George Rodríguez /Foto – Álvaro Bagnarello R. ( Prensa – Anpdh)
La oscuridad que, en materia de democracia, envuelve a Nicaragua, se disiparía si fuese posible instalar, en el país centroamericano, un gobierno de transición, y someter a la justicia internacional a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el marco de la violenta crisis sociopolítica nacional, planteó el exiliado secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva.
Según explicó el activista, a Informativo JBS, en materia de transición política, se trata de implementar un esquema similar al estructurado en el caso de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) instalada en 1979, tras el derrocamiento, por el entonces guerrillero y ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de la dictadura (1967-1979) encabezada por el general Anastasio Somoza Debayle –ajusticiado, en 1980, por un comando guerrillero argentino, en Asunción, la capital de Paraguay, donde residía en calidad de asilado político-.
Se instaló, así, el gobierno revolucionario que finalizó en 1990, cuando el FSLN sufrió la primera de sus tres sucesivas derrotas electorales (1990, 1996, 2001).
En cuanto a la aplicación de justicia, los marcos de referencia son los sistemas de derechos humanos, respectivamente, de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo, indicó, durante el diálogo desarrollado en la representación de la Anpdh en San José, la capital de Costa Rica, el país centroamericano donde Leiva se exilió el año pasado.
“Desde la perspectiva como organismo de derechos humanos, y como defensor de derechos humanos –en mi carácter, también, personal-, lo que, hoy, se mira, hacia Nicaragua, es una oscuridad”, comenzó a reflexionar.
Ello, “frente a la posibilidad de la restitución de la paz social, la democracia, la institucionalidad, y el respeto a los derechos humanos, en el sentido de que nosotros hemos dicho de que no va a ser posible, si no se garantiza la justicia universal de poder castigar, que es lo que demanda el soberano, que, en este caso, es el pueblo de Nicaragua- a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, y violaciones a los derechos humanos”, incluidos el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como “sus operadores, funcionarios de alto mando del gobierno del Estado de Nicaragua”, agregó.
La duración del período de tiniebla política depende, directamente, de que Ortega abandone el poder, algo que no es previsible, al menos en lo inmediato, contexto en el cual se torna necesario que la comunidad internacional ejerza presión, aseguró.
“La oscuridad a la que me refiero, en el tiempo, podríamos decir que podría ser a corto plazo, si, hoy por hoy, Ortega tomara conciencia de transferir el poder, a través de una transición, como se dio en el año de 1979, a través de una junta de transición de gobierno”, lo que, “con la posibilidad de su habilidad política, de perpetuarse en el poder, y de tener otros factores asociados a él –como el narcotráfico, el crimen organizado, y todo lo que hace ilícito su régimen-, definitivamente, podríamos estar pensando de que, si no hay una colaboración directa y una acción directa, de gobiernos y pueblos amigos de la justicia que hoy demanda el pueblo de Nicaragua, podríamos tener un régimen muy a largo plazo”, vaticinó.
Sin embargo, el tema no gira solamente en torno a la salida, de Ortega y Murillo, del poder, sino de que sus actos no queden impunes, de acuerdo con la visión de Leiva, un abogado nicaragüense de 56 años de edad, especializado en derechos humanos, quien ejerce, desde 2015 la Secretaría Ejecutiva de la Anpdh.
“El problema no es cambiar a Ortega, el problema no es que Ortega se vaya”, señaló, para explicar, a continuación, que “el problema es que hay que enfocar de que Ortega, el régimen Ortega-Murillo, ha cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, y violaciones a derechos humanos”, además de reafirmar que “Ortega no sólo tiene que salir del poder sino que tiene que enfrentar la justicia, de un tribunal internacional, por los delitos que ha cometido”.
Porque, “si se le preguntara, a Ortega, si quiere entregar el poder, con mucho gusto lo entregaría, pero bajo cuatro condiciones fundamentales (…) primero, quedarse en Nicaragua, segundo, quedarse con un poder político debajo del trono, tercero, con todo el dinero producto del narcotráfico y del crimen organizado, y, por último, que no haya justicia frente a los delitos que ha cometido”, enumeró.
“El que le garantice esos cuatro elementos, definitivamente, va a ser el candidato (…) o el grupo político que tendrá que asumir la responsabilidad histórica de poderle haber garantizado, a Ortega, estas cuatro condiciones para un cambio, una posible transición, que estaría traicionando al pueblo y a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, advirtió el activista, quien subrayó que, “hoy por hoy, lo que demanda el ciudadano, las víctimas, y el pueblo general –o el soberano, en su totalidad-, es la justicia frente a los delitos que se han cometido”.
En opinión del secretario ejecutivo de la Anpdh, la aplicación de justicia -en términos de imposición de castigo ejemplarizante- es un componente clave para sostener el andamiaje de reconstrucción del desgarrado –nuevamente- tejido social nicaragüense.
“No podemos recuperar ni restituir la paz social, ni pensar en reconstruir el tejido social, de las heridas profundas que hoy tiene la sociedad nicaragüense, si no hay justicia”, porque, “si no hay justicia, no puede haber paz social, y, para que exista justicia, tiene que haber una investigación, un procesamiento, y un castigo –severo, duro- para aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, y violaciones a los derechos humanos, del régimen Ortega-Murillo”, precisó.
“El pueblo no va a sanar sus heridas, ni va a haber la posibilidad de reconstruir la nación, en su flagelo y en sus angustias de violaciones de derechos humanos, si no existe castigo, y, castigo, equivale a justicia”, advirtió, para seguir aclarando que, “si no hay justicia, no habrá perdón, y, si no hay perdón, no existe posibilidad de reconstruir o recuperar la paz social que se ha perdido, en Nicaragua”.
Y el marco adecuado, para lograr eso, es el que proporciona la transición, planteó Leiva, defensor de derechos humanos desde 2005, quien actualmente se desempeña, además, como Delegado Misión de la Canadian Human Rights International Organization (Organización Internacional Canadiense de Derechos Humanos, CHRIO) para Centroamérica y Estados Unidos.
“Hay que tener claridez de que, al poder, no se llega a través de los derechos humanos” sino que “se llega, a través de movimientos políticos y partidos políticos”, no obstante lo cual, “el papel que tenemos, como organismo de derechos humanos, es propositivo”, y consiste en “plantear, y ser garantes de un planteamiento que nosotros creemos que debería de ser el modelo más idóneo para recuperar la posibilidad de la paz social, y la democracia y la institucionalidad, en Nicaragua”, aclaró.
“Y, ese modelo, definitivamente –lo hemos dicho-, está enfocado en una transición y en un gobierno de transición”, insistió.
“Un gobierno de transición es el que va a permitir la posibilidad de (…) una reactivación económica, la posibilidad de crear las condiciones de un ejercicio electoral, y, sobre todo, de encaminar el país hacia un proceso de justicia, en un período que sea idóneo para el desarrollo de un gobierno de transición”, en el cual estén representados “los diferentes actores sociales del país”, explicó.
Organizaciones políticas y de sociedad civil opositoras en Nicaragua, formulan similar planteamiento, y exigen el adelanto de las elecciones programadas para 2021, algo a lo cual Ortega se opone, habiendo reiterado, en concentraciones políticas progubernamentales, que el calendario electoral se mantiene sin alteración alguna.
Ortega acumula cinco mandatos gubernamentales: uno como coordinador de la JGRN (1979-1985), y cuatro presidenciales –los tres más recientes, sucesivos mediante reelección- (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022).
