George Rodríguez/Foto-Archivo
El caso del preso político nicaragüense Justo Emilio Rodríguez López, cuyo estado de salud es delicado, por ausencia de atención médica oportuna, es una de las variantes de tortura a las que son sometidos los opositores encarcelados por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh).
Los opositores al gobierno orteguista quienes están en prisión, arecen, en las instalaciones donde se encuentran recluidos, de asistencia médica, además de que son torturados física y psicológicamente, aseguró en un comunicado, la Anpdh, organización que opera, desde 2018, en el exilio, en Costa Rica.
Uno de los lugares donde los presos políticos son sometidos a trato particularmente cruel es una celda conocida como “la 300”, precisó la organización, en un comunicado leído, en conferencia de prensa, por su secretario ejecutivo, el abogado Álvaro Leiva.
La asociación denunció la “grave situación de salud del prisionero político Justo Emilio Rodríguez López, de 67 años de edad (…) quien se encuentra privado de libertad por motivos políticos desde el 01 de abril del presente año, tras haber participado en un acto cívico en conmemoración al segundo aniversario de las protestas de abril de 2018 contra el régimen dictatorial Ortega Murillo”.
La organización aludió, así, a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El acto opositor en el que participó Rodríguez López, “fue reprimido violentamente por la policía al servicio del régimen”, puntualizó, para agregar que, “en julio de 2020 la autoridad judicial al servicio de la dictadura condenó a cuatro de años de prisión a Rodríguez López, por el supuesto delito de ‘obstrucción a la justicia’”.
“Según denuncias de sus familiares que trascendieron ayer lunes 31 de agosto, el reo político Rodríguez López se encontraba mal de salud desde hace varios días, pero ante la negligencia de las autoridades carcelarias, quienes se negaron a brindarle una atención médica efectiva y oportuna, su estado se complicó y hasta el domingo 30 fue trasladado de emergencia, en estado de muerte cerebral, al hospital Antonio Lenin Fonseca de la ciudad de Managua”, siguió denunciando.
Una vez ingresado al centro asistencia, el detenido “inmediatamente fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos”, indicó en el texto de nueve extensos párrafos leído por Leiva en el diálogo con periodistas llevado a cabo en la sede de la Anpdh en San José, la capital costarricense, y difundido, en vivo, por la red social Facebook.
“De acuerdo con las denuncias, en el centro hospitalario se niegan a brindar información sobre el estado de salud del prisionero político a sus familiares, alegando ‘órdenes superiores’ emanadas de los carceleros de la dictadura Ortega Murillo”, señaló.
En el caso de Rodríguez López, el régimen, “una vez más (…) comete una grave violación a los derechos humanos del pueblo nicaragüense, específicamente contra los reos políticos, a quienes tortura física y psicológicamente y de manera sistemática”, continuó denunciando la Anpdh.
“Una de estas graves violaciones se ha caracterizado en el hecho de negar a los reos políticos la atención médica, preventiva o curativa, trasladándolos a algún centro hospitalario hasta que el prisionero enfermo está en riesgo de muerte, conducta perversa que constituye una acción criminal”, puntualizó.
“Por todos los antecedentes violatorios a los derechos humanos que caracterizan el proceder del régimen Ortega Murillo en contra de los prisioneros políticos (…) lo hacemos responsable directo de lo que le suceda al ciudadano Justo Emilio Rodríguez López y a cualquier otro prisionero político nicaragüense”, advirtió.
La Anpdh informó, asimismo, que ha denunciado, internacionalmente, el riesgo en el que están los presos políticos, así como sus respectivos familiares, en Nicaragua.
“Nuestras gestiones se están realizando ante todas las instancias internacionales, que incluyen organismos regionales y mundiales involucrados en la defensa de los derechos humanos; también hemos recurrido a denunciar la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua ante los gobiernos democráticos del mundo, incluyendo al Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos de América, países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y ante Su Santidad, el Papa Francisco”, indicó.
La organización lanzó, además, una advertencia a la pareja gubernamental, y a “todos quienes les sirven de 
cómplices para enriquecerse a costa del dolor y sufrimiento de los nicaragüenses”, subrayando que “deben estar seguros de que en la ANPDH no descansaremos hasta lograr que, ni uno solo de sus delitos en contra de los derechos humanos de la población en general y de los presos políticos en particular, queden en la impunidad y en el olvido”.
Interrogado, posteriormente, por Informativo JBS, sobre si, sumado a la negativa inicial a proporcionarle asistencia médica oportuna, Rodríguez López ha recibido algún otro tipo de trato inhumano, Leiva indicó que todos los presos políticos, en Nicaragua, son sometidos a “hacinamiento, la tortura psicológica, tortura física”.
En tal sentido, el activista, quien se refirió a denuncias de familiares de reclusos políticos, indicó que “hay una celda -que le llaman ‘la 300’-, y que es donde mantienen, en situaciones de crueldad (…) aquellos ciudadanos que son selectivamente clasificados por la administración del sistema penitenciario, por orientaciones del régimen”, algo que, “definitivamente, pone, en una situación de alto riesgo, a nuestros presos políticos”.
“El tema de nuestros presos políticos, es un tema recurrente, un tema de actualidad, y tenemos que tener la responsabilidad, con ellos, de lograr su liberación, tan pronto como sea posible”, expresó, además de subrayar que, “otro tema, no está por encima de ello, y es un tema que debemos de, todos los nicaragüenses unidos, hasta lograr su liberación de los mismos”
Nicaragua es escenario, desde el 18 de abril de 2018, de una violenta crisis sociopolítica en cuyo marco sectores de la sociedad civil, y ciudadanos a nivel individual -aunque masivamente-, exigen la renuncia de la pareja gobernante, demanda que ha recibido, desde entonces, constante represión policial y paramilitar -ahora, más selectiva que masiva-.
Según los más actualizados datos de la Anpdh, la violencia antiopositora ha cobrado por lo menos 728 vidas, generado unos 842 desaparecidos, 514 presos políticos, y 5,109 heridos.
La situación se ha agravado, desde marzo de este año, a causa de la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria ante la cual el gobierno orteguista ha sido básicamente omiso en canto a implementar medidas para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.
