INTERNACIONALES | Informativo JBS
Estambul. Las autoridades de Turquía intensificaron durante septiembre la presión contra organizaciones, activistas y espacios vinculados con la población LGBTI+, en una operación nacional que también alcanzó a grupos relacionados con la prevención y atención del VIH.
Los operativos comenzaron durante la madrugada del 13 de septiembre y se extendieron por distintas ciudades del país. Según informó Associated Press, las autoridades realizaron allanamientos y detenciones en Estambul, Ankara, Izmir, Aydin y Mersin, mientras que el ministro de Justicia, Akın Gürlek, informó que las investigaciones involucraban a 162 personas, nueve asociaciones y 13 establecimientos comerciales.
El Gobierno turco presentó las acciones bajo el nombre “My Family Is Safe” —“Mi familia está segura”— y sostuvo que las medidas buscan proteger a los niños, la institución familiar y el orden público. Las autoridades también señalaron que algunas de las organizaciones investigadas recibían financiamiento internacional.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil cuestionaron la justificación oficial y señalaron que las investigaciones pueden afectar el trabajo de organizaciones que durante años han brindado acompañamiento, información y servicios a personas LGBTI+.
Allanamientos y bloqueo de plataformas
Uno de los casos que recibió mayor atención fue el de Kaos GL, una de las organizaciones LGBTI+ más antiguas de Turquía. La policía allanó viviendas de integrantes de su dirección y realizó una inspección en las oficinas de la organización. Más de diez personas fueron detenidas en Ankara dentro de una investigación que incluye acusaciones relacionadas con “obscenidad” y presuntas infracciones a la legislación sobre asociaciones.
Paralelamente, autoridades judiciales ordenaron bloquear el acceso desde Turquía a sitios web y cuentas de redes sociales pertenecientes a numerosas organizaciones y activistas. Entre los afectados figuran Kaos GL, 17 May Association, Pembe Hayat, SPoD, Lambdaistanbul y otras plataformas vinculadas con derechos LGBTI+.
La situación no se limitó a las organizaciones de derechos humanos. También fueron alcanzadas entidades vinculadas con salud sexual y VIH. La Asociación Médica de Turquía expresó preocupación por las restricciones contra organizaciones sanitarias y advirtió que las medidas pueden afectar el acceso a pruebas de VIH, tratamiento, consejería e información científica.
El impacto sobre las personas con VIH
Uno de los aspectos más delicados de la situación está relacionado con las personas que viven con VIH.
El grupo especializado Pozitif Alan denunció que algunas personas detenidas durante los operativos fueron mantenidas en aislamiento debido a su condición de VIH. La organización recordó que el VIH no se transmite mediante el contacto cotidiano ni por compartir espacios y sostuvo que utilizar el diagnóstico como motivo para aislamiento carece de fundamento médico.
La organización también manifestó preocupación por la continuidad de los tratamientos antirretrovirales de las personas privadas de libertad. La interrupción de medicamentos para el VIH puede representar un riesgo para la salud de quienes requieren tratamiento permanente.
La Asociación Médica de Turquía, por su parte, señaló que las organizaciones especializadas en VIH cumplen funciones que van más allá de la defensa de derechos, pues facilitan información científica, pruebas, orientación, acceso a servicios sanitarios y acompañamiento frente a la discriminación.
Una controversia que trasciende las fronteras
La operación generó reacciones dentro y fuera de Turquía.
La Asociación de Derechos Humanos de Turquía cuestionó los procedimientos y sostuvo que la utilización de acusaciones como “organización criminal”, drogas, prostitución u obscenidad podría contribuir a presentar a toda una comunidad como vinculada con actividades delictivas. Estas son afirmaciones de la organización y forman parte de la controversia existente alrededor de las investigaciones.
También se registraron protestas contra las detenciones. El 15 de septiembre, decenas de personas fueron detenidas frente al Palacio de Justicia de Estambul mientras protestaban contra los operativos. Entre las personas detenidas se encontraban periodistas que cubrían la manifestación.
Posteriormente, organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntos malos tratos durante algunas detenciones, mientras abogados cuestionaron determinados procedimientos utilizados por las autoridades. Estas denuncias corresponden a testimonios y señalamientos de abogados y organizaciones, y constituyen otro de los aspectos actualmente discutidos en torno al caso.
La situación continúa evolucionando
La magnitud del operativo se hizo más evidente conforme avanzaron los días. Según información publicada posteriormente, más de un centenar de personas habían sido detenidas en las operaciones realizadas en 15 provincias, mientras distintas organizaciones y establecimientos fueron objeto de allanamientos.
Para el 22 de septiembre, organizaciones internacionales informaron de nuevas preocupaciones relacionadas con la situación de las personas detenidas. Una declaración internacional suscrita por organizaciones de más de 65 países pidió a Turquía detener la criminalización de las organizaciones y activistas LGBTI+.
El caso también alcanzó a familias de personas LGBTI+. La organización Ankara Rainbow Families Association, integrada por familiares de personas LGBTI+, fue incluida entre los sectores afectados por las investigaciones.
A finales de septiembre, continuaban las denuncias sobre las condiciones de detención. Una legisladora que visitó a personas detenidas informó sobre problemas relacionados con alojamiento, higiene y acceso a servicios de salud. Estos señalamientos fueron atribuidos a las personas visitadas y a la legisladora, mientras el proceso judicial continúa.
Un debate sobre familia, derechos y salud pública
El Gobierno turco sostiene que sus medidas están relacionadas con la protección de la niñez, la familia y el orden público. Las organizaciones LGBTI+, grupos de derechos humanos y entidades médicas sostienen que las medidas afectan el derecho de asociación, la libertad de expresión , el acceso a servicios relacionados con la salud sexual y el VIH.
La controversia también pone sobre la mesa una cuestión de salud pública: el papel que desempeñan las organizaciones comunitarias en la prevención del VIH y en el acompañamiento de poblaciones que pueden enfrentar barreras para acceder a los servicios sanitarios.
Mientras las investigaciones judiciales continúan, el caso se mantiene bajo observación de organizaciones turcas e internacionales. La evolución de las detenciones, los procesos judiciales, las restricciones digitales y las condiciones de atención sanitaria serán algunos de los elementos que permitirán determinar el alcance de esta operación y sus consecuencias para la sociedad civil turca.
Para la comunidad internacional, el episodio vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre protección de la familia, libertad de asociación, derechos humanos y acceso a la salud, en un país donde la presión sobre las organizaciones LGBTI+ se ha incrementado durante los últimos años.
Fuentes consultadas: Associated Press, La Nación y reportes de Bianet sobre la evolución de los operativos durante septiembre de 2026. La información sobre acusaciones y denuncias se atribuye a las autoridades, organizaciones, abogados o entidades médicas correspondientes, para mantener la separación entre hechos documentados y posiciones de las partes.
