Organización criminal operaba en San José, Guanacaste, Cartago y San Carlos, Alajuela
Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública pertenecientes a la Policía de Fronteras y del Servicio de Vigilancia Aérea y el apoyo de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda
Redacción JBS/Foto-MSP
La tarde de este jueves, la Policía Profesional de Migración (PPM), bajo la dirección funcional de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, desarticuló una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, realizando diez allanamientos en diferentes sectores de San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela.
Fueron detenidas diez personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie, nacionalidades costarricenses, nicaragüenses, dominicanos y panameños, todos investigados por el delito de Trata de Personas.
La investigación inició en el 2019, a partir de labores preventivas realizadas por la Policía Profesional de Migración, donde se detectaron indicadores del delito de Trata de Personas; a partir de ese momento se iniciaron las diligencias policiales de investigación, logrando comprobar que existía una presunta organización criminal conformada por colaboradores encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales utilizados para la explotación sexual de mujeres.
Eas personas, mediante anuncios en periódicos locales, redes sociales captaban personas costarricenses y extranjeras (nicaragüenses, mexicanas, panameñas, dominicanas y colombianas) que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.
Esta red criminal contaba con un alto nivel económico, quienes a pesar de la pandemia por el Covid-19, se organizaron para seguir operando de forma clandestina en los locales comerciales, aún con las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud, en meses anteriores.
La PPM logró demostrar que esta red criminal trasladaba a las víctimas entre los nueves establecimientos que mantenían en todo el país, con la estructura adecuada para que brindaran el servicio sexual, cobrando por la actividad desde 16 mil hasta 500 mil colones, de acuerdo al perfil y solicitud del cliente, que consistía en trasladar a la víctima al lugar solicitado.
Asimismo, la organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización de los ahora imputados, y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
Para el despliegue policial se contó con la colaboración de distintos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, tales como el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía Fronteras, además de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.
Los ahora imputados serán presentados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas.
Esta actividad delictiva se encuentra normada en el artículo 172 de la Ley N°4573, Código Penal de Costa Rica, en la cual tiene una pena de prisión de ocho a dieciséis años con los agravantes relacionados.
