación nicaragüenses es una de quiebra del orden constitucional, lo que ha dado lugar a un Estado fallido, marco en el cual se manifiesta la notoria ausencia de voluntad gubernamental en cuanto a respetar los derechos humanos, precisó.
Así, el régimen mantiene la militarización del país, lo que se evidencia en la acción represiva irrestricta -e impune- de la Policía Nacional actuando conjuntamente con ilegales grupos paramilitares, de acuerdo con lo planteado por Leiva.
“En Nicaragua se ha dado una ruptura del orden constitucional y del orden democrático, que ha generado un Estado fallido en el ejercicio del poder político, puesto que ya no puede asegurar, como Estado, la tutela efectiva de los derechos humanos de los nicaragüenses”, denunció.
“En consecuencia, se ha creado un vado de poder político y de gobernabilidad en Nicaragua”, precisó.
En ese sentido, denunció, además, que “el régimen sigue careciendo completamente de voluntad política para respetar plenamente los derechos humanos de los nicaragüenses, sin excepción”.
“Toda Nicaragua permanece militarizada, con presencia significativa de fuerzas policiales y paramilitares que impiden la libre expresión, libertad de reunión, libre organización y libre movilización, como un derecho humano universal, el cual esta reprimido por la intimidación, persecución, amenazas, secuestros, arrestos y ejecuciones extrajudiciales”, siguió denunciando.
Por lo tanto, las condiciones para la necesaria apertura democrática, no están dadas, cuadro de situación del cual la represión anticatólica constituye un aspecto, aseguró el dirigente de la Anpdh.
En consecuencia, tampoco es, de momento, viable, la realización del urgentemente necesario proceso electoral limpio, advirtió.
“No existe la posibilidad de apertura democrática inmediata y la devolución de los patrimonios confiscados, junto a la reparación económica por los daños ocasionados a todos los medios de comunicación cerrados y censurados, a fin de garantizar el pleno derecho del pueblo a ser informado objetivamente como un derecho constitucional y un derecho humano”, puntualizó.
“No existen condiciones por la centralización de todos los poderes del Estado de Nicaragua, entre ellos el Poder Electoral, para que se dé a corto y mediano plazo un proceso electoral objetivo y trasparente, que garantice plenamente a los nicaragüenses elegir libremente a sus gobernantes”, explicó, a continuación.
Entretanto, “sigue la intimidación y el asedio de fieles y líderes religiosos, y la violenta focalización en iglesias católicas”, precisó.
“El presidente Daniel Ortega ha exacerbado las tensiones al acusar a la Iglesia de ‘golpista’, ‘terrorista’, y ‘pedófila’, y al acusar a los sacerdotes de acumular armas en sus iglesias, en nombre de los participantes en protestas”, agregó, a manera de ejemplo.
Además, “muchos líderes religiosos en el país afirman que el gobierno está politizando la religión durante una crisis política”, contexto en el cual “el gobierno ha usado el lenguaje religioso y ha tratado de infiltrarse en parroquias según informe de United States Commission on lnternational Religious Freedom -USCIRF, por sus siglas en inglés-“, señaló.
Al respecto, detalló una agresión de naturaleza terroristas llevada a cabo, a mediados de este año, por un atacante, en la Catedral Metropolitana de Managua, la capital nacional.
“Una de las situaciones más recientes ha sido la ocurrida el pasado 31 de julio en contra de la sagrada imagen de la Sangre de Cristo, de la catedral de Managua”, escribió.
Se trata de una acción “calificada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua -comunicado 01.08.2020- como un ‘acto violento y extremista, propio de un acto terrorista, premeditado y planificado para ofender gravemente nuestra fe en Jesucristo Redentor y la propia historia e identidad nicaragüense. A este hecho se suman otras profanaciones y sacrilegios, cometidos en las últimas semanas, en una serie de situaciones que pensamos, no son aisladas’”, señaló Leiva.
El activista aclaró, por otra parte, que la represión contra la Iglesia católica nicaragüense no constituyen ninguna novedad.
“Santo Padre, como usted seguramente tiene información de sobra sobre este tema, las agresiones en contra de la iglesia católica de Nicaragua no son nuevas y tienen graves antecedentes que se remontan a los años 80’s, e incluyen violencia física en contra de sacerdotes y laicos, hostigamiento a las actividades litúrgicas, difamación, encarcelamientos y destierro”, planteó.
Leiva aludió así a la primera administración (1979-1990) -también encabezada por Ortega- del ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Más recientemente, y a raíz de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, un masivo éxodo, decenas de miles de personas, tiene lugar, principalmente hacia la vecina Costa Rica, en procura de la seguridad y las oportunidades que no encuentran en su país de origen, indicó el activista de derechos humanos.
Sin embrago, numerosos exiliados “se ven hoy obligados a regresar a su tierra natal, a pesar del grave peligro que les acecha, porque sus posibilidades laborales se cerraron en otros países de Centroamérica a consecuencia de la pandemia y no tienen cómo pagar el alquiler de sus viviendas ni el alimento para sustentarse ellos mismos y sus familias”, informó.
Pero “a pesar de tan dramática situación, el régimen Ortega-Murillo les pone trabas y condicionamientos para dejarlos ingresar a su propio país, violando así nuestra Constitución Política y los más elementales derechos humanos consignados en convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua”, denunció, además.
“A lo anteriormente referido se suma el dolo o la mala intención con que el régimen Ortega-Murillo abordó la emergencia de la Pandemia (…) donde todos sus actos y declaraciones de sus funcionarios apuntaron a la promoción y contagio masivo de la población indefensa, lo cual constituye un acto más de genocidio viral ya que en Nicaragua existe contaminación comunitaria”, agregó.
“La situación alarmante de desprotección del pueblo de Nicaragua, frente a esta emergencia, que lo ha llevado a un grado de mortalidad de proporciones incalculables y la falta de un plan nacional de atención a esta emergencia humanitaria”, siguió revelando.
“Esta grave situación de negligencia incluye a más de 100 prisioneros políticos, cuya vida peligra por falta de atención médica oportuna, tortura, hacinamiento y la pésima alimentación que reciben”, precisó.
En virtud de la dramática situación nicaragüense, Leiva solicitó, a Francisco, un encuentro personal, para ampliar algunos de los puntos incluidos en la carta.
“Con todo el respeto que Su Santidad merece, concluyo mi epístola con el corazón contrito, rogándole la gracia de una audiencia, aunque sea de unos cuantos minutos, para el día martes 24 de noviembre, en horas para usted conveniente, para recibir su bendición y quizás poder puntualizar algunas de los aspectos abordados en la presente comunicación”, expresó.
“Pero, además, y, sobre todo, sentir a través de su presencia la fuerza renovadora del Evangelio de Cristo, para renovar mis fuerzas, para llenar nuevamente de fe este corazón que a veces se siente vacío por la desesperanza y la tristeza, ante tanto dolor, injusticia e impunidad que, como pesada cruz agobia a mis hermanos nicaragüenses”, manifestó, además.
Nicaragua es fuertemente golpeada, desde el 18 de abril de 2018, por una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual
-aunque masivamente-, exigen la renuncia de Ortega y Murillo, demanda que, invariablemente, ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, habiendo generado, simultáneamente, unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en cuanto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
